En los últimos años, México se ha consolidado como un punto neurálgico para la movilidad humana en América Latina, pero también como un escenario de racismo, clasismo y violencia institucional hacia las personas migrantes, especialmente las sudamericanas y negras. Los recientes ataques perpetrados por el crimen organizado, las fuerzas armadas y las políticas migratorias implementadas desde el Estado han dejado al descubierto un sistema profundamente discriminatorio, alimentado por una militarización ineficaz y deshumanizadora.
Racismo y violencia de Estado: Un patrón de violencia letal
El 22 de enero de 2021, 19 personas migrantes de Guatemala, El Salvador y México fueron asesinadas en Tamaulipas, sus cuerpos fueron encontrados calcinados y baleados en un vehículo que se situaba en la ciudad de Camargo.
Según datos recopilados por el portal Infobae, las personas habían perdido contacto total con sus familias 2 días antes, los primeros comunicados por parte de autoridades del estado, mencionaban que policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Tamaulipas habían sido alertados sobre “la existencia de un vehículo en llamas donde se encontraba gente”.
Después de que los elementos del GOPES rindieran declaración y ante la insistencia de varias organizaciones de la sociedad civil para lograr la investigación inmediata del caso, se encontraron un sinfín de inconsistencias en las declaraciones que estos elementos hicieron, hasta que se llegó al hecho de que habían sido ellos mismos quienes habían asesinado a las personas migrantes y habían manipulado la escena del crimen para que pareciera un enfrentamiento entre grupos criminales.
Esta practica inhumana, en donde ahora convergía el estado y la delincuencia, trasladó a la memoria colectiva al año 2010 donde en el mismo Estado de Tamaulipas ocurrió el asesinato de 72 migrantes centro y sudamericanos por parte de un grupo del crimen organizado.
El 27 de marzo de 2023, personas migrantes murieron en un incendio dentro de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
En un artículo publicado por la revista Proceso menciona que las personas se encontraban privadas de su libertad en un lugar bajo llave y en condiciones deplorables, incluso varias de ellas llevaban semanas detenidas.
Este hecho no fue un accidente, sino el resultado de una negligencia sistemática: los guardias, al percibir a las víctimas como “prescindibles”, decidieron no abrir las puertas, lo cual concluyó con el asesinato de 40 personas. La mayoría de las víctimas eran originarias de Sudamérica y el Caribe, evidenciando cómo el racismo y el clasismo moldean el trato hacia quienes buscan refugio en México.
El 1 de octubre de 2024, en Chiapas el Ejército Mexicano disparó en repetidas ocasiones contra una camioneta de redilas donde viajaban 33 personas en movilidad humana que provenían de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Cuba. En un comunicado publicado por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, se menciona que este ataque por parte de las fuerzas castrenses terminó en un saldo de 6 personas asesinadas y otras 10 lesionadas por heridas de arma de fuego, entre ellas infancias. Las primeras declaraciones de los elementos de la SEDENA mencionan que el vehículo no se detuvo en un retén militar y otras mencionan que escucharon detonaciones dentro del vehículo, abriendo fuego de forma inmediata. Sin embargo esto evidencia una violencia de estado transexenal en contra de personas en movilidad humana, muy enfatizada hacía quienes provienen de países de sudamérica, el caribe, pero también contra quienes provengan de algún otro sitio del mundo que no encaje dentro del status aceptable dentro de un estado pigmentocrático.
Así mismo remarca lo que ya muchas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad civil han mencionado, las fuerzas castrenses en México no están ni cerca de estar preparadas para realizar labores de seguridad pública y proximidad social.
El 2 de diciembre de 2024, en Chiapas el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, ha emitido una acción urgente, ya que mediante un operativo de poco más de 50 agentes, el Instituto Nacional de Migraciones (INM) ha desalojado de una manera sumamente violenta a parte de una caravana de personas en movilidad que se encontraba descansando en un parque, los agentes iban acompañados de personal de la Guardia Nacional, quienes en su conjunto han cometido actos de hostigamiento y racismo en contra del éxodo migrante.
El Colectivo Frontera Sur menciona que mientras las personas emprendían camino, agentes del INM han intentado abordarles para subirlos a vehículos prometiéndoles un supuesto documento que les permitiría transitar en territorio mexicano durante 20 días, sin embargo esto sólo atendía a la estrategia de privarlos de su libertad en centros de detención. Asimismo la organización hacía énfasis en que el personal castrense y del Instituto de Migraciones estaban cometiendo actos de intimidación en contra de personas defensoras de derechos humanos que estaban intentando documentar el suceso de desalojo.
La doble discriminación y racismo hacia las personas negras en movilidad
Para las personas negras en tránsito, el racismo estructural se entrelaza con una exposición constante a la violencia. En las rutas migratorias, estas personas enfrentan el acecho del crimen organizado, que las extorsiona, secuestra y explota. La percepción sumamente violenta y racializada de que las personas negras son “forasteras” o “fáciles de explotar” agrava su vulnerabilidad, además de que esta idea ha sido implantada por un sistema que históricamente les ha oprimido.
En las grandes urbes como la Ciudad de México, el racismo se convierte en exclusión sistemática. La capital mexicana, con su acelerada gentrificación, ha priorizado espacios para extranjeros blancos y de alto poder adquisitivo, mientras que relega a las personas migrantes negras a la precariedad y la marginalización. Estos territorios hiper urbanizados y excluyentes, confirman que el clasismo también juega un papel central en la dinámica de discriminación y la violencia estructural.
Desde hace algunos años, México ha intensificado la militarización de su frontera sur y las labores de control migratorio. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, instituciones carentes de formación en seguridad pública y derechos humanos, han asumido funciones migratorias que resultan en actos de violencia desproporcionada y violaciones sistemáticas.
El despliegue de las fuerzas armadas ha resultado en detenciones arbitrarias, ataques letales y una criminalización de las personas migrantes basada en prejuicios raciales y económicos. Las instituciones, en lugar de proteger a quienes huyen de la violencia y la pobreza, operan como herramientas de exclusión racializada.
Además, las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores de seguridad pública. Su entrenamiento, enfocado en tácticas de combate y uso de la fuerza, no responde a las complejidades de garantizar los derechos humanos en contextos migratorios. Esto no solo aumenta los riesgos para las personas migrantes, sino que perpetúa un ciclo de impunidad y abuso.
El color de piel y la nacionalidad determinan el trato que las personas reciben en México. Mientras que los migrantes blancos de Europa o Estados Unidos encuentran facilidades administrativas e incluso privilegios sociales, las personas sudamericanas, caribeñas y africanas son criminalizadas, violentadas y marginadas. Esta dinámica es el reflejo de una política migratoria profundamente racista que reproduce las jerarquías coloniales de exclusión y subordinación.
La urgencia de un cambio digno, ético y estructural
Es crucial reconocer que la violencia contra las personas migrantes en México no es un accidente, sino una política de Estado que opera bajo lógicas racistas y clasistas. La militarización de la migración, la exclusión urbana y la indiferencia hacia las víctimas configuran un sistema que despoja de dignidad y derechos a quienes buscan una vida mejor.
Es indispensable y urgente denunciar estas prácticas y visibilizar a las víctimas, no como números o casos aislados, sino como personas cuya humanidad ha sido sistemáticamente negada. La lucha por una política migratoria justa debe incluir un rechazo al racismo institucional y a la militarización como herramientas de control.