El difícil tránsito de nuestras libertades políticas

“Sin lucha, no hay avance”.
Frederick Douglas

Las contiendas sociales a través de las distintas etapas de la historia de nuestro país, han tenido elementos comunes: luchar contra la tiranía, la conquista de libertades políticas, mejorar las condiciones de vida para la mayoría de la población y posibilitar su participación real en la toma de decisiones colectivas.

A pesar de que los logros, han sido a veces diminutos y en otros casos significativos, podríamos decir que su camino ha estado lleno de obstáculos y retrocesos.

No olvidemos que los intereses del capital tienen distintos métodos, han sometido a sus intereses y necesidades a la clase política y gobernantes. Modifican las leyes según su avaricia, no importando si sus efectos, son contrarios a los derechos y necesidades sociales y a principios éticos elementales. Y cuando no pueden manipular las leyes y la inconformidad se organiza, la represión surge.

En estos meses, cuando el PRI llega nuevamente al poder, se presentan distintos procesos de reacomodo en las estructuras de poder político y económico, que buscan profundizar las directrices neoliberales acorde a los designios de organismos internacionales, como el Banco Mundial y la OCDE. Manejando todos los recursos a su disposición, imponen reformas estructurales (educativa, energética, hacendaria) que contravienen marcos jurídicos nacionales e internacionales, pero sobre todo, el sentido mismo de una sociedad libre, incluyente, participativa y equitativa.

Las libertades políticas como esencia de la participación

Los derechos políticos son los que garantizan a lxs ciudadanxs su participación en la toma de decisiones públicas. Son por esencia, los que hacen del pueblo el soberano [1] y buscan que las personas logren participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones colectivas.

La Constitución política mexicana reconoce las siguientes libertades y derechos políticos:

Todos y cada uno de los derechos señalados, permiten que lxs ciudadanxs se informen, compartan, expresen, exijan, manifiesten e incidan en las decisiones que lxs involucren.

No hay Democracia sin participación. No hay participación sin ejercicio de nuestros derechos.

Cuando el poder se corrompe y se conserva sin contrapesos sociales. Los gobernantes anteponen el control ideológico y mediático para formar ciudadanxs dóciles, permeados de miedo, egoísmo y apatía.

Retroceso en nuestros derechos

En un clima de inconformidad social, ante la demagogia de políticos, la simulación  de elecciones democráticas, la corrupción e impunidad; la clase gobernante, partidos y grupos fácticos confabulan la supresión de las libertades políticas. Si bien, en la práctica cotidiana en muchos lugares y en contra de algunos sectores organizados, éstas son letra muerta; en nuestros días, se pretende legalizar  el control policiaco de la inconformidad, al mejor estilo fascista.

En distintos campos y estados se presentan situaciones más que alarmantes. Hay propuestas de ley que pretenden regular y en la práctica negar el derecho de manifestación y participación política. [2]

Las elites en el poder, a través de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y demás partidos satélites, han presentado iniciativas que buscan que toda manifestación deba pedir permiso por anticipado, limitan su tránsito por vialidades primarias, las condicionan a no insultar a la autoridad, y además, solamente se autoricen en ciertos días y horarios.

Para diversas organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: “En la  democracia, existen distintos principios que funcionan como elementos necesarios e indispensables (como condiciones o precondiciones democráticas) que deben cumplirse de manera efectiva por el Estado. La ausencia, lesión o distanciamiento de estos principios, aleja al sistema de que se trate, de un sistema verdaderamente democrático”.

Además sostienen que “la protesta social se vincula históricamente con el fortalecimiento de la vida democrática en  la  medida  que  opera  como  un  elemento  que  posibilita  la deliberación,  consenso  y resolución sobre cuestiones de interés público y trasparentar así las determinaciones del Estado”. [3] 

Criminalizar la protesta es antidemocrático y polariza el descontento social, dando cabida al abuso de autoridad y violentando las normas jurídicas vigentes. [4] 

Reformas constitucionales contra libertades políticas

Expresión e imprenta

Con la Ley de telecomunicaciones (Telecom) se presenta la posibilidad legal de “instaurar un sistema de vigilancia mediática” [5] al otorgar facultades discrecionales a las agencias de seguridad del Estado para obligar a los concesionarios de servicios de telecomunicación bloquear señales en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional”.

Dicha ley, abre la posibilidad de censurar de contenidos, aplicaciones o servicios en Internet “contrarios a alguna normatividad” o cuando lo ordene una autoridad. Es decir, cualquier autoridad podría “bajar” contenidos de la red sólo por afectar su imagen o intereses.

Además las empresas de telefonía están obligadas a conservar y facilitar a las autoridades, el registro de las comunicaciones y la ubicación de las personas. Perderíamos la privacidad y estar monitoreados” permanentemente.

La libertad de prensa está sometida a los designios del poder. El Informe Anual de la organización Freedom House, denominado “Libertad de Prensa 2014?, ubica a  México en la categoría de “país no libre” por ocupar el lugar 132 de la lista de naciones que no otorgan garantías para la libertad de expresión.

Si no bastara con lo anterior, contabiliza desde el 2000 a 76 periodistas asesinados
y 16 desaparecidos. Y el 2013 fue el año con más agresiones a reporteros, fotógrafos y medios de comunicación, al registrar 330 casos de daños contra la prensa.

Manifestación y asociación

En el Distrito Federal el miércoles 30 de abril se aprueba Ley de Movilidad, destacando los artículos 212, 213 y 214 en los cuales se establece la necesidad de dar aviso en las manifestaciones públicas, condicionándolas a que tengan una “finalidad perfectamente lícita” y prohibiendo la “perturbación de la paz y tranquilidad de la población. Además, se condiciona el cumplimiento de las obligaciones de tutelar el derecho a la manifestación pacífica únicamente para aquellos que den aviso a las autoridades con una anticipación de 48 horas. No se podrán utilizar las vías primarias de circulación contínua y permite a los cuerpos policiacos tomar las “medidas necesarias para evitar el bloqueo”. Con lo anterior, se permite la interpretación y el uso discrecional de las autoridades contra organizaciones y miembros de la sociedad civil que se opongan a sus intereses y  acciones de gobierno.

Sumemos a lo anterior, que el 25 de marzo el GDF publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo 16/2013, por el que se expide el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes, que  bajo el argumento de” mantener el orden público y proteger la integridad de las personas y de sus bienes” permite a los cuerpos policiacos “identificar” a personas que, según su criterio, presenten “actitudes agresivas”; después de detectarlas, detenerlas y aislarlas del resto de los manifestantes.

Además de lo anterior, permite a la policía “restablecer el orden público”, usando, desde la persuasión verbal, la confrontación cuerpo a cuerpo, la utilización de armas incapacitantes no letales, hasta el  empleo o no de armas de fuego.

Como sostiene Miguel Concha, “con ello (el GDF) está generando impedimentos para su ejercicio (de los derechos a las libertades de expresión, de reunión y asociación pacíficas, así como a participar en la dirección de los asuntos públicos) y las diversas maneras legítimas como la sociedad expresa sus disensos”

En Diciembre, se reformó el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal en el que se especifica que se impondrá de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, a quienes, “mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos que perturben la paz pública en contra de los bienes o servicios públicos”. Y se sanciona el delito de “ataques a la paz pública” con una pena de dos a siete años de cárcel. La tipificación de estas acciones como delitos, han servido para amedrentar, contener y escarmentar a luchadores sociales, muchos son los casos, pero destaca el caso de Mario González que fue detenido sin orden de aprensión, acusado de “ataques a la paz pública” y condenado a 5 años y 7 meses, a pesar de las diversas irregularidades en el proceso jurídico. Fue sentenciado por el simple hecho de participar en movilizaciones sociales y asumirse como anarquista.

En Quintana Roo también el día 30 de abril se aprueba la Ley de Ordenamiento Cívico que en consonancia con la ley de movilidad, se limita el uso de la vía pública a los carriles laterales y se prohíben los “bloqueos” y solamente se darán facilidades de movilización a quienes den “aviso previo”. Se sancionará el  “ruido excesivo”, “obstruir inmuebles” y  afectar el “funcionamiento normal de las instituciones del Estado y actividades económicas  turísticas y sociales”. Llegan al nivel de prohibir el  “trepar bardas”  y “escalar como acción de protesta en edificios públicos”. De igual manera, el uso de términos imprecisos, como la “paz social” y “medidas necesarias” se incorporan. Posibilitando la interpretación y el uso discrecional de la ley para reprimir la inconformidad social.

Ante la criminalización de la protesta, luchar y unir fuerzas.

Hoy como ayer, en el poder se afianzan elites que intentan a toda costa imponer sus intereses. Nuevamente la sociedad enfrenta retos en su lucha contra los intereses más nefastos y depredadores.

Hoy como ayer, caminar por los senderos de la libertad es indispensable. Callar y someternos para evitar la “violencia”, es una ingenuidad o un engaño.

Hoy como ayer, son indispensables la denuncia, la unión de esfuerzos y la acción decidida.

Hoy como ayer, de la sociedad y pueblo organizado, dependerá la historia que se escriba.

[1] Para la Teoría política la soberanía popular es la base de cualquier sistema democrático. Según J.J. Rousseau, el soberano es la voluntad general, la cual es inalienable (no se delega, el gobierno no es sino un ejecutor de la ley que emana de la voluntad general, y puede ser siempre sustituido).

[2] En los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí, Jalisco y Distrito Federal se han presentado Leyes anti marchas, bajo el argumento de garantizar el libre tránsito de las personas, violentando el derecho de manifestación de la ciudadanía. El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas señala que la exigencia de un aviso o permiso como condición para que las autoridades garanticen y faciliten el ejercicio de este derecho contraviene los derechos humanos.

[3] Como sostienen distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, “La criminalización de la protesta no es expresión del estado de derecho, detrás de ella hay una racionalidad política que no acaba por atender el problema detrás de loa disensos públicos, y por el contrario lleva los conflictos de la esfera política al campo judicial, así se configura lo que se ha llamado la judicialización de los conflictos sociales”.

[4]

[5] La organización internacional, Sin Fronteras (RSF) denunció que la propuesta de ley del Gobierno mexicano que busca completar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones atenta contra la libertad de expresión. Para RSF, el proyecto, presentado ante el Senado el mes pasado, amenaza con “instaurar un sistema de vigilancia mediática” por parte del Estado.

Bibliografía
– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigésima edición impresa. Marzo/2014.
– Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno. Abril, 2014.

En internet
– http://www.jornada.unam.mx/2013/04/06/opinion/021a1pol
– http://www.serapaz.org.mx/comunicado-conjunto-legislaturas-en-todo-el-pais-continuan-asedio-contra-la-protesta-social/