Los últimos hechos de violencia brutal ocurridos en el Wallmapu, o territorio Mapuche, al sur de Chile, dan cuenta de la incapacidad y de la falta de voluntad del Estado y de la clase política de generar condiciones que reconozcan y resuelvan las legítimas demandas del pueblo Mapuche: ser reconocido como Nación, recuperar su territorio, autodeterminación y respeto.
A la vulneración de garantías procesales y constitucionales que pesa sobre los presos políticos mapuche y que mantiene a 12 comuneros en huelga de hambre líquida (desde el 29 de mayo los primeros), se sumó el asesinato el 10 de junio de dos jóvenes de la comunidad José Guiñon a manos de un latifundista y ex carabinero. La arremetida brutal el 14 de junio de la policía a la escuela y el servicio de salud rural de Temucuicui -otro territorio que al igual que la comunidad José Guiñon, se encuentra hace años en un proceso de recuperación territorial- dejó un saldo de niños y niñas aterradas, asfixiadas y llorando, no solo por las lacrimógenas que fueron tiradas al interior de la escuela sino porque nuevamente son los protagonistas de la violencia. Posteriormente la presidenta Bachelet aparece pidiendo perdón por los errores, gesto que es interpretado por sectores mapuche como una lavada de imagen más que el inicio de actos reparatorios.
Las violaciones del Estado de Chile al Pueblo Mapuche, comienzan a ocurrir al poco tiempo de conformarse como Estado Nación, los Mapuche no fueron sometidos en la época de la colonización, sino que fueron víctimas de reducciones territoriales que los llevaron a precarizar completamente la vida en su territorio. Hoy chilenos y chilenas empiezan a entender, gracias a las brutales imágenes grabadas y viralizadas de la represión a la escuela de Temucuicui con los y las niñas cursando clases, que las denuncias del pueblo mapuche no son una farsa, no son invenciones de la izquierda, o exageraciones de los defensores de derechos humanos, no son mentiras de grupos antisistema, sino que es el reflejo de un Estado que cuida los intereses del empresariado forestal y latifundistas por sobre el respeto a sus pueblos originarios.
Para entender mejor los últimos hechos de violencia, remontémonos al 4 de enero de 2013, día en que en circunstancias que quedan por aclarar, murió Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, anciano matrimonio latifundista que no sobrevivió a un incendio ocurrido en su fundo. La prensa y toda la institucionalidad política dio por sentado que esto había sido un ataque terrorista mapuche, y en un proceso completamente irregular inculpó a 11 comuneros, entre ellos las autoridades tradicionales (machi) Celestino Córdova y Francisca Linconao. Luego de un juicio excesivamente largo que ha mantenido a los comuneros por años en prisión preventiva, la jueza a cargo del caso, rechazó todas las pruebas presentadas argumentando que tenía dudas sobre la forma en que fueron obtenidas.
Ante esto, la familia Luchsinger Mackay decidió recurrir al Tribunal Constitucional (instancia creada en dictadura de inexplicable existencia hasta el día de hoy) lo que entre otras cosas podría implicar la suspensión del juicio por un año, manteniendo a los comuneros en prisión preventiva hasta que inicie el nuevo juicio. Por esto es que a fines de mayo del año en curso, 8 de los 11 comuneros iniciaron una huelga de hambre líquida.
El pasado 7 de junio se sumaron 4 comuneros a la huelga líquida, quienes fueron detenidos el 10 de junio del año pasado en Padre las Casas, acusados bajo la ley antiterrorista de iniciar el incendio que destruyó un templo evangélico de dicha comuna. Todos solicitan un juicio justo de plazos razonables, la no aplicación de la ley antiterrorista y no utilización de testigos sin rostros, denuncian la ilegalidad de forma y fondo en los procesos que deben enfrentar.
También remontémonos al año 2010 cuando Luis Marileo, siendo menor de edad, fue detenido en su Liceo, acusado de incendios de camiones y otros atentados, bajo la ley antiterrorista, después de un año de presidio fue absuelto, al comprobarse el montaje de un oficial de inteligencia de Carabineros para inculparlo a él y otros comuneros. En ese contexto escribió “denuncio la violación de nuestros derechos como niños y jóvenes por parte del Estado chileno y del Sistema Judicial, quienes nos privan de nuestra libertad de estudiar, de estar con nuestra familias, quienes han sido víctimas por años de hostigamientos por parte de este Estado, ya que han encarcelado a nuestros tíos, maltratado a nuestras madres, abuelas y hermanos chicos”. Luis también recurrió a la huelga de hambre, como mecanismo de presión y junto a Patricio Gonzáles cayó muerto hace unas semanas, en lo que la prensa inmediatamente catalogó como legítima defensa de parte de un ex carabinero, ante el asalto que querían perpetrar 5 mapuches a su fundo, antes territorio mapuche que hoy se encuentra en proceso de recuperación, y sin dar cuenta de que los trabajadores del fundo señalaban que los jóvenes estaban buscando unos caballos que les dijeron estaban por ahí.
Luis Marileo tenía 8 años cuando vivió el primer allanamiento a su comunidad, los mismos 8 años que tienen muchos de los niños que el 14 de junio sufrieron el ataque de bombas lacrimógenas en su escuela. El Estado justificó el operativo de Fuerzas Especiales de Carabineros de Ercilla, con el pretexto de estar buscando a Valeria Millanao Palacio, para que entregara información del paradero de otros comuneros. Ella denuncia que en dicho allanamiento fue secuestrada por una hora y llevada a la bodega de un recinto municipal, donde habría sido intimidada, amenazada (si no hablaba le pasaría algo a su hija) y obligada a entregar información sobre varios comuneros incluido el Werkén (vocero) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.
El modo de operar, como se puede apreciar no es aislado, violencia y vulneración de derecho desde la primera infancia, criminalización por rebelarse a las condiciones de pobreza y violencia a la que son sometidas las comunidades, invisibilización de las demandas de fondo, estigmatización mediática, persecución jurídica, aplicación de la ley antiterrorista… y finalmente muerte, y muerte y más muerte, amparada por gobiernos y grupos económicos que se niegan a apostar por la vida y reconocer la existencia histórica de la Nación Mapuche.
