Cencos 8 de diciembre 2005
El día de ayer y en dos acciones separadas pero coordinadas entre si, la Policía Federal Preventiva (PFP) se presentó en las instalaciones de  Tupa Radio en el municipio de San Jacinto Amilpas en la región central del estado de Oaxaca para entrar por la fuerza a la casa donde se encontraba instalada la radio comunitaria, amenazar a los comunicadores que se encontraban en ese momento en el lugar y sustraer el equipo de transmisión de la radio, empuñando en todo momento sus armas de grueso calibre.
Paralelamente a este hecho, también la PFP hizo presencia en Santa María Tututepec, en la región de la costa oaxaqueña, para seguir el mismo procedimiento de irrupción, amedrentamiento y decomiso del equipo de transmisión de la radio comunitaria de este lugar, según narran los comunicadores que estuvieron presentes, al igual que en Tupa Radio, la PFP utilizó la fuerza, las amenazas y llegó en algún momento a cargar sus armas en contra de algunos pobladores del lugar quienes al ver la acción opusieron resistencia, ya que esta estación comunitaria es parte de un proyecto social más amplio de la propia comunidad.
Es importante mencionar la similitud en la que se desarrollaron estas dos acciones al margen de la ley, sin ningún mandato ni administrativo ni judicial de por medio, violentando flagrantemente la Ley Federal de Radio y Televisión en sus artículos 104 y 104 bis y trastocando claramente la los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los ataques contra las radios comunitarias constituyen un ataque a la libertad de expresión, y un ataque a la sociedad en su conjunto, la función social de las radios comunitarias es fundamental para el desarrollo de las comunidades y pueblos donde brindan el servicio.
El gobierno federal debe responder ante estos hechos y debe garantizar que los equipos sustraídos de las comunitarias sin orden judicial ni administrativa serán devueltos inmediatamente a sus propietarios, y que serán restituidos en sus derechos inmediatamente.
La libertad de expresión y el derecho a la comunicación son derechos que el Gobierno Mexicano y en lo particular el Gobierno Federal deben de garantizar en todo momento, plenamente y sin mayor restricción que las propias marcadas por la ley, pues de lo contrario estarían dando señales.

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