Comisiones de la Verdad: Un Atlas de esfuerzos por la memoria y la justicia

Fotografía: Luis Suaste

A raíz de la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para impulsar una movilización que detone la creación de una Comisión de la Verdad, algo que familiares y organizaciones exigen al menos desde el 2018, compartimos un Atlas sobre diversos esfuerzos de búsqueda de justicia en el mundo que podrían inspirar la experiencia mexicana.

Al finalizar dictaduras militares, guerras civiles y periodos de violencia inusitada, organizaciones sociales y civiles de diversas latitudes del mundo han impulsado la creación de instrumentos e instituciones llamadas de “justicia transicional” para esclarecer crímenes de lesa humanidad perpetrados por Estados y otros actores.

“Son periodos donde la verdad ha sido ocultada. Y la verdad es un elemento clave para la transformación de un conflicto, la sanación de las víctimas y poder enfrentar realmente las consecuencias de esas violaciones.”

Así lo explica Carlos Beristáin, psicólogo con una larga trayectoria en investigación de violaciones de derechos humanos y actual integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que comenzó a operar en Colombia en 2018.

Beristáin, quien también fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa en México, detalla que una parte esencial de estos mecanismos de búsqueda de justicia son las Comisiones de la Verdad, órganos que tienen la facultad de investigar y determinar responsabilidades colectivas y de lanzar recomendaciones para la reparación y no repetición de posibles violaciones a derechos humanos.

Normalmente, estas comisiones son integradas por expertos a los cuales se le encarga la recolección de testimonios de las víctimas de la violencia, sistematización, análisis y publicación, explica el documento Romper el silencio, el cual hizo en 2018 una propuesta de Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica que esclarezca la guerra desatada durante los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto en México.

Alrededor de 43 países han instalado comisiones de este tipo con mayor o menor éxito. Una de las pioneras fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas argentina, encabezado por el escritor Ernesto Sábato. De 1983 y 1984, la comisión argentina recopiló testimonios de víctimas de las juntas militares. Al final de su trabajo vio la luz el informe Nunca Más, el cual detalla la desaparición de 8,961 personas entre 1976 y 1983.

En nuestro continente abundan otras experiencias como la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile (1990-1991), el Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, 1995-1998) y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1997-1999) de Guatemala o la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001-2003).

Yolanda Aguilar es antropóloga y terapeuta feminista. Sobreviviente a la dictadura militar de Guatemala, se integró como redactora del informe REMHI, publicado hace ya 20 años. Este proyecto es una excepción, pues no fue iniciado y conducido por la sociedad civil. Su principal objetivo, relata Aguilar, fue “crear confianza en las personas acerca de la importancia de hablar de lo que había sucedido en el conflicto armado.”

“Los retos fueron vislumbrar la dimensión del conflicto, los números y patrones de la violencia, la corrupción vinculada con las estructuras del gobierno” relata Aguilar.

La iniciativa partió de la iglesia católica y organizaciones de base. Esto le dio un carácter nacional necesario al proyecto pero enraizado a nivel local. Conformada con personas de las comunidades más afectadas llamados promotores o animadores de la palabra, el trabajo de la REMHI fue básico para la posterior Comisión para el Esclarecimiento Histórico bajo el mandato de la Organización de Naciones Unidas.

Exigencia de justicia a un año del asesinato de Samir Flores, defensor de la tierra. Fotografía: Luis Suaste

Salomón Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú, instalada a raíz del Conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000, recuerda que el organismo peruano fue constituido debido a la necesidad de responder a las víctimas que demandaban justicia y reparaciones frente al grupo armado Sendero Luminoso y el Ejército del Perú.

“Durante mucho tiempo, las víctimas y sus familiares se negaron a hablar sobre lo ocurrido, tanto por miedo a las represalias como por el hecho que los sucesos ocurridos habían suscitado demasiado dolor, el mismo que quería ser dejado de lado”, relata.

Sin embargo, la comisión peruana propició que algunas víctimas realizaran audiencias públicas. Los videos, disponibles en internet, muestran a las familias relatar su testimonio tal y como pasó en Argentina.

