“En los operativos todo el tiempo nos maltratan”: trabajadora sexual
¿Y HASTA CUÁNDO PODREMOS DISFRUTAR DE DERECHOS LABORALES?
* El marco jurídico mexicano contra la trata sexual, incita al odio hacia las trabajadoras sexuales.
*El gobierno federal propone tipificar como delito grave el consumo de servicios sexuales
Redacción de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, México, D.F., 1 de abril de 2011.- Uno de los efectos colaterales de la “cruzada federal judeo cristiana contra la trata sexual”, a la cuál le entraron todas las procuradurías estatales de la república y las policías municipales de las principales ciudades del país, es el recrudecimiento de la violencia institucionalizada contra las trabajadoras sexuales.
Como lo señala Orquídea, trabajadora sexual transgénero con más de 40 años ejerciendo el sexo comercial, “es como en los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de (la Secretaría de Gobernación), cuando la policía nos marcaba el paso todo el tiempo, pero de algo teníamos qué vivir y las sobrevivientes, seguimos en pie y 40 años después, en los operativos todo el tiempo nos maltratan”.
Hoy en día el panorama no puede ser peor, menciona Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de trabajadoras sexuales, ya que el Programa Nacional de Derechos Humanos de la Administración Pública Federal (APF), publicado el 29 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la primera línea de acción establece como objetivo, erradicar la prostitución, la pornografía y la explotación sexual.
Esto significa en la práctica, equiparar la pornografía y la prostitución, con la explotación sexual, el sueño de todas las abolicionistas del mundo desde el siglo XIX, cuando por primara vez un sector del feminismo clasemediero, planteó la abolición de la prostitución, por considerar a todas y cada una de las “prostitutas”, víctimas de esclavitud y explotación sexual, sin excepción alguna, como lo señala la investigadora española, Laura Agustín.
El Programa Nacional para prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2020 – 2012, publicado el 5 de enero de 2011 en el DOF, menciona en la introducción que una de las causas de la trata, es la alta demanda de servicios de explotación sexual.
Así mismo, en la cuarta línea de acción del Programa, se impulsa el rechazo social a la prostitución, situación que a juicio de Jaime Montejo, coordinador de comunicación social de brigada Callejera, podría equipararse con incitar al odio feminicida de trabajadoras sexuales, en un país donde todos los días, con y sin guerra contra el crimen organizado, se asesina a mujeres que se ganan la vida, ofreciendo servicios sexuales.
La segunda línea de acción de la estrategia 3.5 del Programa en mención, propone tipificar como delito grave el consumo o aprovechamiento de la trata de personas, esto es, añade Elvira Madrid, “en el caso del trabajo sexual, criminalizar al cliente de los servicios sexuales y en la práctica convertir a la trabajadora sexual en cómplice del delito por encubrir a sus contactos sexuales remunerados”.
Finalmente, el decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, prohibe los anuncios sexuales en periódicos, internet y otros medios de comunicación.
Adiciones propuestas entre otros legisladores por la diputada lesbiana Enoé Uranga, “candidata de unidad del movimiento de la diversidad sexual”, así como el priísta Salvador Caro Cabrera, que en Guadalajara pretendió velar por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la diputada panista Rosi Orozco, dedicada a la lucha contra la de personas.
“Prohibición que no afectará a los grandes anunciantes de la industria sexual que ya se están mudando hacia portales de internet, donde la restricción no les alcance y que en cambio, dificultará que las trabajadoras sexuales que laboran por su propia cuenta, sigan haciéndolo sin depender de un protector patriarcal”, denunció Jaime Montejo.
Prohibir los anuncios sexuales es como pretender prohibir los contactos sexuales en las redes sociales virtuales, porque en todas y cada una de ellas, los padrotes reclutan a adolescentes incautas, aseguró Elvira Madrid.
“Cada operativo policíaco contra la trata sexual, en lo que va del gobierno federal de Calderón; ha significado violencia verbal, física, sexual y robo de celulares y dinero a las presuntas víctimas de trata sexual, no importa quien se tome los lugares donde se ejerce la prostitución”, fue el consenso de todas las personas entrevistadas.
La gran pregunta de toda la audiencia es: ¿y el marco jurídico que garantice los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales, cuando lo van a discutir, votar y hacer realidad? Garantías laborales que equilibren la actual situación que se está viviendo en un país, donde las políticas macroeconómicas del gobierno federal, dictadas por el Fondo Monetario Internacional, lanzan al sexo comercial, a generaciones enteras de mujeres, adolescentes y niñas del campo y la ciudad, al amparo de funcionarios públicos corruptos y de la impunidad que gozan enganchadores y explotadores sexuales.
