El 18 de diciembre de 2015, entró en vigor la nueva Secretaría de Cultura, desapareciendo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y desligando a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de todas las funciones relativas a la “cultura”. Las principales instituciones afectadas por esta “Reforma a la cultura” son el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Radio Educación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estos últimos dos, encargados de formar a nuevos artistas y antropólogos, además de conservar, restaurar y proteger el patrimonio histórico y cultural que se encuentra en el país.

En el tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2015, se anunció esta nueva propuesta para la creación de la naciente Secretaría; el proceso duró apenas unos meses, tiempo en que la reforma avanzó sin trabas a pesar de las opiniones y posicionamientos de artistas, investigadores, estudiantes, creadores, maestros y trabajadores de las diferentes instituciones de “arte y cultura” del país, que externaron su rechazo. Pese a reconocer las carencias y limitaciones con las que funcionaban estas instituciones, este decreto precarizaría aún más los alcances y funcionalidades de sus organismos.

Funcionarios como el ex director del CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa, ahora también director de la Secretaría de Cultura, manifestaron su interés y aprobación a la iniciativa, argumentando que “la SEP no podía albergar todas la funciones concernientes a la cultura puesto que la sobrepasan y la separación de las mismas propiciaría un mejor funcionamiento y administración”.
 
Los objetivos de la nueva dependencia, según Rafael Tovar, son “detectar y eliminar la duplicidad de funciones, ya que ante los recortes presupuestales existen áreas que podrían compactarse y hacer más cosas, y aprovechar la infraestructura cultural y la experiencia acumulada del INAH y el INBAL”.

Esta reforma no considera a personas que laboran o inciden en el INBAL y el INAH, que realizaron mesas para discutir la infinidad de consecuencias de este decreto, no sólo como investigadores, estudiantes o trabajadores, sino para toda la población.
 
Ante ello, los trabajadores denunciaron cómo la completa separación de la cultura y la educación traerá consigo recortes presupuestales y de personal catalogado como “no necesario”, además de favorecer la flexibilización laboral, para los que aún conserven su empleo. Un ejemplo de este proceso son las y los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, quienes se percataron al inicio del año, que en sus contratos ahora se les clasificaba como “prestadores de servicios” y no como trabajadores.
 
Algunas de las escuelas del INBA como los Centros de Educación Artística a nivel secundaria y bachillerato (CEDART) ya pasaban por situaciones laborales difíciles, debido a la reciente Reforma Educativa, que a punta de cañón, impuso evaluaciones docentes en todo el país.
 
La separación de la SEP también deja a los profesores de estas instituciones imposibilitados a sindicalizarse; la única posibilidad que ofrece esta reforma es la creación de un nuevo sindicato de trabajadores de la cultura, organizado desde la misma Secretaría.

?Se declaró que el INBAL y el INAH seguirán operando con sus leyes internas y conservarán su figura legal, aunque muchas de las funciones que desempeñan, sobre todo en cuanto a la preservación de patrimonio cultural, pasarán a ser parte de la recién formada Secretaría, cuya pretensión de buscar mejoras administrativas y la necesaria mercantilización del arte y la cultura deja en claro el objetivo: privatizar los recintos históricos y espacios de difusión del arte, sofocar los pocos espacios de formación como la ENAH y el CENART.

?No es nada nuevo. Este cambio entra en el contexto de las “Reformas Estructurales” que han precarizado cada vez más la vida de la población. Las conquistas sociales son arrebatadas desde hace unas décadas a cuenta gotas y ahora de tajo. Recursos naturales, servicios públicos, empresas estatales convertidas en un mito. En este contexto, las instituciones de “cultura” no son la excepción.

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