El conflicto en el Estado de Chiapas se desprende fundamentalmente de la crisis generada del gobierno y la política entreguista y poco comprometida con la población, es el primer estado en la República mexicana en cuanto a la riqueza en agua (el 30% del agua superficial del país, concentrado sobre todo en Montes Azules) y energía hidroeléctrica (el 54% de la energía del país se genera en una sola cuenca chiapaneca, El Grijalva). Es paradójico que pese a ello sigan existiendo comunidades indígenas que no cuentan con la luz eléctrica ni con agua entubada, siendo un reflejo de la inequidad existente en ese Estado.
Un 25,9% de la población no dispone de agua entubada.
Un 5,88% no tiene energía eléctrica.
Un 8,07% no dispone de drenaje ni de servicio sanitario.
Un 32,9% mantienen piso de tierra.
El 85,7% de la población indígena cocina con leña o carbón.
Chiapas es el segundo Estado con mayor grado de marginación en el país, siendo los municipios ubicados en los Altos de Chiapas los que presentan en mayor medida este fenómeno y el municipio de Sitalá (zona Norte-Selva) ocupa el segundo lugar dentro de los municipios más marginados a nivel nacional.
En México, la Secretaría de Desarrollo Social considera que los Estados de mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango, y en ellos se concentran altos porcentajes de población indígena. Según el censo nacional Chiapas tiene el nivel más alto en el país en cuanto al analfabetismo, así como el segundo lugar de desnutrición en el país, más de la mitad de los municipios padecen de este problema.
Por toda una serie de políticas discriminatorias la mayoría de las comunidades indígenas no han tenido el acceso al sistema de salud mexicano. La falta de recursos y la lejanía de algunas comunidades de los grandes centros urbanos han llevado a la agudización y reproducción de enfermedades fácilmente curables. En los municipios indígenas, la tuberculosis es la 11ª causa de la muerte. Las enfermedades infecciosas ocupan 8 de las 10 causas principales de enfermedad. Las respiratorias representan unos 59%, seguidas de las intestinales (causadas por la falta de agua potable y drenaje) que representan un 31%.
Como respuesta a esta situación los zapatistas han desarrollado su propio sistema de salud autónoma, construyendo clínicas regionales en las que los pacientes son atendidos por los propios promotores indígenas zapatistas.
Otro de los problemas que resaltan en Chiapas es la tenencia de la tierra. Mediante el programa PROCEDE del gobierno, se ha denunciado que la regularización de tierras ha tenido un impacto contrainsurgente en los recientes casos de enfrentamientos entre bases de apoyo Zapatista y la organización social OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos). La mayoría de los casos tienen que ver con tierras recuperadas por los zapatistas después del levantamiento de 1994 y en los que, la normalización de pertenencia se ha dado en favor de integrantes de la OPDDIC, por ejemplo en la zona de Chilón. En otras regiones, como la de Agua Azul, se enfrentan dos visiones opuestas acerca de la función de la tierra: como tierra ancestral que no es para vender o como tierra con un potencial de ser vendida o rentada para proyectos ecoturísticos.
Otro proyecto impulsado recientemente en este mismo Estado han sido el de las “Ciudades Rurales”; en estas nuevas urbanizaciones el estado piensa reubicar a 31.050 personas actualmente ubicadas en comunidades alejadas de infraestructura y recursos estatales, con una la idea de reestructurar la economía campesina y combatir la dispersión demográfica de Chiapas. Su posible función contrainsurgente y de control social es un peligro que han denunciado investigadores e integrantes de la sociedad civil.
Este territorio guarda una gran diversidad animal y vegetal debido a su posición geográfica. Se conserva una superficie significativa de los bosques, destacando por su gran biodiversidad la Selva Lacandona. En las últimas décadas esta superficie sufrió una fuerte degradación a raíz de la explotación maderera y ganadera, usandolos como una fuente de recursos naturales mercantilizables. En este contexto se superponen macroproyectos de “conservación ambiental” como el Corredor Biológico Mesoamericano, o el Proyecto de Desarrollo Social, Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (PRODESIS). Y otros como el Plan Mesoamérica que siendo el proyecto de modernización y reordenamiento territorial permitiría el acceso y extracción de los recursos naturales.
Sumado a todo esto se encuentra el ecoturismo, esta es una de las formas de sacar provecho financiero de la riqueza natural de los pueblos. Si bien desde proyectos gubernamentales es una de las formas para generar ingresos para los pueblos indígenas, por otra parte es cuestionado por sujetarlos a las reglas y demandas del mercado. El ecoturismo como turismo “alternativo” tiene implicaciones culturales por cuanto la realidad comunitaria y territorial debe adecuarse a las expectativas foráneas. Ante la falta de oportunidades para preservar la soberanía alimentaría el ecoturismo fomenta en muchas ocasiones la pérdida de prácticas culturales ligadas a la tierra.
