El Estado mexicano busca la impunidad en el caso Iguala a través del “carpetazo” que pretendió dar el pasado 27 de enero. Mentiras, montajes y difamaciones fueron las que externó el “abogado de la nación”, Murillo Karam, sobre los 43 jóvenes desaparecidos, dicho sea de paso, por el Estado mexicano. Lo que se pretende es aislar a los padres y madres con su dolor y que todo el movimiento social se disperse mediante las detenciones, la represión selectiva y abierta. Con la incursión de miles de efectivos de la policía federal en el Estado de Guerrero, así como el apostamiento estratégico de militares y marinos en puntos en donde la protesta política ha sido fuerte, se busca contener, desmovilizar, agredir y asfixiar al movimiento social.
Omar García, estudiante de segundo año de la normal de Ayotzinapa y miembro de la Cartera de Orientación Política e Ideológica (COPI), en una breve charla realizada la noche del 31 de enero compartió su lectura respecto al nuevo juego político que el Estado está creando al tratar de cerrar el caso: “significa represión, cierre de filas del Estado y sus instituciones y significa también un lenguaje de recuperar la gobernabilidad y aplicar la ley, lo cual va a ir criminalizando a unos y salvando a otros; por ejemplo van a ser buenos los policías, los federales, los militares y van a ser malos los que sigamos haciendo marchas, sigamos exigiendo y también vamos a ser los malos los que no queramos ir a votar y van a ser los buenos los que vayan a votar.
De consumarse la impunidad, estaríamos permitiendo que el gobierno o cualquier autoridad coludida con la delincuencia organizada pueda asesinar o desaparecer a un número similar o mayor de personas y que no haya ninguna ley o autoridad que investigue y castigue a los responsables.
El ejército: pilar de la impunidad y terrorismo de Estado
Que se señale al ejército como uno de los principales actores responsables de la desaparición y asesinato de los normalistas rurales no es descabellado, por lo menos para quienes en Guerrero aún no olvidan los escenarios de sangre que la “guerra sucia” provocó. En las inmediaciones de Tixtla, sobre el libramiento que conecta a Chilpancingo con la normal rural “cuna de la conciencia social” se puede leer “Asesinatos y desapariciones son tradición en Guerrero”.
Durante la décima Asamblea Nacional Popular (ANP) instalada en Ayotzinapa y llevada a cabo el 31 de enero del 2015, Regeneración Radio tuvo la oportunidad de entrevistar a Manuel Olivares, Director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en ella expuso la memoria histórica que vincula directamente al ejército mexicano con las atrocidades cometidas en Guerrero: “el ejército siempre ha tenido una participación muy activa en la represión hacia los movimientos sociales… lo que sucedió el 28 de diciembre de 1960 en Chilpancingo cuando hubo 17 masacrados por el ejército, cuando se empezaba a luchar por la autonomía de la universidad… en la década de la “guerra sucia”, anduvieron en la sierra más de 20 mil militares, lo que provocó desplazamiento forzado de la población, se puso en práctica la estrategia de tierra arrasada, se crearon aldeas estratégicas”.
La historia que envuelve al 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, está llena de asesinatos, despojos y desplazamientos. En la década de los setenta llevó a cabo operaciones de desplazamiento forzado en contra de pobladores de áreas rurales de la sierra guerrerense, además participó activamente en bombardeos en zonas de acción de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP). Empleó todo tipo de tácticas contrainsurgentes, “Desde incendios de viviendas, saqueos, amenazas y fusilados en la vía pública”.
