San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 23 de enero de 2007.

A la opinión pública nacional e internacional.

A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

A la prensa estatal, nacional e internacional. Con gran indignación y preocupación, los abajo firmantes, organismos de la sociedad civil y personas de  distintos ámbitos de la sociedad, hemos >conocido de la difamación, amenaza e intimidación que nuestro compañero Miguel Ángel García Aguirre coordinador de Maderas del Pueblo, ha sido objeto por parte de la llamada “Fundación Lacandona, ac” y OPDIC (sic), en relación a los hechos violentos y represivos ocurridos recientemente en Viejo Velasco Suárez, con saldo de cuatro muertos y cuatro desaparecidos. Estas “organizaciones”, en un comunicado difundido el 18 de diciembre, hacen responsable a nuestro compañero (junto con pobladores de Viejo Velasco desaparecidos hasta la fecha y, según testimonios, tres de ellos ejecutados) de ser “los verdaderos asesinos de nuestros compañeros de la comunidad lacandona”; hecho que, además de ser difamatorio, constituye una amenaza a la integridad física de Miguel Ángel, así como de su familia, y de otros compañeros y compañeras que trabajan en la zona. Esta amenaza se refuerza en el mismo texto, más adelante, donde se afirma que: “… hemos recapacitado que también somos seres humanos para tomar lo que todo mundo atemoriza (las armas)… nos mantendremos alertos y unidos defenderemos nuestro territorio. Ninguna invasión más”.

 

 

 

Nuestro compañero Miguel Ángel García y Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. trabajan desde hace aproximadamente seis años en la Selva Lacandona, y su trabajo se ha dedicado a brindar asesoría, capacitación y apoyo a las comunidades indígenas y campesinas, comprometiéndose en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales e indígenas de dichas comunidades. Para quiénes lo conocemos nos resulta ofensivo e indignante que se le señale como responsable de hechos violentos, cuándo su trayectoria se ha enfocado precisamente en la solución justa y pacífica, de conflictos territoriales y agrarios, en la defensa de los derechos, así como en el reconocimiento -vía regularización- de las tierras de las poblaciones amenazadas de desalojo. Miguel Ángel y Maderas del Pueblo pertenecen además, a varias redes ecologistas que dan cuenta de su compromiso con las luchas justas por la tierra y por la conservación de los recursos naturales.

 

Nos preocupa en particular el hecho de que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) ha sido identificada como un grupo que en su interior mantiene y da cobertura a grupos civiles armados. La OPDDIC fue fundada en 1998 en Ocosingo, por el ex diputado local y actual diputado federal suplente por el PRI, Pedro Chulín Jiménez, quien fuera fundador y dirigente del grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA). Desde su fundación se ha caracterizado por acciones violentas e intimidatorias, que han sido denunciadas por organismos civiles, ejidos y comunidades, ante lo cual las autoridades federales y estatales, no sólo no han  garantizado la seguridad de quiénes trabajan y viven en las zonas donde esta organización tiene presencia, sino que niegan el origen de estos grupos paramilitares, solapando y financiando su operación, a través de “proyectos productivos” y programas gubernamentales. La situación es alarmante, ya que son cada vez más constantes las amenazas y agresiones provenientes de este grupo, y el riesgo de violencia es inminente.

 

Por lo tanto, los abajo firmantes exigimos:

 

 

El cese inmediato de todo acto de hostigamiento, intimidación y difamación hacia nuestro compañero Miguel Ángel García Aguirre y hacia Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

 

 

Se garantice la integridad física de nuestro compañero, su familia y de las organizaciones e individuos que realizan labores de defensa y promoción de los derechos humanos en la Selva Lacandona y en todo el estado.

 

 

Se investigue a estas organizaciones (Fundación Lacandona y OPDDIC) que se dicen pacíficas, pero que violentan con sus palabras y actos, a organizaciones e individuos que trabajan por hacer efectivos los derechos humanos.

 

 

Se investigue a fondo el operativo violento perpetrado en contra de las familias ch’oles y tseltales de Viejo Velasco Suárez en noviembre pasado, y se castigue a los verdaderos culpables con todo el peso de la ley.

 

 

¡Alto al hostigamiento contra activistas y defensores de los derechos humanos!

 

¡Cese a la represión y la violencia!

 

¡Castigo a los culpables de la masacre de viejo Velasco Suárez!

 

 

 

 

Atentamente:

 

 

Movimiento Agrario Indígena Zapatista –MAIZ, Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic,  Movimiento de Resistencia Popular del Sureste –MRPS, Centro de Derechos Indígenas A.C. –CEDIAC, Organización Yomlej, Educación para la Paz – EDUPAZ, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Juventud de Izquierda Revolucionaria, Jóvenes Lagartos A.C, Colectivo Feminista Mercedes Olivera – COFEMO, Colectivo 99.1 Frecuencia Libre, Alianza Cívica Chiapas, Centro de Investigación y Capacitación Rural A.C., SERAPAZ Ocosingo, Adriana Luna Parra, Salvador Segura Levy, Martha Figueroa Mier, Xóchitl Leyva Solano, Gustavo Castro Soto, Guillermo Ramírez Jardines, Francisco Javier Cortés Peña, Liliana López Arellano, Raúl Alberto Domínguez Ramos, Darío Trujado, David Muñoz Solís, Bernardo Alejandro Canales Montes de Oca, Gabriel García Salyano, Coni López Silva, María Guadalupe Cárdenas Zitle, Ulises Contreras Cortés, Héctor Javier Sánchez Pérez, Miguel Ángel Velarde Hernández, Perla Jiménez Alfaro, Bernardo Canales Medellín, Magdalena Montes de Oca, Norma Iris Cacho, Lissette Rojas.

 

 

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