En la comunidad La Concepción, zona rural del puerto de Acapulco Guerrero, la madrugada del 7 de enero de este inicio 2018 un grupo de la delincuencia organizada emboscó a policías comunitarios dejando un saldo de 3 comunitarios asesinados y 6 del grupo agresor. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) informó a través de una acción urgente (http://bit.ly/2EkBHVZ) que los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local.

Aún cuando los cuerpos yacían en el suelo y el ministerio público no llegaba, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui declaró ante medios de comunicación que el pasado 5 de enero integrantes del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de La Concepción de la región Cacahuatepec, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) detuvieron a una persona que se metió a los bienes comunales de Coatepec junto a un grupo de sicarios armados con armas de grueso calibre y encapuchados, quien declaró ser contratados por el empresarios Humberto Marín y tener la encomienda de asesinar a personas visibles de su organización, entre ellos el propio Marco Antonio, Cenobio Carmen y Cecilio Morales.

Alrededor de las 10 de la mañana de ese mismo día, por órdenes del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, arribaron alrededor de 100 elementos de fuerzas estatales, ministeriales, federales y militares para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias legales. Paralelamente las fuerzas de seguridad catearon casas en las comunidades vecinas de los miembros del CECOP sin ninguna orden legal.  En medio de esta provocación, agentes estatales detonaron sus armas ejecutando extrajudicialmente a 2 policías comunitarios más y deteniendo a 38 personas, entre ellas a Marco Antonio y Vicente Suástegui, promotores visibles de la oposición en contra de la presa La Parota e impulsores de la reconstitución de la CRAC-PC en la región.

En entrevista telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Isidoro Vicario durante el transcurso del 9 de enero fueron liberadas 13 personas, mientras que 25 quedaron a disposición del ministerio público y se le imputan el delito de homicidio calificado en agravio de 6 personas, hizo énfasis en recordar que “esas 6 personas no es el número total, el número total es de 11 personas muertas, todas las demás personas que no están en esta carpeta de investigación son elementos de la policía comunitaria de la comunidad, es decir, que la investigación se está siguiendo de manera parcial porque no están todas las víctimas”.

Escucha la entrevista completa con Isidoro Vicario, abogado del CDHM Tlachinollan:

En un comunicado de la CRAC-PC fechado el 8 de enero, señalan: “hoy que se arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿Por qué no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo?. Todo esto se confabula para dar paso a los proyectos de los grandes capitales que pretenden saquear nuestros recursos naturales. Con esto han demostrado una vez más que las maniobras que implementa el Estado están orquestadas para destruir nuestro sistema comunitario.”

Reporteros que realizaban su trabajo en el lugar fueron agredidos, amenazados con desaparecerlos y arbitrariamente despojados de sus memorias y cámaras fotográficas como en el caso de Bernardino Hernández de proceso.

La participación de fuerzas federales y estatales implica directamente al gobernador Héctor Astudillo Flores y a Enrique Peña Nieto en las ejecuciones extrajudiciales y el ataque armado en contra del CECOP y de la CRAC – PC. Una vez más se demuestra el actuar conjunto entre el crimen organizado y el Estado mexicano, la delgada línea entre ambos que nos mostró el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, hoy desaparece dando muestra de un mismo ente criminal. En los hechos es una muestra del actuar de los diferentes niveles de gobierno amparados en la Ley de Seguridad Interior que autoriza el uso de la fuerza letal, el espionaje, las detenciones arbitrarias y la incomunicación de los detenidos como sucedió en un primero momento con las 38 personas detenidas.

Los hechos están relacionados también con una agresión más al sistema de justicia comunitaria, pues La Concepción pertenece a la CRAC – PC, forma parte de las acciones de represión sistematica hascia este esfuerzo que está logrando una reconstitución de los pueblos tras las fracturas impulsadas por el propio estado y operadas por personajes oscuros de la región. Se le suma también a la judicialización que han sufrido las policías comunitarias desde el 2013 como es el caso de Samuel Ruíz y de Gonzalo Molina.

Campesinos contra el despojo y por la justicia

El 28 de julio de 2003 en la región del río Papagayo se gestó un movimiento nutrido por hombres y mujeres que habitan en el Acapulco rural y que viven fundamentalmente de lo que producen en el campo y lo que llegan a pescar en el río. Abel Barrera, director del Tlachinollan recuerda que es un movimiento que nació a contrapelo de las políticas privatizadoras del gobierno federal y cuyo eje de su lucha se centra en la defensa de sus bienes naturales. Se organizaron al ver que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incursionaba sin permiso a su territorio, trasladando maquinaria pesada para realizar los trabajos previos a la construcción de la cortina que tendría una altura de 190 metros para almacenar el agua del río papagayo y edificar el megaproyecto de la presa hidroeléctrica conocida como La Parota, un proyecto basado en el despojo y desplazamiento de los habitantes.

Campesinos que viven en los márgenes del paradisiaco puerto de Acapulco, crearon el Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) como una forma de defender su territorio y el río Papagayo. Las mujeres instalaron plantones para impedir la entrada de los trabajadores de la CFE. Los jefes de familia reavivaron las asambleas y apelaron a las instancias jurídicas para hacer frente a la embestida del estado que diseño una estrategia burda para comprar conciencias y realizar asambleas espurias simulando consultas para autorizar la construcción de la hidroeléctrica. Desde entonces, el estado mexicano junto a empresario han utilizado la judicialización y violencia de las policías, el ejército y ahora a grupos del crimen organizado para desarticular el esfuerzo organizativo de las mujeres y hombres del CECOP.

La determinación de más de 5 mil comuneros y comuneras contra la presa hizo que ganaran ante los Tribunales Agrarios 6 juicios con lo que se demostró la razón jurídica, mientras que la razón comunitaria se
concreto a través de una consulta de los pueblos respaldada por los usos y costumbres con la presencia de un funcionario de la CFE, expertos académicos quienes presentaron los daños de la presa para la comunidad.

Links de videos:

Sobre periodistas agredidos: https://www.facebook.com/AgenciaCuadranteAzul/videos/758880507651790/

Información sobre el operativo: https://www.facebook.com/elsuracapulco/videos/1605996009487395/?hc_ref=ARQeeyogWpA8bkUdXOuZQx1W9OR5UvtRYJLe2d3Kr4xHABBn5Z-xF1W_a–oemCa860&pnref=story

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