Una escalada de metas políticas neoliberales: la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)

“Busca poner en competencia entre sí a los trabajadores de todo el mundo para bajar los salarios y aumentar la inseguridad”.

Noam Chomsky

Nueva Zelanda fue el punto de encuentro este 4 de febrero para la firma del acuerdo mejor conocido como TPP, el cual incluye a 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos; negociaciones que comenzaron en marzo del 2010.

Dicho instrumento geopolítico, discutido y negociado en secreto entre empresas trasnacionales y los gobiernos mencionados, ha sido calificado más peligroso y letal que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), pues el primero recopilado en un documento de 30 capítulos, afectará de una manera impactante la economía, la explotación laboral, el campo, las soberanías nacionales y atentará contra derechos fundamentales como el acceso a la salud, al trabajo, a la tierra, a la alimentación, al medio ambiente, el ecocidio, al derecho a la información, a la privacidad y a la seguridad.

Las filtraciones de los textos oficiales ha sido una de las fuentes para conocer el contenido del acuerdo multinacional. Según organizaciones congregadas en América Latina a partir de las filtraciones, dan a conocer alertas mundiales respecto a cuatro ejes:

Derechos como consumidor

En variadas dimensiones, primeramente el “derecho de importación” con lo cual será un requisito la autorización del titular de los derechos de autor. Las empresas tendrán la posibilidad de demandar a los gobiernos ante tribunales comerciales internacionales, si decidieran introducir leyes que afecten sus negocios, como la protección al consumidor. Con el acuerdo, algunas empresas pedirán poderes más estrictos para limitar la regulación de productos, como alimentos genéticamente modificados, pesticidas y aditivos.

Derechos digitales

Se pretende ejercer sanciones por infracciones del derecho de autor, penalizando con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel.

Con el acuerdo se establecerán normas para la posibilidad del intercambio regional de los datos personales, información “privada” de los consumidores.

Derecho a la salud

El TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras, así si se limita la producción se atenta contra el derecho a la salud.

Esta alianza está buscando que los países firmantes del TPP reconozcan patentes sobre procedimientos médicos: métodos de diagnóstico, cirugía y tratamiento, lo que significaría que las nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades no podrían ser usadas por cualquier especialista, en cualquier parte del mundo.

  • Derecho a la cultura

Las limitaciones que implicaría el acceso a la cultura de los ciudadanos y las violaciones a la propiedad intelectual como la aprobación en 1998 de Copyright Term Extension Act, ley que extiende por 70 años los derechos de autor, ahora con el TPP aumentarían plazos para los firmantes.

Así, se busca impedir “el acceso a las obras que pasan al dominio público” en este caso, a través de Internet, una de las principales formas de tener acceso a la información, haciendo que la cantidad de material disponible en la red disminuya drásticamente. Afectando bajo la misma vertiente del acceso al conocimiento y el abaratamiento de los costos de enseñanza.

 

El TPP y Monsanto

 

Entre los redactores del TPP se encuentra Monsanto (empresa que actualmente controla un 86% de los alimentos y posee gran parte de las semillas transgénicas del mercado mundial), y para algunos países, en la mayoría su participación significa impedir el libre intercambio de productos, generando procesos como la emigración campo-ciudad debido al colapso de la agricultura campesina, permitiendo el libre acceso y expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal, generando una dependencia de los consumidores a los supermercados.

Se ha señalado que el TPP abrirá la posibilidad de que tribunales privados internacionales puedan juzgar controversias entre inversionistas extranjeros y estados nacionales, superando la competencia de poderes judiciales locales, lo cual aparte de ser violatorio de varias constituciones nacionales, favorecerá claramente los intereses de las empresas transnacionales.

La clase política y empresarios creen que el crecimiento económico es infinito y que el modelo capitalista no tiene límites.

Te invitamos a escuchar la cápsula: Ellos los de arriba: Monsanto, sembrando la semilla de la muerte

El TPP entrará en vigor transcurridos dos años, a partir de su firma, si los 12 países participantes notifican su ratificación o, en su defecto, cuando seis países, que representen el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) del TPP lo hagan.

Como se expone las afectaciones hasta ahora conocidas a partir de dicho acuerdo son graves, unas más impactantes que otras, sin embargo es importante señalar que los tratados de libre comercio, independientemente de las administraciones gubernamentales que los firmen, pretenden beneficiar brutalmente a una clase mundial, quienes representan porcentualmente los menos, y son quienes tienen el poder en la toma de decisiones a pesar de los conceptos impresos en las constituciones como el de democracia. Con estos acuerdos no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera, por el contrario contribuyen a mayores índices de desigualdad y pobreza.

Bajo estos contextos sería importante analizar y pensar en que tan funcionales son los modelos en la toma de decisiones a nivel nacional, el cuestionamiento apuntaría si en este caso la sociedad mexicana es participe de las discusiones y acuerdos que se supone “beneficiaran” a futuro su economía y si estos acuerdos se ven plasmados en su realidad cotidiana.

Hay quienes dicen que a partir de estos intereses corporativos, los Estados dejarán de garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cuándo han garantizado la protección de los derechos humanos de la sociedad?

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