Damnificados, padres de familia y magisterio de la Sección 22, iniciaron este 1 de diciembre una marcha desde el municipio de Asunción Ixtaltepec, uno de los más afectados por el terremoto de 8.2 grados en escala de Richter ocurrido el 7 de septiembre de 2017, se dirigieron a El Espinal y tuvieron como destino de llegada la explanada de la presidencia municipal en Juchitan. (Casi 10 km de distancia).

La marcha de este día en el Istmo de Tehuantepec, ha sido sin lugar a dudas, una de las más grandes y concurridas de las que se tiene memoria en la región, en ella participaron madres, padres de familia, población en general, organizaciones de damnificados  y maestros de las ocho regiones de Oaxaca con una sola demanda: Exigir al gobierno federal y estatal la reconstrucción total y digna de las aulas, escuelas y viviendas afectadas por el sismo de 8.2 sucedido el 7 de septiembre y dañadas nuevamente por el sismo de 6.1 del 23 de septiembre.

Al grito de “No se ven, no se ven los recursos del FONDEN”  Y “Va a caer, va a caer los recursos del FONDEN” los maestros se unieron en una sola voz a las demandas de la población por una reconstrucción digna, sin condicionamientos y engaños. Ya que en este proceso los recursos asignados por el FONDEN no han sido los prometidos. Se han registrado muchas irregularidades como el hecho de que de los 30 mil pesos asignados a la población sólo han otorgado 15 mil en el caso de pérdidas parciales, lo mismo ha sucedido con las pérdidas totales cuyos recursos no han sido depositados de manera completa.

Del mismo modo se exigió la culminación de la reconstrucción de todas las escuelas afectadas por el sismo en la región ya que los trabajos no han sido terminados y hay empresas que han dejado inconclusos los trabajos como es el caso de la Secundaria Técnica No. 19 en Ixtaltepec en donde pese a que los planos incluían la construcción de los baños, la constructora se retiró sin concluirlos.

Durante el mitin que se llevó a cabo en frente a lo que era el palacio municipal de Juchitán, ahora en ruinas, los representantes de la sección XXII, padres de familia y organizaciones de afectados exigieron: “se concluya el censo del 7 de septiembre y se registren nuevamente las casas dañanadas después del sismo de 6.1 sucedido el 23 de septiembre que termino de derrumbar las casas que hasta ese momento sólo tenian daño parcial” y que el monto de los daños parciales se calculen en 120 mil pesos mientras que los daños totales sean de 300 mil pesos; esto considerando los costos que el estado mismo establece para los créditos del INFONAVIT que por mucho superan lo que esta asignando para la reconstrucción.

Del mismo modo representantes de San Blas atempa exigieron al gobierno estatal y federal atender las demandas de las mujeres que perdieron sus hornos ya que esta población no había entrado en ningún programa para la reconstrucción de los mismos.

A escasos días de que se cumplan tres meses del terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter del 7 de septiembre de 2017, y de los posteriores sismos del 19 y 23 de septiembre que también impactaron en el estado de Oaxaca, la desolación se mantiene en las diferentes regiones impactadas por el desastre, las más de ellas completamente ignoradas. Tal es el caso de San Lorenzo Jilotepequillo, perteneciente al Municipio de Santa María Ecatepec; comunidad afectada por los sismos y que ni siquiera entró en el listado de municipios afectados, es decir no se elaboró el censo para reportar los daños de al menos 30 hogares totalmente colapsados y el daño parcial en al menos 70 casas más. Los habitantes denuncian además que el único ofrecimiento de parte de la Secretaría General de Gobierno y SEDATU son 50 paquetes de laminas para la comunidad.

En contraste desde el gobierno federal se pronuncia que la emergencia quedó en el pasado y se presume de una reconstrucción inmediata; cabe señalar a Rosario Robles, alguna vez aplaudida como ejemplo de la “mujer de izquierda” dentro del Partido de la Revolución Democrática al tomar el puesto de jefa de gobierno del Distrito Federal y que a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; es una de las principales responsables del abandono a miles de personas que lo perdieron todo y que en contraste continúa con los esfuerzos coordinados de la administración federal, el gobierno del estado y empresarios para la instalación de mineras y de la Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec.

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interna, a un año del inicio de la próxima administración federal que se perfila en el contexto electoral como una nueva imposición; es de resaltar la concurrida movilización exigiendo el derecho a una recostrucción digna de las viviendas e infraestructura colapsadas en el Istmo, una región de  alta prioridad para los intereses transnacionales que se manifiesta en defensa de sus derechos.

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