Tuvieron que pasar 10 años de los acontecimientos de Atenco en 2006 -en que la mayoría de las 47 mujeres detenidas vivieron tortura sexual- para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomara el caso en sus manos. Tendrán que esperar hasta dos años más para recibir una respuesta (2018). Ha sido un proceso largo y lleno de desafíos. La justicia difícilmente es inmediata, mucho menos espontanea.
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Una violencia premeditada
Los floricultores de San Salvador Atenco y Texcoco habían sido desalojados de sus puntos de comercio, cientos de personas se manifestaban por su reinstalación; los ataques policiales se hicieron presentes en breve. Las más de 40 sobrevivientes de tortura sexual lo recuerdan mejor que nadie: miércoles 3 de mayo.
Para algunas la pesadilla fue el jueves 4. Centenares de camionetas y camiones llenos de elementos de seguridad Municipal, Estatal y Federal Preventiva se preparaban en las entradas del pueblo, cargaban combustible en tanto ajustaban un mensaje de terror ¿Llevaban ya el mandato de emplear violencia sexual en contra del género femenino?
«No eran policías que se excitaron en el momento de la detención, era parte de una orden de una estructura de represión, un operativo completamente sistematizado. No fue un fenómeno», afirma Mariana Selvas, mientras habla del horror que vivieron esos días. Mantiene la mirada firme, la fuerza se acentúa en sus palabras marcadas, ella estuvo un año 8 meses detenida.
Un operativo dantesco ordenado por Enrique Peña Nieto -gobernador del Estado de México en aquel entonces- irrumpió, se ensañó con mujeres de un importante número de organizaciones adherentes a La Otra Campaña y las mismas pobladoras. Los abusos policiales durante esos dos días fueron desbordantes: golpes, humillaciones, abusos verbales, violencia sexual, detenciones arbitrarias e incluso dos jóvenes asesinados.
Una madrugada fría e inundada de sonidos: las campanas de la iglesia, impactos de gas lacrimógeno, gritos; las botas, escudos y toletes de los granaderos retumbaron en el pavimento de cada centímetro del poblado, impactándose en los rostros, cuerpos y la dignidad de las mujeres, con toda la permisividad y el mandato del Estado Mexicano.
¿Conoces al EZLN?, ¿Has estado en Ciudad Universitaria?, ¿Participaste en el foro mundial del agua? ¿Has estado en la Selva Lacandona? son preguntas que abundaban en el interrogatorio dirigido a las detenidas, documentado en State Violence Against Detained Women in Mexico. The San Salvador Atenco Case, informe de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Desde 5 años antes se arrastraba un conflicto, un proyecto de aeropuerto que intentó consolidar Vicente Fox en su momento y que hasta la fecha se intenta imponer, con el ahora presidente Enrique Peña Nieto.
Saldo de los acontecimientos en 2006
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La sordera de las instituciones mexicanas
El desafío de hablar de violencia sexual públicamente, pero sobre todo ante los organismos mexicanos, no fue sencillo. A los pocos días las declaraciones machistizadas de los funcionarios públicos salían a flote: las llamaron mentirosas una y otra vez ¡¿Cómo podía una mujer decirlo?! Las mujeres no denuncian, afirmaba satíricamente Wilfrido Robledo, ex-comisionado de la Agencia de Seguridad Pública del Estado de México, demostraba su educación patriarca innegable: «se hubieran quedado en su casa haciendo tortillas» y bufaba en una entrevista televisiva: «A ver, dígame, dígame, en el autobús ¿En qué posición estaban cuando los (sic.) estaban violando?» .
En todos los casos, «la forma de operar de la policía fue idéntica, apilar personas, torturar a las mujeres sexualmente, identificar vínculos familiares: madres con hijos y esposos para que fueran testigos de la tortura», recuerda Italia Méndez el modus operandi. Ella estuvo detenida durante 2 semanas y es una de las once mujeres que decidieron seguir con el proceso jurídico hasta llevarlo a la Corte.
Para 2007, los peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) dictaminaban que no había ninguna señal de violencia, dieron por sentado el caso. Es así como las mujeres -en conjunto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)- resuelven presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Deciden gritarle al mundo y a las instancias nacionales ensordecidas e indiferentes que habían sido víctimas de tortura sexual, que el estigma que implicaba hablar de las vejaciones no las iba a detener.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de las mujeres en 2009, meses más tarde la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) se negó a investigar a las corporaciones federales, declinó. Ante la nula esperanza en la justicia proporcionada por su propio país, recurren nuevamente a instancias internacionales.
