Ayer jueves por la mañana, habitantes y sobre todo ejidatarios, del pueblo de Caucel (aledaño a la ciudad capital de Mérida) realizaron una marcha pacífica para protestar en contra de los funcionarios de la CUSEY (Comisión ordenadora para el Uso del Suelo en el Estado de Yucatán), quienes han estado invadiendo tierras ejidales, con el argumento de que esas tierras ya se vendieron (por algún comisariado corrupto), pero sin mostrar ningún documento legal que lo compruebe.
La cosa es que Caucel ha sido prácticamente invadido por la mancha urbana y la mayor parte de su tierras ejidales ya están en manos privadas como CEMEX o públicas como la JAPAY (Junta de Agua Potable) que pretende construir una purificadora de agua potable que dé abasto a la inmensa zona que ocupará el aeropuerto (donde están los compañeros de Hunucmá) y el METROPOLISUR (donde están los compañeros de Oxcúm).
El METROPOLISUR y el nuevo aeropuerto son los proyectos más grandes del gobierno panista, el primer paso rotundo del Plan Puebla Panamá en la Península, y un proyecto redondo para todos los partidos políticos que ya aprobaron la petición del gobernador del Estado de un préstamo de 1,048 800,000.00 (es decir, mil cuarenta y ocho millones ochocientos mil pesos) para la construcción del nuevo aeropuerto. Hunucmá y Oxcúm son los más intensos y organizados de esta lucha contra los proyectos millonarios del gobierno panista y los grandes empresarios extranjeros y “yucatecos” (que generalmente son socios o parientes, como el caso de Roberto Hernández).
El abogado William Santos Sáenz ha acompañado a estas luchas y, últimamente, a otras como la de los taxistas en Motul o los ejidatarios de Caucel (a quienes recién empieza a asesorar). La marcha de ayer en Caucel, donde habían como unas ciento cincuenta personas, pedía explícitamente que la maquinaria de la CUSEY dejara de invadir la última franja habitacional que poseen y aseguran no haber vendido. Pidieron hablar con el conductor de la máquina y le dijeron que le dijera a sus jefes que se salieran y se mantuvieran en su límite. Todo fue absolutamente pacífico. Los compañeros dicen que vieron darse unas vueltas al funcionario de la CUSEY poco antes de que iniciara la marcha (a las 10:30 comenzó) y en cuestión de poco más de media hora ya tenían un operativo de la policía estatal con aproximadamente 15 patrullas y dos camionetas antimotín llenas. Los policías llegaron frente a la gente que, dispersa, platicaba mientras se plantaba frente a la parte invadida, se bajaron e inmediatamente comenzaron a detener a la gente. El abogado William Santos caminó hacia la policía para ver qué estaba pasando cuando fue esposado y arrestado junto a 38 personas más, entre ellos un menor de edad que ya ha sido liberado, entre las cuales se encuentra gente importante para el movimiento de resistencia, como lo son los compañeros de Hunucmá (hay cuatro detenidos): el comisario ejidal don Marcelino Mex Cauich que fue recién electo por la Asamblea para ocupar el cargo frente al problema del aeropuerto, y José Gilberto Koc Canal, ambos, compañeros del Congreso Nacional Indígena y personajes claves en la lucha de su pueblo. Todos los demás detenidos (treinta y tres) son del pueblo de Caucel, hay entre ellos ancianos que están enfermos, y gente que no estaba en la marcha-manifestación sino que sólo estaba cerca del lugar, como el caso de varios campesinos que regresaban del monte (la detención fue a las 11 de la mañana) y a quienes ahora intentan acusar de portación de armas “peligrosas” (porque traían coa y machete!) y demás delitos menores como el de obstrucción del paso (a la maquinaria). Los presos van desde gente muy importante del movimiento hasta un anciano recogedor de botellas de plástico que sólo pasaba por ahí.
No se le ha permitido a los abogados hablar con los detenidos, Rafael Acosta Solís abogado particular de algunas personas de Caucel interpuso once amparos contra la incomunicación, pero ya pasada la media noche nos enteramos que habían pasado a declarar algunos y que los habían obligado a firmar (a saber qué) sin presencia más que del abogado de oficio. También sabemos que muchos de los presos no aceptaron declarar ni firmar. Villevaldo Pech (asesor jurídico de uno de los grupos artesanos de Chichén Itzá) está tratando de abogar por William Santos, con quien lleva una amistad personal y con quien trabaja en conjunto, y por los compañeros ejidatarios de Hunucmá, pero todavía no se ve una defensa clara para todos, aunque se entiende perfectamente que este es un golpe político (infunden el miedo y miden la fuerza de la respuesta organizada) y un mensaje a los compañeros de Hunucmá y Oxcúm para que sepan que ahora sí, después de que ya no tienen que jugarse una presidencia, va en serio.
El operativo ya estaba orquestado de antemano y decidieron golpear en una comunidad como Caucel donde no se encuentran las fuerzas tan organizadas como en Hunucmá y Oxcúm (los tres pueblos son aledaños) y donde sabían que podían reprimir con más seguridad y agarrar tanto a William Santos como a don Marcelino Mex, José Gilberto Koc Canal, Felipe Moo Borges, de Hunucmá, porque estaban fuera de la zona roja, es decir, más organizada.
El procurador Armando Villareal Guerra, quien fue asesor jurídico del gobierno estatal panista, aceptó hablar, primero, con una comisión de cinco personas a quienes les dijo que se iban a tomar las declaraciones pero que todavía no sabía por qué los habían detenido (esto fue a las 10 de la noche!) ni qué cargos se les imputaban, pero que estaban tipificando el delito para poder tomar las declaraciones. Horas más tarde, Armando Villareal salió a los pasillos donde nos encontrábamos y en una actitud por demás prepotente agredió a los dos abogados y les dijo que dejaran de azuzar a la gente porque la Procuraduría sólo se estaba actuando con “legalidad”, con tal cinismo que molestó muchísimo a los familiares y compañeros (a esta hora ya habían llegado a apoyar los compañeros de Oxcúm y Umán).
Sabemos que el golpe, a los ejidatarios que defienden su tierra del gobierno y los empresarios, estaba planeado y justo después de las elecciones iba a consumarse. Mandan claro el mensaje: no habrá ley del machete y mano dura a la disidencia y, de paso, capturan a compañeros importantes dentro de la lucha en contra de estos dos gigantes proyectos capitalistas en el Estado.