Lerner comenta al respecto: “se buscó, en particular, lograr una verdad que se centre, sobre todo, en los derechos de las víctimas del periodo de violencia.”

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandona el país luego de que el estado Mexicano rechazara la prórroga emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda su permanencia. Fotografía: Archivo Regeneración Radio.

Mecanismos del horror

Beristáin detalla que, además de la dignificación de las víctimas, el segundo pilar de estas comisiones consiste en un trabajo de investigación sobre el actuar del Estado: “la verdad de los mecanismos que hacen posible el horror”.

Desde la comisión Argentina, pasando por las de Chile, Ecuador, Guatemala, las comisiones publican información sobre los métodos de violaciones de derechos humanos.

En el documental Nunca más se mira un mapa con los centros de detención de la junta militar. A lo largo del informe pasa la desaparición de periodistas, fusilamiento de opositores y hasta el caso de bebés arrebatados a sus madres en cautiverio.

También, las comisiones tienden a documentar casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos.

En el documental Archivos de la Verdad se aprecia el trabajo de la Comisión de la Verdad del Ecuador por casos. Comienzan con el de la represión contra el movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo y la desaparición forzada de la familia Restrepo.

Por su parte, el informe de la comisión peruana incluye igualmente casos emblemáticos como el asesinato de ocho periodistas en 1983 en Uchuraccay o el asesinato sistemático del pueblo asháninka durante el conflicto.

Para lograr su objetivo, las comisiones cuentan con un mandato que les dar acceso a archivos desclasificados de la policía y los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, en Guatemala se dictó acceso al archivo de la Policía Nacional. En Ecuador fueron visitados centros de detención del ejército junto con las víctimas.

Además, varias comisiones integran también enfoques trasversales por edad, condiciones de vida, género y lengua que arrojan resultados reveladores y que en Perú y Guatemala mostraron el exterminio masivo de indígenas.

“En Guatemala en particular, se pudo nombrar el racismo, el genocidio y las violaciones sexuales”, recuerda Aguilar.

Sin embargo, recoger la verdad también puede tener un alto costo. Beristáin habla de preparar las condiciones, protocolos, cuidar la confidencialidad de las fuentes y crear círculos de confianza.

El asesinato en Guatemala de monseñor Juan Gerardi dos días después de que entregara el informe REMHI (24 de abril de 1998) muestra lo indispensable, opina Aguilar, que es la voluntad política para investigar y el diseño de protocolos de protección a testigos, víctimas y trabajadores de las comisiones.

“En Guatemala existía un gobierno que no creía y atacaba y finalmente asesinó a Gerardi”, relata la antropóloga.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, exige justicia por el feminicidio de su hija. Nezahualcoyotl, Estado de México. Fotografía: Aldabi Olvera

Extemporáneo

En el documental Nunca más: un programa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, transmitido en 1984 por televisión abierta en Argentina, hombres y mujeres relatan por primera vez lo que su país intuía, pero no sabía a detalle: la tortura, desaparición y asesinato rampantes durante el gobierno militar de Argentina.

Al final del programa, el escritor Ernesto Sábato lanza lo que llama un “juicio ético” sobre lo ocurrido en su país: los delitos de la junta argentina constituyen un crimen de lesa humanidad. Y exhorta: “A los chicos y chicas que no se olviden nunca más que, por favor, por amor a la humanidad, nunca más pueda suceder en la tierra que fundaron Belgrano y San Martín una atrocidad semejante.”

Las Comisiones de la Verdad logran en ocasiones descarrilar la inercia de los tiempos de guerra e impunidad. O, al menos, ponen en evidencia las causas estructurales de los acontecimientos. Todo esto mediante un relato siempre colectivo para que la población de los países conozca a fondo y se haga cargo de lo ocurrido.

