El jueves 28 de enero se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) el protocolo de lo que ha sido llamado, pomposamente, por el gobierno federal y del estado de Chiapas como “Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública” por parte del estado mexicano en el caso del Aguaje, ejido la Albarrada, municipio de San Cristóbal de las Casas; ahí, en el año 2000 murió el niño Ángel Díaz Cruz y resultaron heridos de gravedad los dos menores Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, al explotarles una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano, como demostró el mismo análisis realizado por peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el peritaje realizado el 2 de febrero del 2001.
Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre del año 2000 en el campo de práctica de tiro del campamento militar de Rancho Nuevo, instalado a 500 metros de la comunidad del Aguaje; el espacio de esta instalación militar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña. Ahí los niños encontraron un objeto verde que pensaron era un juguete, de pronto se les cayó y explotó de inmediato causando la muerte del niño Ángel y las mutilaciones de Ricardo y José Leonardo.
15 años y 5 meses tuvieron que pasar para que el gobierno mexicano se dignara a pedir disculpas y a reconocer su responsabilidad, no sólo porque el campo de práctica de tiro no contara con ninguna delimitación del territorio ocupado ilegalmente por el ejército en la comunidad, sino sobre todo porque los hechos se insertan en la expansión de las acciones de contrainsurgencia y guerra en contra de las comunidades y pueblos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y comunidades organizadas en resistencia.
Como consecuencia de la militarización, solo en el estado de Chiapas, las violaciones de derechos humanos contra la población se generalizaron siendo los responsables, en su mayoría integrantes del Ejército mexicano, como se ha demostrado en los casos admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso 11.564 Gilberto Jiménez y otros, La Grandeza; Caso 11.411 Severiano y Hermelindo Sántiz Gómez, ejido Morelia y Caso 11.565 Ana, Beatriz y Cecilia Gonzáles Pérez)
Como lo señaló Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas durante su intervención en el acto de la facultad de derecho referente a la ausencia de la parte militar: “el Ejército mexicano no está presente, porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil. El Estado mexicano ha defendido con toda su fuerza el fuero militar, lo que le permite mantener en impunidad las mayores atrocidades en el país, los crímenes de lesa humanidad que aún no reconoce”.
No bastarían millones de disculpas y golpes de pecho, a propósito del “papa tour”, para resarcir todo el daño que en complicidad con el gobierno tanto estatal como federal ha causado en las comunidades el ejército. En medio de las disculpas, certezas quedan, como la impunidad que convive tanto en la justicia civil y militar mexicana, así como el saber que ningún mando militar, mucho menos político ha sido juzgado por los hechos.
Para el gobierno mexicano la forma de resarcir el daño en el Caso Aguaje fue a través de la repartición de prebendas como becas, remodelación de la clínica de salud de la comunidad y promesas de transparencia en el caso. Éstas son acciones más vinculadas a los programas de contrainsurgencia actual y muy alejadas a una reparación del daño integral. Como ya se ha dicho, la justicia no vendrá nunca del verdugo.
