• La sociedad está entre el silencio cómplice de las políticas nefastas del gobierno o las balas de goma y gas lacrimógeno como respuesta a la inconformidad.
• Los gobernantes se escudan en la legalidad que ellos no cumplen.
El 1 de diciembre. Toma de posesión.
La llegada al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coloca en escena la represión contra toda inconformidad social. Desde la toma del poder el primero de diciembre de 2012, en el que se implementa un operativo militar que nulifica en los hechos el derecho a protestar, se actúa contra los grupos inconformes y organizados.
El #1DMX[1] resultado de la represión a las movilizaciones contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, muere el activista y director teatral Juan Francisco KuyKendall Leal, quien padeció una fractura craneoencefálica por el impacto de una bala de goma; asimismo Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la licenciatura en Medio Ambiente y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) también fue herido por la policía federal al disparar balas de goma; una de las cuales, le explotó en la cara destrozándole el ojo derecho y dañando los pómulos y la nariz.[2]
Atenco. Venganza contra la organización.
Recordemos que en mayo del 2006 siendo gobernador del Estado de México, el mismo personaje que hoy es Presidente, usó las fuerzas policiacas contra pobladores y militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN, que dejó como resultado el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier Cortés, la detención de 197 personas y 10 menores de edad, 146 detenciones arbitrarias, el abuso sexual contra 26 mujeres, entre ellas dos ciudadanas de origen español y la expulsión de cinco extranjeros. A pesar de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que ésta última aceptara “la comisión de graves violaciones a las garantías individuales durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, derivadas de un uso excesivo y brutal de la fuerza pública”, nadie ha sido sancionado.[3]
Es indispensable subrayar que Alexis Benhumea fue golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno, a raíz de lo cual también perdió la vida.
San Bernardino Chalchihuapan. Aplicación de la #LeyBala.
El día 9 de julio los pobladores cerraron la circulación de la carretera de Atlixco protestando por la suspensión de las actividades del Registro Civil. Les negaban en los hechos, los trámites referentes al nacimiento y defunción de las personas, obligando a los habitantes de comunidades apartadas a desplazarse, en algunos casos hasta por horas, con las consecuencias familiares y económicas que ello implicaba. Ante la insensibilidad de partidos políticos y gobernantes la demanda de un trámite administrativo se convirtió en un hecho trágico para la sociedad.
Cabe recordar que la legislación aprobada por el Congreso del estado el pasado 19 de mayo, conocida como la Ley bala, intentaba regular el respeto a los Derechos Humanos y el uso de la fuerza de los cuerpos policiacos; pero bajo la visión autoritaria del gobierno, los pobladores no tan solo violentaron la ley, sino que al “rodear a los policías” y portar “piedras” motivaron la respuesta policiaca en el “uso legítimo de la fuerza”.
En este contexto, la policía arremetió contra los pobladores, dejando varios heridos y el fallecimiento posterior de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, por el impacto de una bala de goma en el cráneo.
A pesar que la SSP negó en su boletín número 1784 la utilización de balas de goma, incluso mostró documentos que refieren que desde 2011 el gobierno del estado no ha comprado dicho material a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han difundido fotografías que desmienten la versión oficial.
Repitiendo patrones represivos.
Facundo Rosas titular de la SSP responsable directo del desalojo violento en San Bernardino Chalchihuapan, fue miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y ex Director General de Terrorismo de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP). La razón por el que funcionario abandonara la dirección de la Policía Federal, fue que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que el cuerpo policiaco a su cargo, cometió violaciones a los derechos humanos al desalojar a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del 2012, que dejó como saldo la muerte de dos estudiantes, por disparos de arma de fuego. En esos sucesos, se afirmaba que la policía había sido “atacada”, que “no utilizaban armamento” y en consecuencia, no eran responsables de las muertes. Los hechos también demostraron lo contrario.
El gobierno represivo de Moreno Valle.
El gobernante con aspiración presidencial, repitió la “mano dura y ejemplar” de Peña Nieto, con sus coterráneos. Peña en Atenco; Valle Moreno en Chalchihuapan.
Como dice en su artículo, Manuel Pérez Aguirre; en estos sucesos se demuestra las características autoritarias del gobierno poblano. A decir de él:
a) privilegia la violencia sobre el diálogo; b) utilización abusiva de la violencia, sin protocolos que protejan la dignidad humana, sino la predilección por el abuso y la brutalidad, sin importar los daños físicos o la desaparición de personas; c) falta de rendición de cuentas, estado de derecho e impunidad.[4]
Moreno Valle se suma a la interminable lista de personajes que hacen de la política una actividad nefasta y corrupta, en busca de satisfacer deseos de poder.
Políticos que más allá de la insensibilidad, exponen sus intereses personales que son diametralmente opuestos a las necesidades de la población que dicen representar y trabajar por ella.
Políticos que ante el dolor humano, se pe
rtrechan en el burocratismo, revelando un cinismo atroz.
Políticos que justifican lo injustificable, que atentan contra el sentido común y la racionalidad.
Políticos que antes que rendir cuentas y hacer vales las leyes, las violentan en beneficio de sus decisiones que favorecen a unos cuantos.
Políticos que permanecerán cubiertos de impunidad hasta que la respuesta decidida y organizada del pueblo, emita su palabra.
Manifestarse no es un delito.
La manifestación y asociarse son derechos consagrados en la Constitución Política Mexicana; los intentos de legislaciones que coartan las garantías individuales en consecuencia, son retrogradas y violatorias a los tratados internacionales y a propia Carta Magna.
Exigir la aplicación de la ley contra todos aquellos, quienes deciden, ejecutan y solapan la represión, es fundamental. No podemos cerrar los ojos y voltearnos a mirar el cielo, como si nada pasará.
Guardar silencio contra la represión, es sumarnos a la complicidad, que desemboca en la impunidad.
Todo acto represivo, es un acto criminal.
Artículo: “El difícil tránsito de nuestras libertades políticas”
Referencias:
[1] La Batalla de SanLázaro #1DMX http://regeneracionradio.org/index.php/autonomia/autonomia/item/3676-la-batalla-de-san-lazaro-1dmx
[2] Entrevista con Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de #UACM reprimido el #1DMX http://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/3673-entrevista-con-jos%C3%A9-uriel-sandoval-d%C3%ADaz-estudiante-de-la-
[3] Resolución de la SCJN en el caso Atenco, insuficiente avance contra la impunidad http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3Aresolucion-de-la-scjn-en-el-caso-atenco-insuficiente-avance-contra-la-impunidad&catid=188%3Aatenco-pronunciamiento-del-prodh&Itemid=70&lang=en
[4] San Bernardino Chalchihuapan http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/07/17/san-bernardino-chalchihuapan-9-de-julio-de-2014/
