Todo mundo sabe, por ejemplo, que en el CCH Naucalpan la FEN no fue tocada ni con el pétalo de una rosa, ya que está protegida por la directora del plantel, Angélica Galnares, y cobijada también por la administración panista del municipio a cargo de Angélica Moya.

De igual manera en el ataque perpetrado por la Organización Estudiantil Universitaria (OEU) el pasado 10 de noviembre en la preparatoria 6, en el que resultó gravemente herido el estudiante Diego Contreras (al grado de ser hospitalizado y de casi perder un ojo), los porros no fueron atacados decididamente por las autoridades del plantel, encabezadas por el entonces director Apolonio García Sánchez (que renunciara días después), ni tampoco por el Ministerio Público, pues según Bernardo Bátiz (procurador general de Justicia del DF), los porros consignados fueron puestos en libertad porque “el juez consideró que no se podía identificar individualmente a las personas que portaban armas”.

Un ejemplo extremo e indignante es lo ocurrido en mayo de 2002 en el CCH Sur, donde un porro apodado “El Bodoque” asesinó de dos puñaladas al estudiante Ricardo Águila Reyes. Este reconocido porro había sido denunciado en múltiples ocasiones por la comunidad ante Rito Terán, director del plantel, pues su agresividad y violencia dentro del CCH eran evidentes. El director sostuvo una política de protección para su muchacho, con quien sostenía una amistad pública. “El Bodoque” había sido detenido por otra razón: durante la huelga, los activistas lo sorprendieron tratando de robarse 30 microscopios y lo entregaron al ministerio público. Pero sólo estuvo seis meses en la cárcel y salió porque las autoridades de la UNAM no sostuvieron la demanda en su contra. En cambio, De la Fuente y sus funcionarios levantaron demandas contra diversos activistas que participaron en una movilización masiva organizada por el CGH para impedir la instauración de la CECU, una comisión que querían utilizar para organizar un supuesto Congreso, completamente en manos de las autoridades, para avanzar en la imposición de las reformas que la huelga estudiantil le impidió realizar. Estas denuncias contra activistas estudiantiles sí han sido sostenidas, y hoy siguen bajo proceso varios compañeros, entre ellos Alejandro Echevarría, a quien próximamente se le pretende sentenciar a un período de 2 a 4 años de cárcel por supuestos daños a las propiedades de la UNAM. Las autoridades universitarias están detrás los porros. Unos los contratan, otros los cobijan y los protegen, todos los usan de una u otra forma para sus intereses. Los abogados de la UNAM evitan que sean consignados penalmente o los sacan de la cárcel y hasta pagan sus fianzas. En cambio, consignan a los activistas que participan en movilizaciones masivas contra las políticas de los de arriba. Contra estos jóvenes, De la Fuente sí mantiene las denuncia penales, los somete a procesos judiciales durante años y busca que sean sentenciados a pasar varios años en la cárcel.

En los recientes hechos en las preparatorias 5 y 6, diversos medios de comunicación y las autoridades universitarias han querido presentar el conflicto como una enfrentamiento entre dos bandos: activistas estudiantiles y los porros. Con este tipo de enfoque tratan de lograr, por un lado, lavarse las manos y ocultar su responsabilidad, y por el otro, presentar a los activistas como grupo similares a las organizaciones porriles, para desprestigiarlos ante la comunidad estudiantil. Algunos editorialistas han centrado su ataque contra “el CGH” acusándonos de actuar de la misma forma que los porros, de extorsionar estudiantes, de mantener un poder con base en alianzas con funcionarios y multitud de calumnias por el estilo. Sus intentos son inútiles. Los estudiantes identifican claramente quién es quién, a qué intereses favorecen los porros y por qué luchamos los estudiantes, conocen la forma en que actúan los porros y saben diferenciarlos de los activistas, que luchamos por transformar la UNAM en una institución verdaderamente al servicio de nuestro pueblo, que luchamos contra este sistema económico absurdo y atroz, que no gozamos de canonjías o prebendas, ni recibimos dinero de partidos político o autoridad alguna. Estas calumnias no tienen la menor posibilidad de prosperar.

 

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