…entonces lo que se necesita es que se despierte la desobediencia civil, y que se sumen todos y… empujar esto, porque no sabemos al rato qué es lo que llegue a pasar si nos llegan a mostrar a nuestros compañeros muertos, es lo que tenemos que prepararnos nosotros para lo peor y… vamos a esperar; y tenemos que presenciar y que hacer que este estallido social se active de una vez por todas, no sabemos de qué manera, si de manera pacífica o de manera más radical, pero se tiene que activar porque ya es hora de que todas las personas alcemos la voz porque ya hay muchas injusticias que se están cometiendo contra el pueblo… Hay más de 50 millones de pobres que están pasando por esto, nosotros fuimos los primeros en llegar y los demás vienen en camino a hacerse justicia por su propia mano.
Palabras de Guillermo Hernández de la Normal Rural de Ayotzinapa, durante la toma de “Ciudad Judicial”
El jueves 6 de noviembre se llevó a cabo la toma de la Ciudad Judicial Chilpancingo en el contexto de las acciones acordadas por la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada el domingo 2 de noviembre en el comedor de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las exigencias centrales son la presentación con vida de los desaparecidos, así como castigo a los autores intelectuales y materiales de los hechos del 26 y 27 de septiembre del año en curso, además de la indemnización a los familiares de los normalistas asesinados: Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón.
En entrevista con Regeneración Radio, Gabriel Coronado, normalista de Ayotzinapa, señaló que la acción fue pacífica, el objetivo no era “dañar el inmueble o de afectar a una persona en particular, el único propósito es de que se suspenda el servicio, que no haya acceso para la gente que viene a la institución y que la gente que labora aquí pudiera ser desalojada de manera pacífica”, señaló; las personas que trabajan en la institución fueron desalojadas de manera pacífica, primero salieron personas de la tercera edad, así como señoras embarazadas, al interior sólo se quedaron alrededor de 13 trabajadores resguardando la institución judicial.
El cierre de una de las instalaciones de justicia de la capital del estado fue acompañada por comisiones de las escuelas que integran el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG).
A 41 días de la ausencia de los normalistas las exigencias principales siguen siendo la “presentación de los 43 compañeros detenidos desaparecidos, posteriormente tenemos la exigencia del castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato extrajudicial de 6 personas, en las que se incluyen 3 compañeros de la normal de Ayotzinapa, posteriormente pretendemos buscar por parte del Gobierno Federal y Estatal la reparación de daños, que todos los que fueron afectados, tanto heridos como asesinados, tiene que haber (…) una indemnización porque eran compañeros que estaban garantizando un futuro, un sustento para su familia, y posteriormente pretendemos buscar garantías de no repetición de hechos, no solamente para la normal de Ayotzinapa, también las normales rurales y las normales públicas porque no podemos dejar latente la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir en algún otro lugar”, agregó Gabriel.
Por su parte, Guillermo Hernández Arango, normalista de Ayotzinapa de cuarto año, a las afueras de las instalaciones de justicia de Chilpancingo y bajo un intenso sol, señaló nuevamente la cloaca que ha destapado el caso Ayotzinapa: “creo que no solo fue el crimen organizado, son las instituciones también las que tienen responsabilidad en todo esto, las instituciones no se deslindan del crimen de estado, incluso los partidos políticos, instituciones gubernamentales -tanto estatales como federales- han creado, desarrollado y han protegido al mismo crimen organizado, no es un tema aparte y tampoco nosotros queremos que estas instituciones lo minimicen a solo el crimen organizado, hay una gran complicidad de parte del Estado y de varios políticos”.
Se le cuestionó a Gabriel Coronado sobre los acontecimientos suscitados en los últimos días: la licencia de Ángel Aguirre Rivero como Gobernador del Estado, así como la detención de José Luis Abarca y su esposa María Pineda y la relación que éstos tienen con la justicia.
Coronado contestó que el sentir de los padres de familia de los normalistas ausentes y la comunidad estudiantil de la normal es que “lejos de que eso beneficie al panorama que los padres de familia esperan, más bien es una situación de inquietud, incertidumbre y que está desviando la exigencia de presentación con vida de nuestros compañeros hacia un panorama político, en los últimos días se han enfocado más a esas dos noticias que a la búsqueda de nuestros compañeros, entonces los padres de familia no consideran que se haya hecho justicia, más bien consideran esas dos situaciones como un asunto político que está desviando el verdadero objetivo del movimiento hacia instancias políticas que no benefician. Mientras no se satisfaga la principal demanda que es la presentación con vida de nuestros compañeros no hay justicia, seguirá la impunidad y la desatención al caso”.
Respecto a este mismo tema, Hernández Arango agregó: “supuestamente ya se capturó al alcalde de Iguala y a su esposa en la delegación de Iztapalapa, pero nosotros decimos que en caso de que fuera él, porque dudamos todavía de que sea él, pues no es la única persona, hay más autores intelectuales, hay toda una red de personas que está coludida con el crimen organizado”.
A punto de finalizar la jornada que duró 6 horas, Gabriel Coronado mandó un mensaje a las personas solidarias con el movimiento que ha traspasado las fronteras mexicanas; pero sobre todo a quienes aún se muestran reticentes al movimiento popular que ya camina a paso firme, para ellos arguyó que sus actividades no están dirigidas al enfrentamiento con instancias de gobierno, ni con los cuerpos policiacos o ejército. “Nosotros pretendemos encaminarnos hacia actividades pacíficas (…) y ojalá puedan hacer reflexión, la detención y desaparición de personas no es un caso particular de Ayotzinapa, han sido casos que han sufrido muchas familias y nadie es ajeno a esto, puede pasarle en cualquier momento a cualquier persona y esperamos no lo tengan que entender hasta que les suceda en carne propia”.
Hernández Arango evidenció la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno Federal y Estatal alrededor del caso Ayotzinapa: le apuestan al olvido, al desgaste, así como a la omisión por parte de la clase política de lo que es a todas luces un “crimen de Estado”, pues “hubo omisión por parte del 27 Batallón de Infantería que está en Iguala, se presentó omisión de Policías Federales”, Municipales y Estatales.
Llamó a la sociedad en general, así como a los diferentes sectores movilizados “a la desobediencia civil, porque este es el momento, si esto queda como precedente y queda en la total impunidad al rato ya no van a ser 43 compañeros desaparecidos, van a ser más, incluso más muertos. Ayotzinapa no es un caso aislado, muchas personas han estado en esta situación de desaparición de sus hijos, de un primo, de algún familiar, de algún compañero de trabajo, nosotros lo que les decimos es que se sumen a esto”; lo sucedido en Iguala, es
uno entre muchos crímenes que han estado ocultos, ya sea por negligencia de las instituciones estatales, o por miedo; “hay más de 50 millones de pobres que están pasando por esto, nosotros fuimos los primeros en llegar y los demás vienen en camino a hacerse justicia por su propia mano”, finalizó Gabriel mientras los responsables de la actividad del 6 de noviembre en la Ciudad Judicial daban la indicación de subir a los 7 autobuses que transportaron a la FUNPEG a la acción.
Escucha las palabras completas de Gabriel Coronado, estudiante de la Normal de Ayotzinapa
Entrevista con Guillermo Hernández Arango, normalista de Ayotzinapa
