Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En conferencia de prensa el El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunció la omisión de las autoridades de gobierno implicadas en las mesas de diálogo (actualmente suspendidas) y entre cuyos compromisos figuraba la investigación sobre los impactos ambientales y a la salud, derivados de la extracción minera en la región Soconusco. Así mismo, la denuncia de los recientes actos de hostilidad contra los integrantes del Frente.
El FPDS, aglutina comunidades de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Soconusco y Mapastepec, que luchan desde hace al menos dos años en contra de la minería en la región, forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y cuenta con el acompañamiento de Otros Mundos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Cabe recordar que las exigencias principales del FPDS han sido la suspensión definitiva de la actividad minera, la solución a los problemas asociados a la contaminación ambiental y a la salud en los pobladores. Derivado de ello, se entablaron unas mesas de negociación en los últimos meses del año 2016, sin embargo, la ruptura del diálogo a principios del año 2017 se dio en un ambiente de nulo avance en los compromisos e investigaciones de las instancias de gobierno involucradas en dar solución al problema regional, y que evidenció unas pautas de comportamiento y complicidad entre mineras y gobierno, que generaron desconfianza de los pobladores hacia las autoridades, puesto que la falta de profesionalismo y arbitrariedad de las investigaciones, se han orientado en negar el evidente saqueo ilegal y daño de la minería en la región.
Según los resultados referidos de los supuestos muestreos levantados por las instancias de gobierno en el ejido La Libertad, señalan “no encontrar casos sospechosos de daños a la salud e indicios de algún problema en el agua” asociados a la minería. Para los integrantes del FPDS, los resultados presentados mediante oficio, no son fiables debido a la arbitrariedad con la cual fueron levantados. Asi mismo, la Dra. Sandra Moreno, investigadora de la UNICACH, quien formó parte del equipo técnico, afirma la inexistencia de resultados que desvinculen los daños a la salud y minería, hasta la fecha. Ante esta situación, la UNICACH ha elaborado el protocolo de investigación, con la finalidad de dotar de certeza causal al incremento de la morbilidad a causa del cáncer.
Señalaron que la delegación estatal de la SEMARNAT en Chiapas, a cargo de Armando Ríos, niega la existencia del otorgamiento de concesiones mineras en áreas de reserva y la toxicidad de los elementos asociados al titanio. El FPDS reitera la existencia de proyectos en estas áreas, pues ya han sido extraídas 49 mil toneladas de titanio, según reportes de la empresa Male SA de CV. Finalmente, también se hace mención que la PROFEPA junto con la SEMARNAT, han considerado inconducente la petición de inspección por parte de los pobladores, debido a que las mineras “solamente han realizado labores de exploración minera”. Sin embargo, la población ha comprobado en más de una ocasión la extracción del mineral y el pase clandestino de salida, razón por la cual fueron levantados los plantones que buscaban impedir el saqueo.
Denunciaron la misión por parte del gobierno ante los compromisos de las mesas de trabajo, y la simulación de atención al conflicto y la problemáticas en la región; las amenazas y hostilidad hacia los integrantes del FPDS; el bloqueo al paso de la administración de agua potable, en el ejido La Cadena y lote El Encuentro; el hostigamiento de la Policía Estatal el día 8 de abril en el campamento ubicado en el ejido Jalapa y en resguardo de los mineros; así como la criminalización mediática de la que han sido objeto los integrantes del FPDS, asegurando que se trata un grupo de choque y extorsión.
Exigen 1) la suspensión definitiva de la minería, permisos y concesiones mineras en la región; 2) Cese al hostigamiento contra los integrantes del FPDS; 3) Vigilancia correspondiente por parte de las autoridades en el problema.
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, hizo un llamado de alerta ante el incremento de amenazas contra los pobladores y la protección del gobierno hacia las mineras, documentado en varias situaciones (difamación, amenaza, denuncia), siendo una de las últimas la suscitada el sábado 8 de abril, cuando la Policía Estatal Preventiva custodiaba a los mineros en su intento por acercarse al plantón de la comunidad de Jalapa. Esta situación, “pone en riesgo la vida e integridad de quienes están en los campamentos”. Amenazas que tienen por intención intimidar a los pobladores para que levanten los campamentos que hasta la fecha han impedido la continuación del saqueo en la región.
Ante este panorama cuya conducta del gobierno se caracteriza con un favoritismo hacia el modelo extractivo, cuyos vacíos legislativos permiten la impunidad mediante la que se encausan los proyectos mineros y permiten omitir los impactos de la minería en los territorios, la REMA afirma su apoyo al FPDS en defensa de la salud y la vida en las comunidades.