El presidente del Comité de Víctimas (COVIC) de Nochixtlán, Santiago Ambrosio Hernández, anunció que el diálogo que mantenían con la Secretaría de Gobernación se ha roto, pues las “medidas” que ofrecieron en el ámbito de salud han sido deficientes. «Nuestros muertos no son moneda de cambio» aseveró. Han pasado 9 meses la masacre y los ataques no cesan: el 19 de marzo de 2017 un integrante del Comité, Felipe Montesinos, sufrió un atentado a las afueras de su domicilio, sujetos a bordo de una camioneta dispararon con armas de fuego cuando éste iba a descender de su automóvil.
Las agresiones han sido graduales, empezaron con amenazas a través de mensajes y llamadas telefónicas, disparos al aire muy cercanos a la gente de la población, la detención del enfermero que atendió a los heridos del 19 de junio, el atentado que dejó herido a Ambrosio Santiago tras un disparo de arma de fuego en la pierna y ahora los disparos dirigidos al domicilio de Montesinos.
Además, la Procuraduría General de la República, intentó condicionar al COVIC: «Teníamos que deslindarnos de la Sección 22 para que se llevaran a cabo las diligencias en Nochixtlán. No tenía caso sentarnos con la PGR si ellos nos querían chantajear para causar una ruptura en el movimiento» aseguró Sergio López, integrante del Comité, en entrevista con Regeneración Radio.
La PGR concluyó algunas diligencias, decretó en no más de 45 minutos que no existen condiciones para investigar. La Secretaría de Salud Pública, en su momento, llevó «paracetamol» para atender heridas de bala. El pueblo de Nochixtlán demanda justicia, durante este camino se han encontrado con la indiferencia de las instancias mexicanas e iniciarán un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los siguientes pasos: «Fortalecernos políticamente como medios, victimas y lucha social que somos» asegura el pueblo de Nochixtlán y reafirma que ese movimiento no es negociable y no van a dejar de evidenciar a las instancias mexicanas que no conocen sus propias leyes.