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Se insiste en imponer el proyecto por encima de la decisión de los pueblos.
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Se pretende ignorar las resoluciones judiciales y las recomendaciones de la ONU.La inversión de 12 mil millones se debe usa para sacar del laberinto de la pobreza a municipios marginados.
Tlapa, Guerrero, México, a viernes 1 de agosto de 2008.- El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideramos que son “temerarias” las declaraciones que hiciera ayer el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo en Acapulco, sobre su intervención directa como interlocutor para que se lleve a cabo el proyecto hidroeléctrico La Parota.
Esa postura del funcionario federal fija una posición de fuerza y evidencia que se quiere imponer la construcción de la presa por encima de la decisión de los dueños de la tierra que manifestaron su rechazo unánime el pasado 12 de agosto del 2007 mediante una asamblea, y por encima de las resoluciones emitidas por los tribunales agrarios que anulan las asambleas amañadas que daban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la anuencia para la expropiación y ocupación de las tierras.
Apreciamos que el secretario de Gobierno también pretende ignorar las recomendaciones que los relatores de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen y de Vivienda, Miloon Kothari, enviaron al gobierno mexicano en donde lo exhortan a ajustarse a la ley agraria y destacan que desde el principio las autoridades federales y estatales encargadas de poner en marcha el proyecto violaron los derechos humanos de los comuneros y ejidatarios al no consultarlos sobre la implementación de la obra.
Lo mismo intenta pasar por alto, el informe que redactó la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan tras su visita a la zona de conflicto en agosto de 2007, y el veredicto que emitió el Tribunal Latinoamericano del Agua en marzo de 2006, en donde recomienda la cancelación del proyecto porque no tiene viabilidad ambiental ni social.Como Cecop y Tlachinollan, también queremos recordar que existen 3 amparos a favor de los comuneros opositores que impiden a la CFE entrar a la zona de conflictos para realizar cualquier tipo de obra y trabajo relacionado con la hidroeléctrica.
Ante esto, queremos manifestar nuestra preocupación porque con su postura el secretario de Gobernación no convoca al diálogo ni valora los esfuerzos realizados por las partes en conflicto que culminó con la asamblea del 12 de agosto del año pasado y más bien abusando de su investidura quiere imponer una línea desde el centro para poder avasallar al Cecop apostándole a una nueva correlación de fuerzas y al cambio de interlocutores políticos que supuestamente serán los operadores de la nueva línea de endurecimiento implementado por el gobierno federal ante los conflictos sociales.
Vemos que esta misma decisión entendida meramente como un negocio que asciende a 12 mil millones de pesos, lo único que provocará es el mayor ahondamiento de la desigualdad social y la polarización política en nuestro estado porque se han privilegiado las grandes inversiones para beneficiar a las élites económicas que se quieren apropiar de las playas, los ríos, las minas y hasta el petróleo de los mexicanos.
En ese sentido apreciamos que los contrastes económicos que vivimos en el estado, son producto de los gobiernos que han usado las riquezas del pueblo para crear emporios financieros y a magnates de talla mundial que desencadenan procesos de pauperización tan extrema que nos colocan en el sótano del mundo. El Acapulco Diamante sólo es posible porque existe el otro polo que es Cochoapa el Grande, el municipio más pobre de México, comparado con países pobres de África.
La canalización de esos 12 mil millones de pesos que el gobierno federal piensa invertir en el proyecto de La Parota que implica la expulsión de miles de campesinos que han sabido cuidar las riquezas del río Papagayo, por principio de justicia social ese recurso tendría que destinarse a combatir la pobreza de Cochoapa el Grande y de todos los pueblos pobres de Guerrero para por lo menos salir de este laberinto infame de la violencia de Estado.
Por todo lo anterior, exigimos al gobierno federal y estatal:
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Que respete de manera irrestricta las resoluciones emitdas por el tribunal Unitario Agrario en los juicios 447/2005, 72/2006, 73/2006 y 74/2006, que anulan las asambleas agrarias que otorgaron la anuencia para la expropiación y la ocupación previa de las tierras.
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Que acate las recomendaciones de los Relatores de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de Vivienda, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
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El respeto al Convenio 169 de la OIT, mediante el cual se realizó la consulta del 12 de agosto de 2007.
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Que se apegue a la legalidad y los derechos humanos y se abstenga de apostarle al recurso de la violencia.
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Que no se utilice el dinero del erario público para favorecer al capital transnacional, sino a los municipios más pobres del mundo que están en el Estado de Guerrero.
