“No aceptes lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden,
de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada,
nada debe parecer natural.
Nada debe parecer imposible de cambiar.”Bertolt Brecht
Estrategia contrainsurgente
El interés y la complicidad de las élites gobernantes de mantener la ganancia del capital sobre las necesidades y desarrollo humano mediante la implementación de políticas económicas y estructurales han tenido un costo muy elevado para el pueblo mexicano.
La negación de los derechos humanos por la vía de los hechos, más allá de los discursos oficiales e institucionales, es la síntesis de la violencia estructural e institucionalizada. Como ejemplo, podemos mencionar: la pobreza, desnutrición, desempleo, explotación laboral, marginación, desigualdad, ineficientes o falta de servicios públicos como agua potable, luz, vivienda, drenaje, salud, analfabetismo.
“La violencia estructural es, a su vez, la principal causa que, históricamente, ha impulsado a la sociedad mexicana al ejercicio del derecho de libertad de expresión, manifestación, organización, autodeterminación y protesta social, es decir, la violencia estructural es una de las principales fuentes del descontento y de las diversas manifestaciones de inconformidad social”.[1]
El Estado mexicano asume a la guerrilla, los movimientos y/o sectores organizados, el narcotráfico y el terrorismo; como “enemigo interno” al cual enfrenta con una estrategia de guerra en distintas etapas -guerra sucia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado-. Atacar al enemigo para disminuir o extinguir. Se utiliza la guerra contra el pueblo como estrategia de control social Ejemplos de lo anterior son: la matanza Aguas Blancas en Guerrero en 1995; la matanza de Acteal, en Chiapas en 1997; la represión en Atenco, Estado de México en 2006; la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014 y la represión en Nochixtlán, en Oaxaca en junio pasado.
Como dice James Petras: “las experiencias históricas recientes proporcionan una amplia evidencia de que ni la burguesía local y ni los intereses imperialistas, ni sus protectores del ejército y la policía van a permitir pacíficamente que se les despoje de sus privilegios”.
Wikileaks distribuyó un estudio de la CIA donde se recomienda a gobiernos del mundo que enfrentan conflictos armados con grupos insurgentes lo que considera “las mejores prácticas” para realizar operaciones contra objetivos de alto nivel como una herramienta contrainsurgente efectiva. Estas “operaciones” incluyen el asesinato político como un recurso válido para “remover” o neutralizar a sus cabezas para degradar la eficacia del grupo[2].
La construcción y el ejercicio del poder político se sustentan, en parte, con base en la movilización de las emociones y sentimientos del ser humano. Ya no se apela a la razón, sino al sentimiento y la emoción de la gente. En este estratagema, el miedo, este verdugo de la creatividad y la libertad social, se ha instituido como un instrumento paradigmático de la política, usado por igual, bajo regímenes tanto autoritarios y totalitarios, como democráticos, ya que el miedo es un instrumento ejemplar de represión, tanto a nivel público como individua (Robin, 2004)[3]
Ejecuciones extrajudiciales
En el Informe Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política, elaborado en este año por el Comité Cerezo; explican, que una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”.
Agregan que la ejecución extrajudicial es considerada una violación grave de derechos humanos debido a que atenta, de forma directa, contra el derecho a la vida que se encuentra reconocido en los artículos 1, 10 y 14 de la Constitución mexicana, Art. 3 de la Declaración universal de los derechos humanos y de la Declaración de la convención americana de derechos humanos, y en el artículo 6 de la Convención sobre los derechos del niño y el Pacto de derechos civiles y políticos.
Para el Comité es importante mencionar que la ejecución extrajudicial es” un mecanismo al que el Estado recurre cuando la modalidad de la detención arbitraria o la prisión por motivos políticos no es suficiente para desarticular al movimiento social, o bien cuando se desea elevar la intensidad del castigo en contra de las personas defensoras de los derechos humanos.
Tomado del Informe Defender los derechos humanos en México Comité Cerezo.
Asesinatos políticos recientes.
Salvador Olmos García, de 27 años de edad, comerciante, periodista comunitario, luchador social, activista defensor de las tierras, cantante y pionero del movimiento anarcopunk en Huajuapan. También era conductor de la radio comunitaria Tuun Ñuu Savi. Se acusa directamente los elementos de la Policía Municipal de esta ciudad como los presuntos autores materiales e intelectuales.
El 13 de septiembre fue asesinado a tiros frente a su casa en Huajuapan de León, el abogado Agustín Pavia Pavia. Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” (UABJO) e integrante del Frente Único de Lucha (FUL).
Un día después fue asesinado en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el profesor Jorge Vela Díaz, activista de la sección 22 de la CNTE y comprometido con la lucha social.
Y el sábado 10 de septiembre fue también acribillado Ricardo Mejía Samaniego, miembro del Colectivo de Poder Popular “José María Morelos y Pavón” de la organización Izquierda Democrática Popular (IDP), cuando se encontraba frente a su casa en Lomas de San Sebastián, Los Reyes la Paz, Estado de México. Su asesinato se da en el contexto de una ofensiva territorial del PRI, Antorcha Popular y el Ayuntamiento priísta de los Reyes la Paz en contra del movimiento independiente y la oposición. En este contexto, existe la amenaza contra luchadores sociales, como Hermenegildo Torres Cruz, Martha Guerrero Sánchez y Tranquilino Lagos Buenabad.
Es evidente la necesidad de contrarrestar el terrorismo de Estado a partir de la unidad de las fuerzas políticas del pueblo mexicano.
Es indispensable que la memoria permeé cada lucha nuestra para exigir: Verdad y justicia.
