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El pasado 25 de mayo, detienen y desaparecen en Oaxaca a dos integrantes de Ejercito Popular Revolucionario: Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo. Durante los primeros días tanto familiares, como organismos de derechos humanos insistieron en que tenia que ser publica su aparición.

Desde el inicio hubo indicios de que los detenidos estaban en las instalaciones de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca y que altos mandos de la PFP y la AFI tenían conocimiento de estas detenciones. Son ya casi 2 meses y ninguna institución gubernamental ha declarado sobre estas detenciones y no se sabe siquiera el paradero de los detenidos. Es importante resaltar que la desaparición forzada está tipificada como un crimen de lesa humanidad.

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Boletín de Prensa de la LIMEDH sobre desapariciones y ataques al Comité Cerezo

Articulo sobre la desaparicion forzada

 

Lee dos artículos de Carlos Montemayor: EPR parte 1EPR parte 2

 

Comunicados del EPR:

 

Comunicado del 20 de junio

Comunicado del 10 de julio (Guanajuato)

Comunicado del 10 de julio

Desde el inicio, en las detenciones los familiares estuvieron monitoreando el paradero, en especial la hija y la esposa de Edmundo Reyes, quienes comenzaron campañas junto con Defensores de derechos humanos como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Organización Mundial Contra la Tortura y el Comité de Desaparecidos sección Oaxaca “Hasta encontrarlos”. Estas campañas pedían a las diferentes instancias le presentación de los detenidos.

Ante esta situación que pinta como el regreso de la guerra sucia, la cual fue orquestada en décadas pasadas por los gobiernos priistas, el gobierno de Felipe Calderón inicia esta etapa nueva con las mas bajas tácticas que castigan al movimiento social pacifico y los movimientos armados. Desde la entrada del PAN al poder en México se dieron diferentes brotes de violencia de estado, terrorismo de estado, los cuales en su máxima expresión dieron como resultados los cientos de presos en movimientos como Atenco y Oaxaca, además de varios asesinados.

 

Durante esta guerra sucia contemporánea se vieron casos individuales donde el gobierno tenía como objetivo la criminalizacion de cualquier expresión del movimiento social. Esta guerra sucia se dio durante los 7 meses que van del año especialmente en Oaxaca donde los aparatos policíacos pusieron en práctica un plan de hostigamiento, cárcel y muerte a los que dignamente seguía organizándose después de la represión masiva en Noviembre del 2006.

 

El pasado 2 de junio el EPR emitió un comunicado donde informo la detención-desaparición de dos de sus militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años y Edmundo Reyes Amaya de 50 años, detención ocurrida el día 25 de mayo en la ciudad de Oaxaca. Así mismo informo sobre la tortura brutal de la que estaban siendo objeto en las oficinas de la PGR por el ejército, la Agencia Federal de Investigación AFI y agentes norteamericanos asesores de la policía y el ejército.

 

En un siguiente comunicado fechado el 20 de junio el EPR declara en alerta general a todos sus militantes y combatientes, reivindica la resistencia oaxaqueña y señala el camino de corrupción y represión del gobierno de Vicente Fox así como el de Felipe Calderón. En el documento el EPR hace responsable de las desapariciones de sus dos militantes, al gobierno estatal del asesino Ulises Ruiz Ortiz y al federal de Felipe Calderón

 

Posteriormente el 10 de julio el EPR hace públicos dos comunicados donde informa haber realizado ocho acciones detonando cargas explosivas en ductos de la paraestatal PEMEX ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de la casa de válvulas en la comunidad Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro entre el 5 y 10 de julio del presente año, esto como parte de una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y al gobierno de Felipe Calderón. Al pueblo de México le informan que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a sus militantes.

 

Con los ataques a los ductos de PEMEX tuvieron que parar empresas como NISAN Y HONDA por la insuficiencia del gas proporcionado por los ductos inhabilitados. Dentro de la táctica hostigamiento contra los intereses de la oligarquía el EPR cumplió su objetivo afectando principalmente a estas dos empresas dejándoles pérdidas millonarias. La planta de Nissan ubicada en Aguascalientes y la planta de Honda en Guadalajara, el pasado 5 de Julio detuv
ieron la producción al quedarse sin gas por el corte tras registrarse tres explosiones en un gasoducto. La noche del lunes se reestableció el abastecimiento del energético y reiniciaron las actividades. Pero la madrugada de este martes 10 de julio tuvo lugar una nueva explosión que afectó otros tres ductos, uno de ellos de gas natural, por lo que se volvió a cortar el suministro.

 

Los ataques del EPR a los ductos de PEMEX no dejaron daños a civiles, condenados por la iglesia y el estado así como diversos sectores de la izquierda institucional y medios de comunicación, las explosiones han dejado perdidas millonarias a mas de mil empresas de las ramas: siderúrgica, automotriz y de vidrio, empresas como la Ideal Standard, Vitro, Nissan, Honda y Canacintra entre otras.

 

Por su parte el Secretario de Protección Ciudadana de Oaxaca Sergio Segreste Ríos informo mintiendo que la policía no tiene detenidos a los dos militantes, así mismo Evencio Nicolás Martínez Ramírez procurador de Justicia del estado menciono que en Oaxaca no existen detenciones arbitrarias, negando así la realidad en la que el gobierno espurio de Ulises Ruiz se mantiene, a base de represión que incluye desapariciones, asesinatos, secuestros, tortura y cárcel para los luchadores sociales y la resistencia popular oaxaqueña, esto señalado y condenado incluso por organizaciones internacionales de derechos humanos.

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