Vientos de represión
La reacción de Murillo Karam el pasado 27 de enero donde negó cualquier participación del ejército en los hechos del caso Iguala no es de sorprender, sin embargo reveló la consigna del gobierno federal de proteger a toda costa su principal sostén y el pilar de este sistema político: el ejército. Para Manuel Olivares, es de “extrema necesidad que se abra una línea de investigación con todos los señalamientos que hay respecto a su participación en estos hechos”, los cuales se encuentran resumidos en el punto número 9 de 10 que los padres y madres que luchan por la presentación con vida de sus hijos han dado a conocer, así como en los hechos reconstruidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) plasmados en el informe para el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
Por su parte, Vidulfo Reséndiz abogado del CDHM Tlachinollan, ha venido señalando que el movimiento social se encuentra en una segunda etapa caracterizada por una nueva forma de relacionarse entre el Estado (sobre todo el ejército) y el movimiento social (particularmente el comité de familiares de los 43 normalitas ausentes), la cual viene acompañada del despliegue sin precedentes de fuerzas de seguridad en el Estado de Guerrero, tanto policiacas como militares; para el representante jurídico del comité de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, “están preparando una escalada represiva de gran envergadura con el fin de destruir en su totalidad el movimiento… seguida por una descalificación de los medios de comunicación oficiales sumamente fuerte al movimiento social, incluso a la normal y a los padres”.
A través de los medios de comunicación masiva se prepara el terreno para golpear al movimiento social, reproduciendo el discurso oficial y señalando a los jóvenes de infiltrados y delincuentes, se busca crear consenso entre la población para una eventual represión.
Por medio del terrorismo de Estado que se quiere mantener el sistema político mexicano, el cual fundamentalmente se reproduce a través de los procesos electorales. Éstos no están garantizados, pues organizaciones sociales, estudiantiles, familias enteras y comunidades han dicho que “en Guerrero no habrá elecciones”; no están dispuestos a seguir sosteniendo la estructura política criminal que encabeza el narco-Estado.
La Convención Nacional de Ayotzinapa
Lo que pasa en Guerrero no se puede entender si lo limitamos a un movimiento de familiares y organizaciones sociales en búsqueda de sus hijos desaparecidos por el Estado mexicano. Eso sólo fue la chispa que encendió la mecha que hizo estallar la bomba de la violencia en la que nos encontramos inmersos. Más allá de esto, estamos frente a un movimiento social fecundo que se desarrolla en Guerrero y que tiene eco a nivel nacional e internacional; sin duda en ese estado se buscan crear las condiciones de las cuales emanen nuevas formas de relación social, retomando prácticas históricas y ancestrales (como las asambleas o los Consejos Municipales Populares).
Dejar de lado el lastre en que se ha convertido la clase política en México y apostarle a crear instancias de lo político en donde
las comunidades, pueblos y ciudadanos en general sean parte activa de la construcción cotidiana que permita tomar el destino en sus propias manos, es la apuesta.
Desde Guerrero se está proponiendo pasar a una estrategia de lucha distinta, “dar un paso cualitativo… construir un referente nacional, estructurarlo, darle un programa político y que ese programa político y plan de lucha guíen el movimiento, unificarlo para que luchemos a largo plazo por nuestros desaparecidos”, sentenció Vidulfo Reséndiz al término de la ANP, en donde se acordó –a propuesta del comité de familiares de los 43 jóvenes ausentes- realizar la Convención Nacional de Ayotzinapa el 5 y 6 de febrero que busca “encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad”, se lee en la convocatoria emitida para la convención.
Por su parte, Omar García afirmó que esta Convención es un camino más de la lucha que acompaña la presentación con vida de sus 43 compañeros, “es para ver qué vamos hacer con el país, para ver hacia dónde vamos a ir, qué método vamos a utilizar para cambiar, a qué le vamos a apostar… la postura de los padres de familia es que si la gente los acompaña o ya no los acompaña ellos van a seguir buscando a sus hijos y nosotros como estudiantes vamos a seguir acompañándolos, venga lo que venga. Finalizó esbozando el panorama que se avecina: “La cuestión es difícil, hacer cambios es difícil, estamos ante un estado represor, que ya mandó miles de policías, ya hay órdenes de aprehensión, ya hay averiguaciones previas, se viene la etapa del encarcelamiento de dirigentes, de asesinatos incluso; lo veremos en estos cuantos meses, todo basado en el lenguaje de aplicación de la ley”.
El camino es largo y sinuoso, los vientos de represión soplan en todo el territorio nacional. Es tiempo de decisión, y definiciones, es hora de idear formas creativas de lucha que se salgan del repertorio de acción clásico que los movimientos sociales han venido implementando a lo largo de la historia. ¿Son tiempos de cambio?
