Bajo las órdenes del gobierno estatal del perredista Lázaro Cárdenas Batel y del gobierno federal de Vicente Fox Quesada, el día jueves 20 de abril, 800 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del aparato de seguridad pública de Michoacán intentaron romper la huelga que desde el pasado 2 de abril sostienen 3 mil obreros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA), en defensa de su autonomía sindical. En esta acción, agentes armados asesinaron a mansalva a dos obreros que con piedras y palos resistieron y replegaron a las fuerzas del Estado; más de 25 mineros resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad.

Este hecho se llevó a cabo después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró “ilegal” la huelga de mineros en Michoacán, menos de 24 horas antes. El Estado burgués intentó imponerles a los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) un incondicional suyo como dirigente sindical, otro charro sindical, éste de la tradición del Partido Acción Nacional, un elemento que participa en la búsqueda de la desintegración del sindicato. El régimen de Vicente Fox se empeñó en dar salida por la más fea, como siempre ocurre, a fin de que los intereses de las concesionarias de las minas quedaran satisfechos: no sindicalización, ningún derecho social ni colectivo y, finalmente, manos obreras baratas.

Tan sólo unos meses atrás, el cuarto gobierno neoliberal intentaba librarse de cualquier responsabilidad al saberse de la explosión que costó la vida a 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, toda vez que el Estado aún es propietario de las minas y las empresas que las explotan funcionan como concesionarias. La salida que se buscó en ese entonces fue responsabilizar a los trabajadores no sólo de la explosión, sino también de su propia seguridad y resguardo.

Previo a todo esto, en su reciente gira por el estado de Michoacán, Vicente Fox Quesada, al referirse a la problemática en SICARTSA, manifestó que no habría negociación hasta que hubiera entrega de las instalaciones, demostrando así el interés nulo por la solución pacífica a este conflicto, anunciando la acción que llevaría al asesinato de dos trabajadores.

Al día de hoy la PFP resguarda las instalaciones a la espera de una nueva orden para arremeter contra los obreros y el ejército mexicano ha tomado posesión de las que se consideran “zonas de alta seguridad”: coquizadora, fuerza motriz y planta de fuerza, zonas prioritarias para continuar el proceso de transformación del acero. Incluso, se habla de que permanecerán ahí hasta después de que el paro concluya. Los obreros que continúan la operación de dichas zonas denunciaron que son objeto de prepotencia e insultos de los soldados al momento de inspeccionarlos para ingresar a la planta. Aunado a esto, los propietarios de la empresa han pedido que los obreros que han participado en la defensa de sus derechos sean catalogados como “terroristas” y bajo este cargo sean llevados a juicio ante los tribunales.

Recientemente, Jaime Liera Alvarez, quien el viernes pasado fue destituido de la coordinación de la Policía Ministerial de Michoacán, reconoció que 10 de los uniformados a su cargo iban armados durante el desalojo de mineros en SICARTSA, “y tenían indicación de disparar a los pies en caso de que la situación se complicara”, como aseguraron desde el jueves pasado los trabajadores en paro.

A pesar de todo lo anterior, se ha provocado la intervención de todo el pueblo de la ciudad de Lázaro Cárdenas, en solidaridad con los trabajadores. Acciones que en lugar de restar, han sumado a más gente a la defensa de la huelga, de los trabajadores y sus demandas.

El problema de la autonomía sindical y la intervención del Estado en las organizaciones obreras son elementos que salen a relucir en este nuevo crimen del capitalismo. Solidarizarnos hoy con los trabajadores de SICARTSA es una tarea de todos los que empujamos en la dirección de la construcción de un verdadero gobierno de los explotados y los oprimidos. La solidaridad con la clase trabajadora y en específico con los mineros de Pasta de Conchos y de SICARTSA, no debe implicar para nosotros solapar a las direcciones charras y propatronales que se eternizan y burocratizan los sindicatos. Para nosotros debe implicar, por un lado, el cese a la represión y castigo a los culpables de los crímenes contra la clase trabajadora, la defensa y el respeto de la autonomía sindical, por la no intervención del Estado en las organizaciones obreras y por la libre sindicalización; y por otro lado, el empuje y conquista por parte de los trabajadores de una verdadera democracia sindical y una nueva política sindical. Es necesario hacer manifiesto nuestro rechazo en una acción que nos unifique a todos. Una acción política de masas impulsada por los sindicatos, coordinadoras de la otra campaña, y los comités de huelga de los trabajadores Michoacanos, que le imprima un contenido político consciente y paralice al aparato del Estado.

¡Solidaridad con los trabajadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán!

¡Castigo a los responsables de los crímenes contra la clase trabajadora!

¡Alto a la política intervensionista del Estado burgués al interior de los sindicatos!

¡Basta de represión!

¡Autonomía sindical!

¡Por una democracia sindical!

¡Todos a paralizar al Estado en una acción única de masas!

¡Todos al Encuentro Nacional Obrero este 29 de abril!

¿Te gustó este artículo? ¡Apóyanos! Regeneración Radio es posible gracias a las contribuciones de nuestros lectores. Considera hacer una donación: