Brasil. Más allá de las movilizaciones recientes

A partir del 11 de Junio del 2013 se han presentado movilizaciones masivas, revueltas generalizadas que han recorrido las principales ciudades de Brasil, desde Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Juiz de Fora, pasando por Vicosa, Sao Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador Rio de Janeiro, Bauru y Fortaleza. Esto no se hubiera podido llevar a cabo sin la asistencia de miles de brasileños que han salido a las calles a protestar frente al aumento del 7% del transporte público: 5 mil los primeros días a más de un millón en cien ciudades de este país, según Zibechi en su columna del día de hoy en el periódico La Jornada. La desigualdad, la exclusión política y la represión son los grandes temas; el aumento al transporte fue la gota que derramó el vaso, desencadenando olas de descontento. Detrás de las manifestaciones multitudinarias vienen centenares de detenidos, heridos y un muerto, Marco Delfrati, joven de 18 años de la localidad de Ribeirio Preto en Sao Paulo.

Las tensiones que explotaron recientemente en este país estaban esperando su despertar desde hace ya varios años, el sueño fue interrumpido con la agudización social que impulsó la actual presidenta Dilma Rousseff; a esto hay que sumarle el elevadísimo coste que tendrán la Copa Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016, así como la Copa Confederaciones que se está llevando a cabo en este momento. Todo esto en un país con notables desigualdades sociales.

En este panorama, la información que generan los medios de comunicación es sesgada, reduccionista, no profundiza en los factores cualitativos que han forjado estas protestas. Por ello a continuación esbozo de manera breve la situación pos-neoliberal de este país latinoamericano, buscando generar un aporte sobre la realidad que subyace a esta explosión social. 

I

En primera instancia hay que traer a la memoria los apuntes que nos arrojo el último libro de Raúl Zibechi (2012: 48-49) titulado “Brasil Potencia” en donde da cuenta de la relación estado-capital, dándose a través del financiamiento de los partidos políticos, particularmente los fondos que recibe el PT (Partido de los Trabajadores). Resalta la importancia que tienen los empresarios en este rubro, especialmente las empresas de la construcción; y no es para menos, pues son empresas que se benefician de las grandes obras que se están realizando tanto para la Copa Confederaciones que se lleva a cabo ahora mismo, así como para la Copa del Mundo del 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Todo esto impulsado por proyectos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y del Programa de Aceleración para el crecimiento (PAC).

En resumen se trata de empresarios de la construcción financiando al partido de los sindicatos: el ala progresista de Brasil. Si damos cuenta de quiénes son estos sindicalistas convertidos en parlamentarios veríamos que la mayor parte de ellos provienen de empresas estatales o el sector bancario.

Esta reconfiguración de los integrantes del poder brasileño ha traído consigo alianzas entre militares y la élite local, los cuales buscaron desde años atrás que el país se convirtiera en una potencia mundial (actualmente ya es una potencia emergente y a nivel regional es la principal potencia). Brasil se ha ido transformado en un centro autónomo de acumulación de capital con grandes empresas multinacionales que, con el apoyo del estado se encuentran entre las más importantes del mundo.

Este impulso del capital se ha venido gestando desde la década de 1930, cuando el régimen de Getulio Vargas comenzó el proceso de industrialización, promoviendo la formación de una burguesía industrial y debilitando a la oligarquía agroexportadora. Siete décadas después, bajo el gobierno de Lula se ampliaron y reforzaron las élites dominantes, se adopto una  estrategia para convertir al país en una potencia global, se afianzo la alianza entre la burguesía brasileña internacionalizada con el aparato estatal (que incluye a las fuerzas armadas y los empresarios tanto nacionales como internacionales), alcanzando una madurez la acumulación de capital en ese país. (Zibechi, 2012: 48-49)

II

Dicho lo anterior se puede establecer una permanencia política con el gobierno de Dilma Roussef, quien aceleró el paso para llegar a convertirse en la potencia global que la élite política-económica pedía. Muchas de las iniciativas tuvieron un nuevo impulso: la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, el Mundial de Fútbol en 2014, los Juegos Olímpicos en 2016, así como la lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y el papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes” -los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur)-, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique; el fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.

Como ya es costumbre, aun siendo parte del ala “progresista” en América Latina, existen dos realidades, la realidad del arriba y la del abajo, generalmente la primera trata de negar o menguar a la segunda y en el mejor de los casos limar aristas entre ellas.

Pero es un hecho que existe una exclusión social amplia, pues Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, también es el país de las oligarquías latifundistas, de la violencia caciquil, de las élites políticas restrictas y racistas; condiciones que se remontan a la colonia y se han reproducido hasta hoy. Boaventura de Souza Santos, Sociólogo estudioso de los movimientos sociales en América Latina, resalta que con la llegada de Lula da Silva al gobierno en el año del 2003, las desigualdades se empezaron a disminuir a través de la implementación de políticas focalizadas, conduciendo a una reducción de la pobreza, creando una clase media con elevada vocación consumista, además, se reconoció la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena.

Sin embargo, con la llegada de la presidenta Rousseff, se llevó a cabo una desaceleración e incluso un estancamiento de los parches que había implementado el gobierno de Lula alrededor de la desigualdad social, profundizando una nueva reconfiguración de las alianzas Estado-Capital, jugando un papel importante en el desarrollo pos-neoliberal y las prácticas de exclusión social y corrupción. Así lo señala Boaventura de Souza:
 

Las políticas de inclusión social se agotaron (…) La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer d
e energía barata a la industria extractiva). (de Souza Santos, 2013)

 
El poder político asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas. La Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay.

El reflejo social ante este panorama social y político se encuentra en las calles, y como he argumentado acá, va más allá del aumento de 20 centavos en la tarifa al transporte, y aunque ésta se disminuya, como ha ocurrido en días pasados, las manifestaciones que persisten dan muestra que la problemática es profunda, que de fondo está el impulso al capital, en detrimento de el grueso de la población, la cual es excluída de los servicios públicos como la educación, la salud y la cultura.

La moneda está en el aire, y el pueblo brasileño sigue en la calle, nada está decidido.