Reforma al artículo 362 del Código Penal del D.F

El miércoles 26 de diciembre se convocó a una movilización a favor de la derogación del artículo  362, a la cual asistieron alrededor de 150 personas que se reunieron desde la 12 am en el Monumento a la Revolución.

El contingente avanzó por Av. Juárez hasta Eje Central  donde este comenzó a hacerse más  grande gracias a la gente que se unía llegando a ser alrededor de unas 400 personas.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entró una comisión de padres de familia, quienes a su salida comunicaron que la derogación del artículo 362 no sería posible, ya que los diputados se negaron,  sin embargo se habló de una modificación, la misma que se logró con 50 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones,  con la cual los presos del 1DMX alcanzarían libertad bajo fianza.

Según declaraciones de los abogados de la liga 1DMX este artículo se modifico de tal manera que ahora la pena es de 2 a 7 años de prisión,  “ahora solo resta la publicación de esta modificación, la cual se espera que sea el día jueves 27 de diciembre” puntualizaron.

Aclararon también los familiares, que sus presos continuarían con la huelga de hambre que se mantiene al interior del reclusorio norte hasta que no se haga la publicación de dicha modificación.

En la reciente modificación publicada el día 27 se señala “Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”

Por otro lado, no se han esclarecido los casos en donde existieron violaciones a los derechos humanos e irregularidades que se sufrieron durante todo el proceso.

Aun existe un descontento con el Gobierno del Distrito Federal, no es suficiente que el artículo 362 sea modificado, pues incluso reformado queda en ambigüedad y sujeto a distintas interpretaciones, continua criminalizando la protesta social, además de apuntar que en la reincidencia no se alcanza la fianza.

“Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, señala la nueva redacción del Artículo

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