El caso de la explotación minera en Las Crucitas en Costa Rica ha resultado de gran experiencia para las luchas contra las corporaciones mineras en América Latina, ya que gracias a la amplia movilización social de distintos sectores de Costa Rica, junto a una intensa lucha jurídica han logrado que se prohíba la explotación minera en ese país centroamericano.
Este proyecto se remonta a principios de los 90’s del siglo XX, pues en 1993 el ministerio del ambiente y energía (el ahora MINAET) concedió el permiso para la exploración minera a la empresa de inversión canadiense llamada Placer Dome. Tras esta exploración se dio a conocer por parte de la transnacional que los sectores de Las Crucitas, San Carlos, providencia de Alajuela poseían importantes yacimientos de oro.
Ésta amenaza latente de la incursión minera a territorio en Costa Rica propició la articulación de campesinos y un movimiento ecologista-ambientalista que se opusieron a la minería a cielo abierto por el grave ecocidio que arrastraría consigo (acumulación de metales pesados como el mercurio, contaminación de mantos acuíferos con cianuro etc.). Estos grupos posteriormente se aglutinarían en el Frente Norte de Oposición a la Minería (FNOM).
Posteriormente, ya entrada la lucha contra la minera había una constante modificación del nombre comercial de la misma, siendo ésta una de las características de la misma lucha, aunando a ello la defensa de ecosistemas enteros amenazados de ser llevada su entrada en operación, así como quitando la posibilidad de subsistir a quienes se habían dedicado hasta entonces al trabajo de la tierra, base económica de subsistencia.
Fueron decenas de recursos de amparo interpuestos contra la empresa minera y una nutrida lucha del FNOM que llevaba a cabo acciones radicales que desde su punto de vista eran necesarias para terminar con la contaminación de suelos y mantos acuíferos; entre estas acciones podemos nombrar las caminatas, vigilias, conciertos, marchas y huelgas de hambre, acciones que iban dirigidas hacia la presidenta de Costa Rica con el propósito de presionar en contra de la explotación minera en sus territorios.
Finalmente la incesante lucha legal, social y política dio recompensa: el Tribunal Contencioso Administrativo emitió el fallo a finales del año 2010, entre otros acuerdos ordenó a la empresa Industrias Infinito pagar una indemnización por los daños ambientales y se decreto una ley que prohíbe la explotación minera en el valeroso país hermano de Costa Rica.
