A las comunidades indígenas del país, a la sociedad civil de México y el mundo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a todos los que creen en la posibilidad de otro mundo en donde quepan todos los mundos.

Desde el año 2004, el Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, localizó información fidedigna sobre la existencia de yacimientos minerales de gran envergadura en la región cuicateca, esto se halla registrado en el documento llamado CARTA GEOLÓGICO MINERA DE SANTIAGO NACALTEPEC, mismo que documenta estudios realizados a lo largo de más de treinta años, sin embargo fue en el año 2006 cuando se conoció de la existencia de un proyecto de explotación minera, localizado en la región cuicateca del estado de Oaxaca, con el registro: Título 226954, Agencia 62, Expediente 062/09708, Concesionario COMPAÑIA MINERA ZAPATA, S.A. DE C.V, superficie 3500 has., nombre de lote RAQUELITA I, Municipio San Juan Tepeuxila, Oaxaca, Vigencia 31/03/2006 a 30/03/2056, que las comunidades afectadas, iniciaron, con el apoyo del CEREC, que se conforma con nativos de la región, y por tanto interesados en la problemática, una investigación de la situación, descubriendo que en una flagrante violación a todos los ordenamientos legales tanto nacionales como internacionales, que promueven y velan por los intereses de las comunidades indígenas, no solo no fueron consultadas e informadas, sino que sin la menor claridad en los procesos jurídicos se han concedido tierras que pertenecen al régimen comunal y que por tanto requieren de procesos especiales para su concesión.

Ante este panorama a iniciativa de las propias comunidades se iniciaron trabajos de información y consulta a los interesados para definir acciones conjuntas para contrarrestar los posibles efectos de una devastación como la que anticipa un proyecto como el mencionado, en agosto del año 2007 se notificó a la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía sobre la renuncia de COMPAÑIA MINERA ZAPATA, S.A. DE C.V, a la concesión mencionada, pese a ello no se canceló la concesión, por lo que unos meses después, según documentos puestos en circulación por la propia DGM, una compañía canadiense llamada ALMADEN MINERALS LTD, fue registrada como la encargada de los estudios de exploración previos a la explotación, hecho ratificado por la misma compañía en su página de internet, ya en abril del año en curso, la propia DGM publicó en el Diario Oficial de la Federación, la puesta en venta de las tierras que ampara la concesión, todo ello sin el conocimiento de las comunidades. Las reuniones informativas sobre el caso, realizadas en las comunidades dieron paso a la celebración de encuentros inter e intracomunitarios, enfocados al análisis de la situación y de las perspectivas de las propias comunidades, estos encuentros se han denominado “Encuentros en defensa de la Integridad territorial y de la vida comunitaria”, a la fecha se han realizado tres y se tiene programado el cuarto los días 13 y 14 de septiembre el la comunidad de san Francisco Tutepetongo, como es de suponerse se trata de encuentros pacíficos, en donde la temática es la reflexión sobre las condiciones en que se han desarrollado los acontecimientos, las implicaciones de las actividades como la que se pretende en nuestra región y por ende sobre alternativas de resistencia, en ningún momento se ha siquiera insinuado la posibilidad de violentar las relaciones tanto de las comunidades como con las instancias de gobierno de nuestro país, es en suma un movimiento que busca canalizar mediante el estricto apego al Estado de Derecho, vigente en México la búsqueda de soluciones a la problemática. Pese a ello tuvimos la presencia de un representante de la inteligencia militar en el Tercer encuentro, celebrado el 30 y 31 de agosto en San Sebastián

Tlacolula, y de acuerdo a la información recibida por este CENTRO, el día 8 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta patronal de la comunidad de San Juan Tepeuxila, cabecera municipal del municipio del mismo nombre, un pelotón del ejército federal se presentó en la comunidad, interrogando a los habitantes en torno a quienes son los que lideran el movimiento de resistencia y preguntas que por las características presentadas, reflejan un acto de intimidación a las comunidades y a quienes conscientemente se oponen a la posibilidad de ver destruidas sus comunidades, estas acciones no son nuevas ni en el estado de Oaxaca ni en el país, por lo que pueden anticipar una escalada represiva en contra de las comunidades y sus representantes. Existe constancia fehaciente de que en cada lugar en el que el ejército hace presencia se violan sistemáticamente los Derechos humanos, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y cualquier otro punto geográfico dan testimonio de ello, el pretexto, cualquiera, la lucha contra el narcotráfico, la contención de los movimientos sociales, ello no importa siempre ha habido abuso y la violencia inicia desde el lado de la fuerza militar, la región cuicateca no ha presentado, a lo largo de su historia ningún viso de alteración del orden público o jurídico, los problemas que, como en todas partes existen, hasta ahora han sido domésticos y excepcionalmente intercomunitarios, todos ellos resueltos en el marco del diálogo y la negociación. Es decir hasta ahora no ha sido necesaria, y aún no lo es, la presencia militar, a no ser que se pretenda inhibir el derecho de las comunidades a subsistir, si es el caso, tendrán que ejercer mayor violencia y esta no provendrá de nosotros, a casi doscientos años de la independencia y cien de la Revolución mexicana, sería lamentable que las armas nacionales, que otrora se cubrieron de gloria en a lucha contra la intervención extranjera fueran utilizadas para defender los falsos privilegios de las compañías transnacionales, canadienses, estadounidenses, españolas o de cualquier otra nacionalidad, México y sus recursos con de los mexicanos y deben seguir siéndolo. Ante ello alertamos a todos las organizaciones sociales, intelectuales comprometidos, tanto nacionales como internacionales a manifestar su
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solidaridad con la causa cuicateca y solicitamos su decidida observación sobre la evolución de la situación. Historias como la nuestra suceden en muchos sitios del país y del mundo, somos una cultura milenaria y refrendamos el derecho a existir y a seguir siendo como somos, la situación social en la que se desarrollan nuestras comunidades, sin ser ideal no ha alcanzado todavía niveles de descomposición que hagan necesaria la presencia del ejército federal ni de ninguna otra fuerza pública, además de que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las fuerzas federales sólo interviene cuando el orden publico afecte la integridad de la república y a petición de parte, gobierno federal, estatal o municipal, y hasta donde estamos enterados, la situación local y regional es dentro de los parámetros mencionados, de calma y paz social. En este sentido, las comunidades cuicatecas interesadas, demandamos la no intromisión de las fuerzas federales en nuestras tierras, el estricto respeto a la autonomía de los municipios, el total apego al Estado de Derecho, reiteramos nuestro compromiso y vocación de diálogo para la resolución de nuestros problemas, exigimos a todos los niveles de gobierno el respeto que merecemos como oaxaqueños y oaxaqueñas y mexicanos y mexicanas. ¡La región cuicateca no es cuartel ni puede serlo, no se necesitan más cuarteles en México, se necesita más justicia social y respeto para los marco jurídicos del Estado de Derecho!
¡Alto a la injerencia militar en nuestro territorio!
¡No a la realización de proyectos de destrucción de nuestras formas de vida comunitaria!
¡No a la mina, sí a la vida!
¡Nunca más un México sin los pueblos y naciones indígenas!

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