Represión sistemática en el Distrito Federal a los distintos movimientos sociales
Desde la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno del Distrito Federal bajo el cobijo de la izquierda a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las libertades políticas han sido violentadas. El Jefe de Gobierno, ha mostrado su miopía e ignorancia política, al no importarle cuantos años ha costado a la sociedad su conquista en las calles y en el marco jurídico de la ciudad; su urgencia de mantener el “orden” y congraciarse con el gobierno federal, está proyectada para consolidar sus ambiciones presidenciales.
La criminalización del derecho a la protesta es un hecho. Decenas de expresiones sociales de inconformidad, han sido violentadas y centenares de ciudadanos y ciudadanas detenidas ilegalmente y otras tantas, procesadas con fabricación de pruebas y la complicidad del ministerio público.
En este contexto, y en medio de la Feria Internacional de libro, la mesa: “Las libertades mutiladas”, hizo posible la presencia de distintos actores sociales.
La permanente represión en la Ciudad de México
Las libertades políticas se han visto sesgadas en el D.F, no es nada nuevo señalan sus participantes. “El corazón palpitante del país es su ciudad, ¿Libertad en la ciudad de México? ¿Acaso ha tenido libertad la Ciudad de México?” cuestiona Fritz Glockner. El dialogo con tolete en mano ha sido una política de los gobiernos en turno. Los retrocesos en materia de derechos son innegables.
No pasaron más de 4 meses del arribo de Mancera y su grupo, para que se aprobara la Ley de Movilidad y Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes; las cuales se enfocaron en intentar moderar las marchas y la legalización de uso de la fuerza. Amabas, Ley y protocolo, surgen con la finalidad, más allá del evitar incidentes. Distintos organismos defensores de los derechos humanos han planteado que se busca infundir el miedo a la participación política y criminalizar la protesta social.
En este aspecto, Glockner señala que “debemos de estar conscientes de las diferentes estrategias de guerra de baja intensidad que los gobiernos de nuestro país han aplicado todo el tiempo. Hemos tenido la posibilidad de externar opiniones, pero la libertad como tal en este país se ha visto sesgada cotidianamente desde los años 40´s debido a una estrategia de guerra de baja intensidad en este país.”
Un Estado militarizado, donde el enemigo es la ciudadanía inconforme
“El Estado forma a los cuerpos policiales para que agredan a la sociedad –afirma Alejandro Cerezo, y añade, para ellos el enemigo somos nosotros. Al mismo tiempo agrega, que es importante considerar que existe una “militarización de la vida civil; los militares manejan las procuraduría de justicia de los estados, son los jefes operativos. El militar está constantemente en la vida de este país”.
Dentro de este contexto, el resultado ha sido alrededor de “863 agresiones a personas defensoras de derechos humanos en al menos 26 estados, considerando desde Mayo del 2014 a mayo del 2015. Al día 2 personas son amenazadas, perseguidas, desaparecidas, encarceladas”.
En cada situación represiva del Estado mexicano, han utilizado justificantes: en las décadas pasadas la lucha era contra el comunismo. Así reprimió ferrocarrileros, médicos, maestros y estudiantes. También, a través de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), se desapareció y asesinó a cientos de personas por su participación en movimientos armados.
En nuestros días, la autoridad justifica, disolver y reprimir manifestaciones masivas, por las expresiones, llamadas de acción directa de algunos grupos anarquistas. Pero en ningún caso de las decenas de detenciones y abuso policial, se ha logrado comprobar la participación de los detenidos en ningún tipo de disturbio. Por el contrario, existe evidencias de actos represivos y ningún servidor público ha sido sancionado.
Jesús Robles Maloof – defensor de derechos humanos y ciber-activista, plantea un al paralelismo histórico entre el Constituyente del 17 y nuestros días, por la discusión del derecho a manifestarse plasmado en el artículo 9 constitucional.
En la propuesta enviada por Venustiano Carranza se pretendía dejar a criterio subjetivo de la autoridad si una manifestación podía disolverse al ser su objeto un acto ilegal o si alguna manifestante violentaba la ley. El documento constaba de 17 párrafos los cuales establecían medidas de control de las manifestaciones en base a razones policiales y de criterio burocrático. El documento fue debatido y refutado por los constituyentes liberales y revolucionarios que permitió concluir que “ninguna reunión puede ser disuelta”.
Actualmente existen distintas propuestas para regular las manifestaciones con la idea de establecer horarios y rutas estrictas, la no utilización de vías primarias y la obligación de solicitar autorización, además de que responsabilizarían a los “líderes” por las alteraciones que genere la manifestación. Sumémosle la posibilidad de que las autoridades policiales puedan disolver la manifestación si a su criterio se altera el “orden público” o la “paz pública”.
Pretenden que las protestas sean ordenadas y para su beneplácito. Pretenden relegar que el derecho humano a la protesta social representa una forma de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos humanos. Pretenden ostentar el poder sin críticas y transformar a la ciudadanía en simple feligreses.
La legitimidad perdida
En su participación, el abogado Francisco Estrada presenta las innumerables detenciones, desapariciones y golpizas que se han presentado en diferentes manifestaciones, y de forma reciente, por el aumento de la presencia policiaca en las calles.
Denuncia que “las libertades que hemos perdido son demasiadas. Esta ciudad ha visto menguada la libertad de expresión, la libertad de reunión, incluso la tranquilidad de las personas […] está es la realidad de la ciudad de México.”
Además señala como lo más grave, la forma en que ha actuado el Gobierno del Distrito Federal. “Hay un proceso de colusión en donde no sólo actúan los policías y los granaderos; sino también en el ministerio público viene la otra parte, el crear y fabricar averiguaciones previas a modo de que sólo se sustenten con la palabra de los policías, con pruebas montadas; y la otra parte la omisión de la Comisión de Derechos Humanos del D.F”. Añade, “hay algo que se rompió entre los gobernantes y sus ciudadanos.”
El comité Cerezo sentenció, esto no es más que consecuencia de
“una política general de represión a los movimientos sociales”.
No es una autoridad, es un sistema que pretende imponer la ley del tolete para quienes se atrevan a pensar diferente y propongan alternativas a las políticas dictadas por organismos extranjeros y cumplidas al pie de la letra por serviles políticos que independientemente del partido político anhelan vivir a costa del erario público y gozar de impunidad.
