Comunicado del Comité Jurídico y de Derechos Humanos #YoSoyl32

A nuestros amigos, quienes hoy son presos de conciencias:

El pasado 1 de diciembre, el movimiento 132 participó en las movilizaciones llevadas a cabo en la Ciudad de México en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. Éstas iniciaron en San Lázaro, donde se dieron los primeros choques con la policía que resultaron en más de 20 heridos por el uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, gas pimienta, y posteriormente se trasladaron a las inmediaciones del zócalo, donde se dieron nuevos enfrentamientos. En esta ocasión, la policía del Distrito Federal actuó con lujo de violencia para detener a manifestantes que no eran partícipes de los disturbios, personas que se acercaban a ayudar a los heridos y detenidos, e incluso personas que simplemente pasaban por la calle.
En total, se detuvo a 96 personas, incluyendo 20 mujeres y 11 menores de edad. Todos los menores de edad fueron liberados, aunque el día de hoy quedan presas 69 personas, contra quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió 5 averiguaciones previas, imputando a todos el delito grave de “ataques a la paz pública con agravante de pandilla.” Todo esto, a pesar de que la propia Comisión de Derechos Humanos del D.F. ha documentado por lo menos 22 casos de detención arbitraria.
El movimiento #YoSoyl32 se ha declarado pacífico, por lo que rechaza haber sido parte de cualquier acto de violencia, sin embargo también como parte de su declaración de principios, respeta otras formas de lucha. Entendemos el hartazgo de la sociedad por éste régimen injusto y antidemocrático por lo que no le corresponde al movimiento calificar de “buenos” o “malos” los diferentes esfuerzos desde la sociedad organizada por terminar con el actual régimen. Cabe aclarar que sí hay compañeros de #YoSoyl32 en reclusión y. declaramos nuestro apoyo incondicional para ellos y todos los presos de conciencia, todos son nuestros presos.
En todo el proceso ocurrido desde el primero de diciembre hasta hoy, se han suscitado diversas violaciones al Debido Proceso y a los Derechos Humanos. Estas comenzaron con la violencia empleada para detener a los manifestantes y a distintas personas de forma arbitraria, y continuaron con el ilegal cerco que tendieron en un primer momento los elementos de la PGJ. para después ser relevados por contingentes de granaderos, quienes impidieron el acceso de familiares, abogados y miembros de este comité a la agencia 50 del MP, evitando así poder constatar en qué estado se encontraban nuestros compañeros. Esto es claramente violatorio de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional apartado A, Fracción IX. Posteriormente, los detenidos fueron consignados durante la madrugada, sin haberse desahogado las pruebas existentes, dándose una nueva violación al debido proceso y al derecho humano a la presunción de inocencia.
No bastando con esto, el día de ayer 5 de Diciembre, mientras los compañeros detenidos se encontraban en audiencia, de nueva cuenta se formó un cerco policiaco en la entrada de los juzgados del reclusorio norte, que llegó a impedir el acceso de algunas personas que fungirían como testigos y puso en peligro la labor de defensa de varios de los abogados solidarios. De nueva cuenta, nos encontramos con que la autoridad incumple con la ley, esta vez impidiendo se actuase conforme a lo establecido en el Art.59 del código de procedimientos penales del D.F. en donde se nos dice que toda audiencia será pública, pudiendo entrar libremente todos aquellos que parezcan mayores a 14 años.
La criminalización en los medios de comunicación de todos los detenidos ha sido constante, calificándolos de “vándalos” y violando nuevamente el derecho humano a la presunción de inocencia. Esto ha sido particularmente grave en los casos de los compañeros Stylianos García Vackimes, Mario Flores Guerrero Ángel Boydan Florezco, Miguel Ángel Zepeda Patlani y Judith Gómez Contreras, a quienes la procuraduría ha señalado como “líderes de la revuelta.” Esto no hace más que demostrar su ignorancia de la forma en la que el movimiento está organizado y la falta de profesionalismo a la hora de investigar. Aunado a esto, se facilitó esta desinformación a distintos medios como Excelsior y NSSOxaca, destruyendo así la presunción de inocencia y promoviendo entre la sociedad la idea de que nuestros compañeros son culpables, celebrando de esta forma un juicio mediático ilegal e injusto.
Recordamos al G.D.F. lo que ya determinó la SCJN1, con respecto a que las funciones de seguridad pública han de estar sometidas a la constitución y a los tratados internacionales sobre DDHH, diciendo que “Resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el código supremo”.
Es por ello que exigimos al Gobierno del Distrito Federal el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de nuestros compañeros, desistiendo de las acusaciones en contra de los detenidos. Exigimos también a la Comisión de Derechos Humanos del D.F. que lleve a cabo investigaciones serias y a profundidad sobre las violaciones que han quedado ampliamente documentadas. Exigimos castigo a las autoridades represoras, exigimos la reparación del daño a nuestro compañeros agraviados, exigimos garantías de no repetición y finalmente exigimos gritando…
Al Pueblo de México
A la Comunidad Internacional
¡Presos políticos. Libertad!
Si no ardemos juntos ¿Quién iluminará esta oscuridad?
#Yosoyl32
Comité Jurídico y de Derechos Humanos #YoSoyl32
#YoSoyDefensorDH
1 Tesis jurisprudencial P./J.35/2000

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