Una mañana Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, llevó a uno de los detenidos (El chereque) al Rió de San Juan, Cocula. No iba con las manos vacías, un par de bolsas plásticas e intenciones de sembrar pruebas -negras las dos- lo acompañaban. Al otro día, el 29 de octubre de 2014, la PGR notificó el “hallazgo” de una bolsa negra inmersa en el río con restos altamente carbonizados. Ese fue el inicio mediático de la construcción de la denominada «Verdad Histórica».
Los residuos extraídos fueron analizados en la Universidad de Insburck por meses. En diciembre de 2014, se notificó que uno de los fragmentos de hueso pertenecía a Alexander Mora Venanzio. Más tarde, en septiembre de 2015, se informó que también había coincidencia con el ADN de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
La visita que hizo Zerón al río nunca existió en la versión oficial de la PGR. No hubo registro ni autorización para la salida del detenido. Los expedientes de la instancia no albergan esa fecha, que de ser posible sería eliminada también del calendario.
Los ojos llenos de indignación de los padres de los 43 jóvenes reclaman justicia y verdad, su incansable búsqueda los ha llevado a insistir en el castigo que debe recibir el funcionario. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dice: «Para Tomás Zerón el caso Ayotzinapa quedó en el basurero de Cocula». Para los padres de familia no. No necesitan decirlo.
En septiembre de 2016, de Lucio fue ascendido como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por el presidente Enrique Peña Nieto. Esto «es muy ilustrativo de que no se sanciona la corrupción en este país, al contrario, se premia» afirma Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan, quien ha acompañado jurídicamente el caso:
-Formalizamos una petición ante la PGR para una investigación que se resolvió el 9 de febrero, con los resultados que lo exoneran y solo le fincan sanciones administrativas que no han sido efectuadas. Pedimos una sanción penal en contra de esta persona porque el manipuló las pruebas, desvió el sentido de las mismas y ocultó la verdad a los padres de familia con ese proceso turbio.
Durante la procuraduría de Arely Gómez, se le encontraron 18 responsabilidades penales al funcionario, mientras que en la de Raúl Cervantes Andrade, disminuyó a tan solo 7 faltas administrativas.
Felipe de la Cruz, vocero del Comité de padres, señala que Tomás sigue metiendo las manos en las investigaciones de la PGR, es el autor intelectual de la «Verdad Histórica».
Las evidencias foto-periodísticas proporcionadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 2016, en donde se aprecia al jefe de la AIC con dos bolsas negras a un costado, fueron clave para la averiguación, pues las instituciones nacionales se han empeñado en cerrar el proceso con el clásico carpetazo presente en todos los casos que han quedado impunes.