“Tener techo es un derecho” demandan otomíes a Claudia Sheinbaum; les reciben con granaderos

21 de julio de 2022

“Tener techo es un derecho” demanda la Comunidad Otomí a las afueras de la oficina de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Durante más de 30 años, este grupo ha buscado diferentes mecanismos para garantizar el acceso a una vivienda digna y decorosa, señalan. Mientras la protesta transcurre, el cuerpo de granaderos impide el paso al edificio de la Jefatura de Gobierno, situado en una orilla de la Plaza de la Constitución. Las mujeres otomíes llevan en sus manos un documento que contiene sus demandas; buscan entregarlo.  

Desde el año 2020 la comunidad espera una respuesta, sin embargo, quedó inconcluso el proceso de otorgarles la propiedad de los predios en donde mantenían los campamentos. Hace falta la firma de la jefa de gobierno, en el caso del predio ubicado en Zacatecas 74, colonia Roma y una expropiación presidencial para el caso de Roma 18, colonia Juárez. También quedaron en pausa las mesas de diálogo que se instalaron tras la toma del edificio que antes era gestionado por el  Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 

Durante el mitin denunciaron que la jefa de gobierno está más enfocada en el proceso de candidatura a la presidencia del país que en su gobernanza actual, pues existen problemáticas que decide ignorar, como el derecho a la ciudad que tienen los pueblos originarios que radican en la metrópoli.

Durante la tercera semana de julio de este año en la Ciudad de México aparecieron pintadas algunas bardas: «Para que siga la transformación #EsClaudia », lo que generó un debate en redes sociales y controversia sobre las posibles intenciones de Sheinbaum sobre su postulación para ser candidata a la presidencia del país. Ante estos acontecimientos, la comunidad otomí lanza un mensaje en una pancarta: «La 4 transformación #EsClaudia discriminando a los pueblos indígenas residente (sic.)». 

 

El diálogo público quedó inconcluso desde que en 2021 el entonces secretario de gobernación en noviembre de 2020, Alfonso Suárez del Real, prometió agilizar los trámites necesarios. Después, con el cambio de puesto, Martí Batres, nuevo titular, se reunió con representantes de la comunidad el 15 de febrero de 2022, pero tampoco hubo una respuesta significativa.

“Vamos a agotar las vías legales” dice el representante de la Comunidad Otomí, Diego García, quien también es integrante de la organización Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Benito Juárez (UPREZ-BJ), después de entregar un documento en el que enuncian sus demandas. “Se supone que es una ciudad de derecho. Es una ciudad de puertas abiertas, pero para la mafia de las inmobiliarias y las empresas transnacionales” dice a manera de crítica sobre la administración gubernamental. 

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