Con el re-lanzamiento del PPP o Plan Mesoamérica en 2006, y otros proyectos federales y regionales impulsados por el Banco Mundial, Chiapas ha entrado en una etapa de “economía política” con megaproyectos para el desarrollo económico y turístico de la zona. Estos proyectos incluyen la “Estrategia para el Desarrollo de los Estados del Sur” (EDES); la propuesta para el desarrollo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero en el 2007 planteada por la Comisión del Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, “Programa del Sur”; y la “Declaración de Comitán”, un documento de desarrollo para el estado de Chiapas hecho por el ex gobernador de Chiapas Roberto Albores Guillén (1998-2000) y sus asesores. Roberto Albores Guillén y retomado por Juan Sabines Guerrero, echaron andar la construcción de lo que ellos llamaron un “nuevo Cancún”. Una de las prioridades del gobierno de Juan Sabines ha sido la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque. El megaproyecto infraestructural también incluye la internacionalización del aeropuerto de Palenque, la construcción de grandes cadenas hoteleras, áreas comerciales, un campo de golf y un parque temático natural en Agua Azul. Apunta a la creación de un “corredor turístico” o “el primero desarrollo ecoarqueológico del país”.
Existen denominados “hoteles de ecoturismo” en la Selva Lacandona, como en Boca Chajul, el río Tzendales y Laguna Lacanjá (en construcción) patrocinados por transnacionales como la Ford Motor Company. Existe la amenaza de que se utilicen como centros de turismo científico para el saqueo de material genético contenido en la biodiversidad sin el control del gobierno.
Denuncias en contra de proyectos ecoturísticos desde las comunidades indígenas incluyen:
La compra y privatización de tierra ejidal.
Los desplazamientos de comunidades indígenas en áreas estratégicas.
La explotación de las costumbres y tradiciones indígenas sólo para entretener a los turistas.
La conversión en negocios a los recursos naturales.
La destrucción del medioambiente: la tala y saqueo de los árboles, contaminación de agua.
La llegada de drogas y otros vicios a las áreas rurales y antes aisladas.
No es de menos esperarse una participación de las organizaciones, colectivos e individuxs que inconforme a lo ya citado, busca de manera autonómica cambiar su entorno, estos a través de los añ
os a logrado conformar comunidades que han dado respuesta a las demandas sociales, tales como salud, vivienda, educación, trabajo pero sobre todo dignidad a los pueblos indígenas, como el caso de las juntas de Buen Gobierno, organizaciones como el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas, comunidades como Bachajon, entre otras, la importancia de ellas es fundamental en la vida cotidiana de la población; a la par de esto el gobierno a buscado pararlas a costa de cualquier situación represiva llámese encarcelamiento, asesinato, desaparición y una constate violación a los Derechos Humanos.
Un caso preocupante se suscito desde 16 de marzo de 2012 cuando la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Oventic denunció la detención de Francisco Sántiz López, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de Lorenzo López Girón, acusados de dirigir un enfrentamiento en el que murió Pedro Méndez López, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se ha comprobado con testigos que cuando se dieron los hechos, Francisco Sántiz se encontraba en su puesto de frutas y verduras en la cabecera municipal de Tenejapa. Además el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo pública su investigación sobre los hechos el 2 de febrero de 2012, en que se señala, con nombres, a los responsables del asesinato. Obviamente las autoridades federales y estatales hacen oídos sordos por conveniencia, para proteger a sus grupos de choque y mantener preso a nuestros compañeros, por lo que su detención, se demuestra, es política.
Acusados de homicidios y lesiones, como informa el comunicado de la Junta de Buen Gobierno de Oventic con fecha del 27 de marzo de 2012, se les retiraron los cargos, sin embargo, a Francisco Sántiz se le acusa falsamente de otro delito, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército (no hay que olvidar que en el informe de su detención no se encontró arma alguna a Francisco), por lo que no puede salir bajo fianza, mientras Lorenzo sí la alcanza, aunque los cargos de los que ha sido acusado, fueron retirados. Además, el defensor de oficio no ha permitido al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tener acceso al expediente de Francisco, pues “no hay relación como abogado con su cliente”. Todo esto es bastante irregular, la justicia es manoseada por las autoridades y sus intereses. Vaya forma de que Juan Sabines y Felipe Calderón velan por los Derechos Humanos.
También es de preocupación las condiciones del profesor Alberto Patishtán, de quien el mismo gobernador de Chiapas, Juan Sabines, reconoció públicamente que no tuvo nada que ver con la matanza de policías en el Bosque. No hay que olvidar que Alberto Patishtán ha sido acusado de ser partícipe de la matanza. Es interesante observar como la Suprema Corte de Justicia libera a los paramilitares que participaron en la matanza de Acteal, y como sus intereses hace que un luchador social continúe recluido en condiciones criminales.
Esta es la política represiva, de contrainsurgencia y despojo que predomina y preocupa en el estado de Chiapas, esto es a lo que ellos llaman Estado de Derecho, esto es a lo que le llaman democracia, esto es a lo que le llaman libertad de expresión y esto no dejara de pasar si no denunciamos y nos organizamos para alcanzar un país donde prevalezca la libertad.
