El descomunal número de réplicas del sismo del jueves 7 de septiembre cada cierto tiempo, sacude la tierra y la torrencial lluvia cae sobre San Dionisio del Mar. A la par del abandono gubernamental hacia la comunidad Ikoojt, familias enteras duermen a la intemperie en el albergue de la comunidad, niños y niñas acostados en el piso, separados del suelo apenas por una colchoneta o una cobija.
Mientras transcurren los días se hace notar aún más que los apoyos de gobierno sólo son destinados a quienes respaldan a la presidenta municipal. En los días anteriores personal de la Marina se había presentado en el albergue, comprometiéndose a traer una estufa y tanque de gas para su uso en la cocina comunitaria, sin embargo se presentaron posteriormente solo con la estufa; una situación que aunque podría parecer pequeña, es un agravio más para quienes lo han perdido todo, el entregar algo “incompleto” a lo prometido y que en estas circunstancias no representa ninguna ayuda funcional.
De las fisuras a las grietas que abarcan las fachadas, los cuartos, cocinas que no pueden ser usadas, hornos para hacer totopos y tortillas totalmente destruidos, pedazos de casas aún en pie, vigas en el piso, ladrillos rotos, tejas regadas, escombro por todas partes; lozas separadas de las columnas apenas sostenidas en algún extremo de las viviendas; y ante este panorama la única garantía para los afectados por los severos daños es un pedazo de papel con un folio, del cual no les explicaron el criterio para numerar las viviendas ni que seguía después de ser registrado.
Los pobladores no tienen claridad a cerca de cuáles son los criterios establecidos para dictaminar el folio con el que son registradas sus casas y que se pinta con aerosol por parte de los empleados de las instancias gubernamentales que en fugaces visitas han pasado por la comunidad, “llegó uno puso el número y dio un talón, llego otro que dijo que la casa tenía que ser derrumbada y puso otra marca; y después llega otro arquitecto de Oaxaca –de diferente instancia gubernamental- y dice que siempre no, que no hay que derrumbar, que es daño parcial”.
Por otro lado otras viviendas no fueron registradas y ante los reclamos de los vecinos, los empleados que realizan el censo es que si no había alguien en la casa en el momento de la vista “ni modo”, -como si alguien pudiera esperar pacientemente en una casa a punto de derrumbarse o como si no tuviera que salir a trabajar en busca de sustento aún más urgente en esta catástrofe- esta historia se repite entre los habitantes, adicionado a la angustia de la pérdida del hogar y patrimonio.
En este panorama, Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la autoridad federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, pidió acelerar el paso en el proceso de declaratoria de Zona Económica Especial, para Salina Cruz Oaxaca y Puerto Chiapas ya que el decreto para Salina Cruz está programado para octubre, noviembre de 2017. Las zonas económicas especiales son definidas por el gobierno federal como “un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país.Algunos de los beneficios de los que estas zonas pueden gozar, son: fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales.”
En pocas palabras Candiani prioriza los intereses de las empresas transnacionales, sin mencionar siquiera la reconstrucción de las miles de viviendas dañadas parcial, o totalmente colapsadas tras los sismos.
En contraste, la solidaridad incondicional permanece, pero como es natural al paso de los días y con los dos impactos adicionales que afectaron amplias regiones del país (19 y 23 de septiembre), la ayuda a disminuido, es así que las comunidades se enfrentan a la realidad de quedar en el olvido institucional; sin embargo esto también las coloca en la posibilidad de reorganizarse, apelando a las raíces comunitarias, para coordinar los esfuerzos en medio de la emergencia.
La vida de la región se ha trastocado en todos sentidos, el sólo hecho de la circulación de los vehículos pesados alrededor y en cada comunidad, es un zigzag entre escombros, lo que se agrava con la copiosa lluvia “traída por el norte”, que inunda las calles donde la red de drenaje también ha sido afectada, mientras la angustia y la incertidumbre respecto a la reconstrucción del patrimonio perdido por los habitantes de cada comunidad permanece, con familias enteras soportando las inclemencias del tiempo en los patios o en las calles.
Esta es la realidad que se vive cada día desde el sismo en una de las cientos de comunidades que se encuentran en escombros en el istmo de Tehuantepec Oaxaca donde no ha dejado de temblar desde el 7 de septiembre; mientras Peña Nieto anuncia en la totalmente militarizada población de Ixtaltepec el martes 2 de octubre, que 120 mil pesos son suficientes para que cada persona pueda reconstruir su hogar, cuando cada familia afectada se enfrenta a la intemperie contemplando la destrucción de un patrimonio construido en muchos de los casos durante décadas cuyo valor está mucho más allá de lo proyectado por el gobierno federal, casi un mes después tragedia.
