Nestora Salgado García comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, adscrita a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC PC que permanece privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social No. 4 en Nayarit, está en huelga de hambre desde el martes 5 de mayo 2015, como reacción de inconformidad y protesta al trato degradante que cotidianamente recibe en el CEFERESO y ante el incumplimiento de las Medidas Cautelares a su favor otorgadas en febrero de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que el Estado mexicano atendiera las graves violaciones a sus derechos humanos que han quedado plenamente documentadas y denunciadas por el equipo de abogados y sus familiares.
Después de una serie de acuerdos establecidos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal y los abogados representantes de la comandante Nestora para el cumplimiento de Medidas Cautelares, estas siguen sin activarse, motivo por el que Salgado García se mantiene en huelga de hambre desde hace cuatro días.
La deficiente atención médica, las prácticas de tortura, hostigamiento psicológico y aislamiento que la criminalizan como presa de alta peligrosidad, la obstaculización a su derecho de tener una defensa adecuada, la falta de visitas regulares de sus familiares así como permanecer en detención arbitraria en un penal de máxima seguridad sin sentencia ni condena, están provocando en la Defensora de Derechos Humanos serios daños físicos, emocionales, psicológicos, morales y legales de difícil reparación e incluso irreparables, por parte de las autoridades mexicanas involucradas en la detención arbitraria del 21 de agosto de 2013, en un operativo ordenado por el gobierno de Ángel Aguirre, al que respondieron el Ejército mexicano, la Policía Estatal y Municipal, para trasladarla sin una orden de detención al CEFERESO de Nayarit.
Los abajo firmantes, expresamos un rotundo rechazo a la criminalización de la Defensora de Derechos Humanos, reconocemos la guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas que eligen sus propias formas de reeducación como reglas de gobierno, y advertimos el evidente trato sesgado en el caso de Salgado García, por tratarse de una mujer, una lideresa que retó al crimen organizado y a las autoridades municipales y estatales inmiscuidas en una perversa relación de poder y corrupción.
El acto político de Nestora Salgado de mantenerse en huelga de hambre, representa una clara posición de fortaleza y dignidad que debe ser reconocida por las autoridades responsables de su protección y desde ya, la mejor manera de respetar sus garantías, es implementando adecuadamente las Medidas Cautelares de la CIDH, reconocidas y ratificadas por el Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entidad de la propia Secretaría de Gobernación a la que quedaron incorporadas tanto Nestora como su hija Saira Salgado, porque se reconoció que su vida e integridad física están en riesgo al denunciar las omisiones y negligencias de las autoridades y exigir su libertad.
Por lo que exigimos:
1.- Libertad inmediata a la Comandanta Nestora Salgado García.
Porque la detención y la alteración del debido proceso en que ha sido juzgada, deja en evidencia que su detención se trató de una orden política del gobierno de Guerrero; hasta la fecha no se ha podido justificar la orden de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con sede en Tlapa de Comonfort para su traslado al CEFERESO de Nayarit.
2.- Que se instruya y opere su inmediato traslado a la Torre Médica de Tepepan para que la atención médica integral e independiente que estipuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sea garantizada.
3.- Atención correcta y seguimiento puntual de las autoridades federales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB y representantes del gobierno de Guerrero, sobre los acuerdos establecidos entre la familia de Nestora Salgado y sus representantes legales para el cumplimiento del resto de las Medidas Cautelares ordenadas por la CIDH.