Incluso, pueden crear contextos o nuevos tiempos en los que haga plausible derivar leyes, e incluso aportar elementos para enjuiciar actores políticos y conocer la verdad de los hechos. Así, el deseo de las familias de personas asesinadas o desaparecidas de que no vuelvan a ocurrir estos crímenes de lesa humanidad se resume en las garantías de no repetición, el último paso de la Justicia Transicional.

Por ejemplo, tras la entrega de los informes de la REMHI y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala han existido una serie de logros jurídicos como la condena por esclavitud sexual como crímenes de guerra en Sepur Zarco en 2016 y contra los ex presidentes Otto Pérez Molina y Efraín Ríos Montt.

Aguilar considera la frase “Nunca más” como una posibilidad: “El pasado que ya fue, como algo de no retorno y la vía de otros pueblos para reconstituir otras formas de vivir.”

Madres de las niñas y niños que perdieron la vida en la guardería ABC exigen justicia. Fotografía: Luis Suaste

Sin embargo, hay que entender las condiciones particulares de cada país, y que las comisiones podrían incluir también fallos tanto metodológicos como conceptuales en su planteamiento.

Durante la presentación de Romper el Silencio en 2018, Jan Jarab, entonces representante en México del Alto Comisionado de la ONU, advirtió que no se pueden importar modelos, ya que las condiciones y los patrones de violencia son distintos. De entrada, México sigue, aún después del 2018, envuelto en una guerra con factores multidimensionales. Sin embargo, dijo entonces Jarab, las experiencias de otros países podrían justamente mostrar que la problemática es múltiple.

Para México, Beristáin agrega: “hay un horizonte de transformación de una situación de violencia generalizada con una lógica diferente a la dictadura y la guerra civil. Pero los efectos de la masividad de la violencia y la relación entre corrupción, violencia e impunidad: es un círculo que debe romperse”.

Así es que el lanzamiento de la convocatoria zapatista, en consonancia con lo que ha ocurrido en Guatemala y en Perú, donde las familias que enfrentaron la guerra en sus cuerpos encabezaron la exigencia y los trabajos por la verdad, y a la par de varias propuestas similares que desde años existen en México, podría generar un momento ya no para enjuiciar ex presidentes, sino para conformar una cuerpo de relatos desde abajo, porque “esta geografía llamada “México” merece conocer la verdad de lo que pasó y pasa. Y merece justicia.”

*Este trabajo fue elaborado del 2018 a la fecha.

Marcha de las catrinas. 2016. Protesta por la violencia y ante el incremento de feminicidios en México. Fotografía: Luis Suaste

Cifras de la verdad

Argentina

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de 1993 recibió 5792 denuncias y testimonios. Así pudo concluir que 8,800 personas fueron desaparecidas por el gobierno de facto. La mayor parte de la edad de los desaparecidos oscila entre 20 y 35 años de edad. También develó180 centros de detención clandestinos, 30 en el área metropolitana de Buenos Aires y la sustracción de 172 niños con sus madres o nacidos en cautiverio.

Guatemala

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala documentó directamente 23,671 víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 de desaparición forzada. Además, arrojó una cifra esclarecedora sobre el perfil de los muertos: el 83% de las víctimas eran mayas y 17% mestizos. Finalmente, la CEH estima el saldo de víctimas de la guerra guatemalteca en más de 200 mil personas. Más del 90% de los crímenes fueron cometidos por el gobierno.

“Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y la acción colectiva de las comunidades”, declaró la CEH en su informe.

Perú

La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú entrevistó a un total de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas. La comisión determinó 69,280 víctimas fatales e hizo hallazgos sobre el perfil de las víctimas del conflicto entre el grupo armado Sendero Luminoso y el Gobierno del Perú.

Así, determinó que el 20% de las personas asesinadas vivían en el departamento andino de Ayacucho. El 79% de las víctimas vivía en zonas rurales y el 56% se dedicaba al campo. Además, encontró que el 75% de las víctimas hablaban quechua u otra lengua originaria. También determinó que el grupo armado Sendero Luminoso fue responsable de del 54% de las víctimas fatales.

“La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país”, determinó la comisión peruana.