Rocío Moreno salió libre bajo fianza la tarde del miércoles cerca de las 19:00 horas. Pasó detenida 25 horas gracias a un caso inventado por una conjunción de autoridades de todos los niveles en contra de Rocío Moreno y otros comuneros que confirman que detrás de su detención hay un concierto de intereses económicos y políticos que pretendieron dar un “golpe de Estado” a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de diez años en contra del invasor Guillermo Moreno Ibarra y en contra de “proyectos de desarrollo” promovidos por gobiernos de todos los niveles.
Denunciamos que el proceso judicial en contra de Rocío Moreno es un caso burdamente montado pues se acusó a la estudiante de maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares, como pueden atestiguar una decena de personas.
Tan es un caso burdamente inventado que incluso el propio juez echó para atrás la pretensión del Ministerio Público estatal de acusar a Rocío Moreno de robo, cuando en realidad lo que ocurrió es que una decena de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra y sus personeros, en terrenos comunales que pertenecen a toda la población.
Al juego se prestaron los jueces penales de Ocotlán, Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, que aceparon por válido el argumento del Ministerio Público de que hubo “daños a las cosas” por más de 138 mil pesos, cuando el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba los 20 mil pesos. Por tal motivo, a fin de salir libre de un caso judicial armando irregularmente, familiares y amigos de la dirigente comunal debieron garantizar el pago de una fianza de 138 mil pesos.
Denunciamos que este caso judicial inventado responde a otros intereses. Mediante la detención arbitraria e injusta de Rocío Moreno, y las órdenes de aprehensión en contra de otros diez comuneros se pretendió dar un “golpe de Estado” en contra de la comunidad de Mezcala para detener el proceso legal que existe en contra del invasor Guillermo Moreno. Así lo demuestra el hecho de que el miércoles 7 de septiembre por la mañana se saqueó la Casa Comunal, y fueron tirados a la basura documentos del expediente jurídico que se sigue en contra de la invasión de el predio El Pandillo, lo demuestra la asistencia de una funcionaria de la Procuraduría Agraria que pretendió legalizar un Asamblea de Comuneros convocada este mismo miércoles sin respetar los reglamentos.
Denunciamos que en esos hechos participaron, por un lado, abogados del empresario-invasor Guillermo Moreno Ibarra, así como policías municipales de Poncitlán del gobierno que encabeza el perredista Carlos Maldonado Guerrero. También participaron en estas reuniones el ex delegado municipal Nicolás Baltazar (militante del PRD) que ha promovido diversos proyectos económicos que han dañado terrenos de la comunidad.
Además se anunció que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano del gobierno del estado asistirían a poner en marcha proyectos de gobierno, en conjunto con el gobierno municipal y la nueva autoridad comunal, que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.
De modo que no se trató de una simple orden de aprehensión. Es evidente que actúan en concierto diversos funcionarios y autoridades: agentes del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco que integraron una averiguación previa en la que se inventan cargos y hechos; un juez que aceptó fincar cargos a Rocío Moreno y otros comuneros sin existir siquiera mínimos elementos de prueba; policías investigadores que fingen ser reporteros de un diario para citar a Rocío Moreno y detenerla mediante engaños; representantes de la Procuraduría Agraria que participan como edecanes de una autoridad comunal impugnada; funcionarios del gobierno del estado que aprovechan una detención irregular para tratar de imponer proyectos económicos que han sido repelidos por la comunidad desde hace diez años. Y como chicle que pega todas piezas aparece el empresario invasor Guillermo Moreno Ibarra en el papel de garante de todos intereses económicos y políticos en juego.
Todas las piezas del rompecabezas revelan entonces que las órdenes de aprehensión en contra de diez comuneros, y la detención de Rocío Moreno son un golpe de Estado a la comunidad de Mezcala que tratan de revertir una lucha de diez años en contra del invasor, contra de capitalistas que pretenden hacer jugosos negocios y de gobiernos tratan de imponer sus proyectos a espaldas de la población.
Pero la jugada de este concierto de intereses políticos y empresariales salió mal. La detención de Rocío Moreno no hizo sino reforzar la voluntad de lucha y resistencia de la comunidad.
Tras la exhibición de este burdo “golpe de Estado” en contra de la comunidad de Mezcala, exigimos que se desestimen los cargos en contra de Rocío Moreno y otros diez comuneros, que se sancione a ministerios públicos y jueces que actúan como personeros del invasor Guillermo Moreno, y que a las autoridades de todos los niveles que dejen de actuar de manera parcial a favor de un grupo de prestanombres del invasor para dedicarse a aplicar la ley y la justicia sin corruptelas y sin favoritismos.
Asamblea de comuneros de Mezcala
Grupo Libertario Solidaridad
Colectivo Cuadernos de la Resistencia
Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil
Brigada Callejera
Colectivo Rebelión Cotidiana
Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas
