A la sociedad civil nacional e internacional
A casi tres años de la brutal represión que vivimos en Guadalajara, Jalisco, durante las actividades alternas contra la Tercera Cumbre de la ALCUE, el 28 de mayo del 2004, hemos visto que hoy nuevamente, la mano dura, es decir, la represión se ha fortalecido en cada nuevo episodio en donde se hacen publicas las demandas sociales de las y los jóvenes, maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras y así es como, la historia de México esta escrita bajo la sombra de la represión, de los asesinatos, de las persecuciones, desapariciones y encarcelamientos políticos.
A pesar de que México es uno de los países que mas acuerdos y protocolos tiene firmados a nivel internacional, para respetar y hacer valer los derechos humanos, para castigar la tortura y para combatir la impunidad, la realidad nos enseña que en este ultimo sexenio presidencial, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Vemos que existe un ambiente propicio que tolera y avala la tortura en Jalisco, y ahora como hemos visto en San Salvador Atenco y Oaxaca, se cuenta con la complicidad de los funcionarios públicos de todos los niveles, municipal, estatal y federal, los medios de comunicación oficiales, así como grupos empresariales, la jerarquía eclesiástica católica, los jueces, los ministerios públicos y jefes policíacos, tanto, municipal, estatal y la PFP (policía Federal Preventiva), esta ultima es una policía militar. Todos ellos son los actores involucrados directamente en los actos de tortura, con responsabilidad intelectual y material.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documento en su Info0rme Especial para el caso Guadalajara, 73 detenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura, estos datos no reflejan la realidad de lo que vivimos los que podemos dar cuenta de ello. Todas las instituciones de justicia gubernamentales, no solo hicieron caso omiso, sino que se dedicaron a desprestigiar públicamente a este organismo, pese también a la información dada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Anders Kompas, quien en ese entonces fuera Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oficina de México.
Sabemos que a la falta de voluntad política se suma la dificultad de probar y castigar jurídicamente la tortura, pues la sofisticación de los métodos de incomunicación con familiares, abogados de confianza y la CNDH, se suma la complicidad de los actores superiores, para evitar la investigación.
Reconocemos como responsables materiales a la Dirección General de Seguridad de Guadalajara; la Dirección General de Seguridad Publica del estado y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco.
También señalamos que todos los procesos jurídicos han estado llenos de irregularidades legales, implicados en ello los ministerios públicos, los jueces, como los principales pilares en solapar la tortura y la impunidad.
Es por todo ello que nosotr@s, parte de los procesados, amenazados, hostigados, reprimidos y torturados, en este momento interponemos una demanda por tortura directamente a Francisco Ramírez Acuña, quien fuera en esos momentos gobernador del estado de Jalisco y ahora es el Secretario de Gobernación, en esta administración publica del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Específicamente denunciamos que en la impunidad de estos hechos del 28 de mayo del 2004, el principal responsable de estas acciones es Francisco Ramírez Acuña, por que no solo propicio y opero de estas acciones de represión y brutalidad policíaca, sino que además, pocos días después, cuando todavía estábamos detenidos de manera arbitraria, premio económicamente y les dio un reconocimiento publico a los policías municipales y estatales, por su labor en estos hechos.
Nos queda claro que su trayectoria ha sido premiada con la designación del ex gobernador de Jalisco como Secretario de Gobernación, reconociéndolo como el operador de la represión y la tortura, en estos actos del 28 de mayo del 2004 teniendo ahora en sus manos la justicia para los casos de Guadalajara, Atenco y Oaxaca.
Responsabilizamos al presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, al Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, por la integridad personal, física, psicológica y emocional de todos los procesados y victimas de la represión y la tortura, así como de los abogados, las organizaciones de de derechos humanos, civiles y personas que nos han venido acompañando este proceso en la lucha por la justicia y por el respeto a nuestros derechos humanos.
Detenidos y procesados por los actos represivos del 28 de mayo del 2004, en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la tercera cumbre de la ALCUE.
