Algunas poblaciones ocupan un lugar privilegiado en la historia de las luchas emancipadoras en México. Tienen ese espacio porque allí se han lanzado proclamas, planes o manifiestos libertarios o porque han sido el territorio en el que se han escenificado grandes combates sociales. Entre los primeros se encuentran, por citar algunos, Ayutla, San Luis Potosí o Ayala. Entre los segundos están localidades como Veracruz, Cananea y Río Blanco.
Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, formará parte de la nomenclatura histórica que alimenta el imaginario de la gleba. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.
Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el pasado 13 y 14 de junio el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se ha izado la bandera blanca en el campo.
El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.
La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.
El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios.
Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.
Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defiendan su integridad, las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.
La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.
El 29 de junio pasado pistoleros al servicio de los caciques agredieron a tiros a un grupo de mil pobladores de Ostula que habían recuperado, pacíficamente y por la vía de los hechos, el paraje. El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.
Pero, más allá del hostigamiento de los caciques, las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.
Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, que será bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.
En Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electorales. Los comuneros exigen el inmediato castigo de los responsables del ataque sufrido el pasado 29 de junio, y el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre La Canahuancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial, así como el respeto y reconocimiento de su policía comunitaria.
La reivindicación de la autodefensa indígena sistematizada en El Manifiesto de Ostula es, simultáneamente, un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios de nuestro país, y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía “de facto”.