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Solución amistosa: la evasión de una sentencia condenatoria
Cadena de mando implicada e el caso
En 2011, durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto afirmaba sin resquemor -ante una multitud furiosa de la Universidad Iberoamericana- que él había tomado la decisión de «emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz» en el municipio. En efecto, hubo una «responsabilidad en la cadena de mando, vigilado por aire y tierra, fraguado desde las más altas esferas de poder, con resultados catastróficos» afirma Araceli Olivo Portugal, abogada del Centro Prodh, cuando habla de quienes tienen que ser sentenciados por el caso.
En diversas ocasiones se realizaron algunas relatorías con los representantes de las Naciones Unidas, posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso y se realizó una audiencia en 2013. Bárbara Italia Méndez proporcionó su testimonio íntegro, habló de los efectos que tuvo la tortura, mencionó: espero «que se escuche con atención la voz de las victimas, que se tome con seriedad, porque el Estado en repetidas ocasiones nos ha demostrado que nuestra palabra no vale, que nuestro testimonio no tiene fuerza y que lo que nos ocurrió… queda impune».
Ahí estaban -siete años después de la barbarie- los representantes del Estado Mexicano por primera vez sentados en una mesa para hablar diplomáticamente del caso. Ofrecieron una “solución amistosa” que constaba de tratamiento médico, psicológico, revisión de las causas penales así como una remuneración económica, vivienda y educación.
A través de la voz de Italia se comunicó que las once mujeres no deseaban explorar una “solución amistosa”, pues el gobierno de México tuvo la oportunidad de demostrar una voluntad política desde 2006, en cambio, emitió difamaciones, información falsa y evidenció su incapacidad de responder a las demandas de verdad y justicia.
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Construir en tiempos de guerra: hablar de tortura sexual
En el año 2006 era impensable pronunciar el término sin que fuera motivo de burla, sarcasmo o ironía en las instancias mexicanas que legalmente aún no incluyen esa tipificación. La decisión de las mujeres del caso Atenco -de no quedarse calladas por temor o vergüenza- fue un elemento clave en este camino de búsqueda de jurisprudencia, aún inconcluso.
Tuvieron que repetir «Tortura sexual» una y otra vez. Semanas, meses y años. En las instituciones de puertas permanentemente cerradas, con la sociedad civil, el movimiento social y sus familias.
La obtención de garantías de no repetición es uno de los objetivos, «vivo con miedo de que esto me vuelva a pasar o le pase a otras personas» afirman varias de ellas, pero es un temor que no paraliza el que impulsa, entre otras cosas, sus acciones cotidianas y colectivas.
Convertirse nuevamente en Italia Méndez, Suhelen Cuevas, Edith Rosales, Claudia Hernández, María Velasco, Patricia Torres, Mariana Selvas, Cristina Valls, Yolanda Muñoz, Norma Jiménez y Patricia Romero: con rostro, cuerpo, sueños, vida sexual y laboral, participación política, sobrevivientes de tortura sexual y no “las violadas de Atenco”.
«Para nosotras es muy importante seguir con esta denuncia, seguir juntas nos da fuerza, es muy importante haber tomado la decisión de no callarnos, de seguirlo diciendo y de seguirlo difundiendo» dice Norma Jiménez cuando habla modestamente de lo que han construido. La campaña «Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual» representa ese esfuerzo colectivo en el que se conjuntaron siete casos más, abusos con características similares direccionados conforme a la condición de género.
En 2018 máximo, la Corte Interamericana dictaminará el caso. Habrán pasado 12 años. La petición de las once mujeres consiste en condenar al Estado Mexicano y señalar las múltiples violaciones que ha cometido, que quede plenamente demostrada la responsabilidad de éstos y sus métodos crueles como práctica para frenar la protesta social.
Ha sido un proceso largo y lleno de desafíos. La justicia difícilmente es inmediata, mucho menos espontanea, pero en este camino, las mujeres del caso Atenco tuvieron la osadía de no callar la Tortura Sexual.
