Las comunidades triquis ocupa una extensión territorial de aproximadamente 500 km2 ubicadas en parte de los distritos de Putla, Tlaxiaco Juxtlahuaca; pertenecientes a la región mixteca, la más pobre del estado de Oaxaca, las condiciones de vida de la población son de muy alta marginación, careciendo de los servicios básicos en la mayorías de las comunidades.

Cuenta de ello son los tipos de construcciones de la mayoría de las casa, las cuales son hechas con de troncos de árboles sin que exista una división de espacios entre las áreas de la cocina y la habitación, aunque en algunas ocasiones puede variar el tipo de construcción para quienes cuentan con mejores recursos económicos tienen casas construidas con material de concreto que consta de: Tabique, cemento y varillas. La vestimenta de las mujeres triques consiste en un huipil que llega hasta la media pierna con un enredo, huaraches, ceñidor, collares, aretes y peinetas, en esta vestimenta femenina existen variaciones, para quienes tienen mayores recursos económicos, pueden comprar los trajes de mejor calidad, también son diferentes los trajes para las mujeres casadas, solteras, niñas o viudas. Los hombres usan calzones de manta, la camisa de manta y de colores fuertes como el amarillo, un paleacate

La base económica de la región triqui es la agricultura, utilizando la técnica de la roza, que consiste primero en cortar la maleza y árboles, se prepara la tierra para iniciar la siembra a finales de Enero y principios de Febrero. El alimento básico es el maíz, frijol y chile, el café, principalmente en la región triqui Copala, el plátano, mango, guayaba y naranja es parte de la dieta, pero se ven en la necesidad de vender estas frutas para mantener a sus familias.

Desde la época posrevolucionaria, la población triqui ha sido marcada por una permanente violencia generada por grupos políticos que pelean a muerte el poder y en ocasiones han sido los propios funcionarios de los gobiernos en turno quienes han creado la división y los conflictos entre la población. El número de víctimas que han dejado estas disputas han sido tantas que no son cuantificables ni por las mismas instancias de procuración de justicia.

La región triqui por mucho tiempo ha sido llamada una “Isla Cultural” por el arraigo hacia sus usos y costumbres, cuentan con su propio sistema de justicia, este se ha visto limitado para ayudar a mejorar la condición de vida de las mujeres. Quienes están completamente reducidas al servicio de la unidad doméstica, su función responde a la procreación y conservación de la familia, reproducción de los roles sociales, siendo los hombres quienes se encargan de la administración de las tierras, economía y participación en el ámbito político de sus comunidades.

A los habitantes de las comunidades triquis los derechos humanos les son ajenos, su integridad se ve violentada tanto por la carencia de los servicios y condiciones básicos para la vida, como por el riesgo latente de ser lesionados o de perder la vida por motivos políticos. Ante ello, quienes han sido mayormente vulnerables son los ancianos, las mujeres y los niños y niñas; pues tienen menos posibilidades de defenderse y frecuentemente se convierten en un botín de gran valía para tomar venganza entre sus enemigos.

Desde el año de 1978, por gestiones de grupos políticos y el gobierno del estado se instalo una partida militar en San Juan Copala, consecuencia de ello fueron las quemas de viviendas, robo de animales domésticos de consumo humano, torturas a menores de edad, agresiones físicas a ancianos, violaciones sexuales las mujeres de las comunidades triquis. En 1979 varios jefes de familia denuncian, ante del estado el gobernador y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que catorce mujeres fueron violadas por elementos del ejército.

En la comunidad de Santa Cruz Tilapa nueve mujeres fueron detenidas por militares, detenciones arbitrarias, principalmente mujeres, principalmente monolingües, las torturaron para hacerles confesar delitos que no cometieron. El 16 y 17 de agosto de 1980 se presentaron nuevamente ante el Procurador de Justicia del Estado para denunciar los tratos crueles inhumanos y degradantes de los cuales fueron víctimas, nuevamente han sido víctimas las mujeres de violencia sexual, niños y ancianos torturados. También en la población de Cruz chiquita reportan tres mujeres violadas y en El Rastrojo otras cuatro mujeres más.

Durante la década de los ochentas esta región se vio envuelta en constantes enfrentamientos, dejando innumerables heridos, muertes de jefes de familias, niñas y niños en la orfandad.

El contexto político de la región triqui es uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres, las mujeres son tomada como un botín político siendo quienes pagan de manera cruel las rencillas entre estos grupos, no existe respeto alguno a los derechos humanos y derechos de las mujeres, muestra de esto son los casos de violación sexual y de desaparición, prácticas vigentes en nuestro país. Dentro de sus costumbres la violación puede ser disculpada si el agresor se une en matrimonio con la agraviada y dando una indemnización económica, por eso actualmente recurren a las instancias de procuración de justicia del estado buscando que se haga justicia pero se encuentran con la inoperancia de las mismas.

En el caso de las violaciones sexuales, el rango de edad de las mujeres son entre los 14 y 17 años. En los años 2006 y 2007, Lucía Martínez Hernández de 14 años y Juanita Ramírez Osorio de 16 años han sido las únicas que se han atrevido a presentar denuncias ante el Ministerio Público (el 1º de Agosto de 2006 y el 27 de Noviembre de 2007). Las jóvenes agredidas a parte de tener que iniciar un proceso de recuperación psicológico también se ven en la necesidad de realizar un esfuerzo más para la compra de antibióticos para atacar las Infecciones de Transmisión Sexual productos de las violaciones.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH-FILIAL OAXACA) ha dado acompañamiento tanto a las jóvenes víctimas de violencia sexual, como a las familias de las hermanas desaparecidas Virginia Ortiz Ramírez de 20 años, Maestra de Educación Primaria Bilingüe y Daniela Ortiz Ramírez estudiante de Nivel Básico y Maestra de Educación Primaria Bilingüe, fueron desaparecidas sobre el camino que lleva al poblado de Santiago Juxtlahuaca, las vieron pasar dentro de una camioneta, en donde iban vendadas de los ojos.

El día 25 de julio de 2007, la señora Antonia Ramírez Cruz, originaria de El Rastrojo, San Juan Copala, denunció la desaparición de sus dos hijas Virginia Ortiz Ramírez y Daniela Ortiz Ramírez, hecho que sucedió desde el 5 de julio de 2007 en el trayecto de Putla a Juxtlahuaca. (AP No. 187/2007 Ministerio Público de Putla de Guerrero, Oax.). A pesar de que los familiares han acudido a solicitar información a las diferentes instancias, siempre se encuentran con excusas para negarles información, y en su lugar reciben malos tratos.

Ante ello, el día 9 de agosto las denunciantes hicieron pública esta situación en conferencia de prensa y solicitaron el apoyo y acompañamiento de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. El día 10 de agosto la familia sostuvo una primera entrevista con el C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Procurador General del Estado de Oaxaca ante quien solicitaron información sobre la búsqueda las dos jóvenes desaparecidas, así como los avances de la denuncia del secuestro y violación tumultuaria de una niña de 13 años el 7 de julio de 2006 (AP 157/2006), cuyos agresores están plenamente identificados y gozando de total impunidad.

Así
mismo el viernes 10 de Agosto hicieron del conocimiento del Presidente de la CIDH, Florentin Meléndez, tanto la impunidad en el caso de violación, asi como de la desaparición de Virginia Ortiz Ramírez y Daniela Ortiz Ramírez, quien solicitó se le mantenga al tanto de dicha situación.

Los días 14 y 29 de agosto tuvieron lugar otras dos audiencias entre la familia (todas mujeres) y el Procurador, pero en todo momento las repuestas fueron similares. En palabras de las denunciantes, el C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez les dijo que lamentaba la situación por la que estaba pasando la familia, y que no se trata de que ellos no quisieran trabajar, pero que todo va muy lento porque es muy difícil entrar a la zona triqui por la presencia de los grupos políticos en la región, y que no va a arriesgar a su gente; que respecto a la denuncia por violación, el 21 de febrero se ordenó a la policía ministerial la detención de los responsables, y cuando se les detengan tal vez se pueda tener una pista para localizar a las jóvenes desaparecidas. En el colmo de la burla, la falta de sensibilidad, y en un tono por demás agresivo, les dijo “si quieres, puedes ir a toda la región triqui a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudir si vas a hacer eso”.

Estas respuestas ofrecidas por las autoridades de más alto rango en la procuración de justicia en el estado de Oaxaca, no sólo reflejan la política de impunidad que ha caracterizado al gobierno actual; además, denotan la política misógina dejándoles ver que no tienen otra opción que conformarse con estar indefensas ante toda las formas de violencia que cualquiera pueda ejercer sobre ellas, sea de gente común, o de autoridades como ellos mismos, que se supone deberían defenderlas, como se puede leer en el texto el cuerpo de la mujer se convierte en un continúo campo de batalla, y por supuesto no existe ejercicio alguno del goce de los derechos humanos.

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