Un proyecto de ley antimigrante que esencialmente criminaliza al indocumentado –similar a la controvertida iniciativa de Arizona– fue aprobada por la legislatura estatal de Georgia el jueves por la noche nutriendo una intensa disputa política local y nacional entre fuerzas antimigrantes con defensores de derechos civiles, organizaciones inmigrantes y algunos empresarios y agricultores.
La medida, si como se espera es promulgada en ley por el gobernador republicano Nathan Deal, permitirá que la policía verifique la condición migratoria de cualquier sospechoso “criminal”, y obliga a empresarios y contratistas a comprobar la “legalidad” de los trabajadores que desean emplear.
Defensores de derechos civiles y de comunidades inmigrantes advirtieron que la ley hará que los indocumentados vivan más profundamente en las sombras y quedarán más vulnerables a todo tipo de abusos, lo que provocará mayor distancia entre policías e inmigrantes.
Por otra parte, el sector agroindustrial del estado expresó su grave preocupación de que no podrá obtener suficiente mano de obra si esta legislación es promulgada.
Esta tarde, el gobernador Deal indicó en entrevista con el Atlanta Journal Constitution que tiene la intención de promulgar la ley, además de que había prometido apoyar este tipo de iniciativas durante su campaña electoral porque algo se tenía que hacer para controlar la “inmigración ilegal” por los costos que ésta tiene para el estado.
“Es un gran día para Georgia. Hemos cumplido con la tarea que nuestros electores nos pidieron hacer para abordar costos y consecuencias sociales en nuestro estado por el fracaso del gobierno federal en asegurar las fronteras de nuestra nación”, afirmó el representante estatal republicano Matt Ramsey, quien redactó la medida.
Pero otros afirman que es “una medida que demoniza a gente de piel morena y acento español”, como lo dijo la senadora estatal demócrata Nan Orrock, y que generará un clima muy hostil. “Georgia es vista como la casa del movimiento de los derechos civiles… la ironía es que ahora el estado estará trabajando contra los derechos civiles”, afirmó Jerry González, director de la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia, al diario Wall Street Journal.
Para Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, “Georgia ahora se ha sumado a Arizona al aprobar la legislación antimigrante más extrema en Estados Unidos”.
El panorama demográfico de Georgia, como de varios estados sureños, ha sido transformado por la creciente presencia latina, nutrida en gran parte por el flujo migratorio de mexicanos y centroamericanos hacia esa región.
La población latina casi se ha duplicado en ese estado sureño en la última década, de 435 mil en 2000 a casi 854 mil hoy, según cálculos recientes de la Asociación Nacional de Oficiales Electos Latinos basados en el censo. Los latinos representan casi 9 por ciento del total de la población de Georgia. Entre ellos viven aproximadamente 425 mil indocumentados, calcula el Pew Hispanic Center.
Críticos de esta iniciativa subrayan, como en el caso de Arizona, que este tipo de ley tiene repercusiones negativas para la comunidad latina. Algunos dicen que, como en Arizona, estas medidas son un ataque político de las fuerzas conservadores alarmadas por la creciente presencia, y subsecuentemente poder político, de los latinos.
Algunos defensores de los inmigrantes han advertido que si la medida es promulgada llamarán a un boicot nacional del estado.
Aun si la medida es promulgada en ley por el gobernador, enfrentará retos legales ante los tribunales. Sólo el pasado lunes un Tribunal Federal de Apelaciones sostuvo el fallo de un juez que suspende algunas de las partes más controvertidas de la ley antimigrante de Arizona (SB1070) promulgada por la gobernadora Jan Brewer en 2011, incluyendo la sección que otorga poderes a la policía local para verificar la condición migratoria de los “sospechosos” que detiene por algún delito.
Ese tribunal indicó que hay suficientes elementos como para suponer que hay una probabilidad que ese tipo de medida sea proclamada inconstitucional sobre la base de que sólo el gobierno federal tienen poderes para llevar a cabo las leyes migratorias, y no las autoridades estatales. La Suprema Corte de Estados Unidos también está contemplando la constitucionalidad de este tipo de medidas.
Sin embargo, unos 30 estados están abordando iniciativas legislativas sobre migración (vale subrayar que no todas son “antimigrantes”) ante el vacío político que ha dejado Washington al no cumplir durante años con la promesa de una reforma extensa de lo que todos –tanto conservadores como liberales– consideran un sistema descompuesto de migración.
Entre los estados que activamente están considerando leyes antimigrantes tipo Arizona se encuentran Florida, Alabama e Indiana. Utah acaba de impulsar una ley de control de inmigración pero incorporó una medida que amortigua los peores efectos de las leyes tipo Arizona, al emitir credenciales de identificación a trabajadores indocumentados, a quienes identifica como “trabajadores huéspedes”.
Pero como reporta el diario Los Angeles Times, también hay estados que, en el vacío político federal, están impulsando leyes que otorgan más beneficios a indocumentados, como lo hizo Maryland recientemente al permitirles cobrar una colegiatura reducida exclusiva para residentes del estado.
Mientras tanto, esfuerzos para promover leyes inspiradas por el ejemplo de Arizona fueron derrotados en Nebraska y Colorado.
Fuente: http://www.aporrea.org/tiburon/n179190.html
