El 26, 27 y 28 de mayo se estará realizando la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para México en el CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la participación de cientos de delegadxs elegidxs por sus pueblos y comunidades de cada rincón de este país, del cual emane una mujer vocera indígena, que será postulada como candidata a la presidencia en los comicios de 2018. Este evento en particular representa un momento histórico en la lucha de los pueblos originarios de México, para hacer que retiemble en sus centros la tierra [1], pues demuestra la gran capacidad de articulación entre las luchas y el despliegue de numerosas estrategias de organización a partir de la propuesta política del Congreso Nacional Indígena (CNI).
El CNI como la casa de los pueblos indígenas de México, lleva más de dos décadas aglutinando decenas de pueblos, tribus y naciones que se organizan desde abajo para resistir la guerra y el despojo. Contrario a la apuesta de la izquierda institucional que busca la “transformación” del país sin resquebrajar el sistema, el CNI apela a la organización sin partidos políticos, impulsando la autonomía, el trabajo de base y la articulación entre procesos, mostrando su potencial anticapitalista para transitar por los caminos de la resistencia.
Varios son los retos que tendrá el CIG cuando empiece el proceso de organización y articulación en el recorrido nacional que harán los concejerxs y la vocera indígena, a lo largo y ancho del país. El objetivo es escuchar (no prometer, como hacen los políticos de arriba) los distintos dolores que hay en el México de abajo, para conocer las diferentes problemáticas de los sectores más excluidos; cómo es que se vive, cómo se resiste y se defiende el territorio.
Uno de los dolores que más se escuchan en los pueblos originarios, es el despojo de la tierra y el territorio. Actualmente, se mueve en silencio una nueva fase de la acumulación por despojo por medio de la iniciativa promovida por la articulación gubernamental-empresarial de crear la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) [2]. Este complejo proyecto producto de la Reforma Energética, sentencia la construcción de una enorme infraestructura comercial (puertos marítimos modernizados, gaseoductos, termoeléctricas, etc.) que incrementen la movilización del capital trasnacional en territorios de gran importancia geopolítica para el control de los recursos y la apropiación/cooptación de enormes sectores de tierra productiva, vendiéndola como producto de oferta, legislando la rapiña de territorios y beneficiando la inversión privada a espaldas de los pueblos afectados (como la farmacéutica trasnacional Genoma Lab, en Coatzacoalcos) [3].
El puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán-Guerrero), Puerto Chiapas (Tapachula) y el Corredor Industrial Interoceánico Salina Cruz (Oaxaca-Coatzacoalcos) representan apenas los primeros focos para la implementación del despojo legalizado [4]. El robo de aguas, tierras, montes y el despoblamiento de decenas de comunidades esta decretado.
En este escenario resaltan al menos dos aspectos: primero, la relevancia de que estos primeros focos para la inversión sean en el sureste de México, donde existen múltiples procesos de resistencia y organización de las comunidades a partir del derecho colectivo de la tierra y, además, donde florecen ricas experiencias de autonomía. Esta relación no es casual. El segundo aspecto tiene que ver con la violencia y la impunidad desatada en estas zonas, donde la dominación del narco es fuerte y permanece una cotidianidad marcada por el cobro de piso, homicidios a cualquier hora del día, levantones, desaparición de migrantes, trata de personas y hostigamiento policiaco-militar.
A la par de este proceso desarrollista, también se pretende la militarización del país mediante medidas anticonstitucionales, como el dictamen de la Ley General de Seguridad Interior [5]. Esta Ley busca que “las fuerzas armadas operen como un ejército de ocupación para garantizar la instalación de empresas trasnacionales del ramo de la energía y la utilización de la infraestructura crítica de Pemex y la CFE en áreas del territorio nacional” [6]. Es decir, no es casual que ambas iniciativas gubernamentales se intenten legislar fast track, sino que son partes interrelacionadas de un mismo proceso de despojo en el marco de una guerra asimétrica, que busca militarizar los espacios de resistencia y cercar a las comunidades en lucha. En este sentido, vale la pena preguntarse ¿tiene alguna relación la creación e imposición de las ZEE con la violencia generalizada que mantiene aterrorizada a una población por medio de cuerpos armados irregulares?
Son en estos procesos de despojo/robo donde los territorios están en juego. Nos encontramos inmersos en contextos marcados por la violencia del “neoliberalismo armado”, el cual hace referencia a procesos de acumulación del capital, que privilegian dinámicas de violencia armada para continuar y acrecentar la dominación económica y política, recurriendo al uso de comandos especializados que operan en el margen del Estado; en pocas palabras, la militarización a la par de la acumulación. Este representa uno de los grandes retos a tomar en cuenta para la agenda de lucha del CIG.
Referencias:
[1] CNI (2016), “Que retiemble en sus centros la tierra”, publicado en Enlace Zapatista. Disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/
[2] Promulgada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 1 de Junio del 2016.
[3] Véase “Ya hay dos empresas interesadas en instalarse en Veracruz tras creación de zona económica”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170328_081028_130
[4] Fazio, Carlos (2017), “Crear dos tres, muchos cheranes”, en Revista Rebeldía. Disponible en: https://www.rebelion.org/noticias/2017/4/225517.pdf
[5] López y Rivas, Gilberto (2017), “Ley para la seguridad del grupo gobernante”, en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/27/opinion/018a1pol
[6] Fazio, Carlos (2017), “El patrioterismo reaccionario y las ZEE”, en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/13/opinion/017a1pol
