¿Paz y baile?
San Cristóbal de las Casas, 12 de abril de 2010. El pasado miércoles 7, a las 22 horas, se realizó en esta ciudad, organizado por el Ayuntamiento, el concierto del grupo de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, dentro del marco de la “Feria de la Primavera y la Paz”. Concluido el espectáculo, sin ningún incidente, el ambiente festivo entre un numeroso grupo de los asistentes continuó dentro de las instalaciones del Parque de la feria.
En este escenario, un grupo de jóvenes músicos y malabaristas decidió hacer una demostración de su trabajo, concentrándose a su alrededor, como espectadores, cerca de 50 personas. En ese momento arribaron tres elementos de la policía municipal tratando de dispersar a los participantes con el argumento de que este tipo de expresiones quedaba prohibido realizarlas en ese sitio. Ante el descontento de la mayoría, los agentes respondieron lanzando gas lacrimógeno para dispersar a la gente sin importar la presencia de niños en el lugar.
Tras la dispersión forzada y con el ánimo encendido, se agruparon alrededor de cien personas que salieron a la avenida Ignacio Allende en dirección al centro de la ciudad, gritando consignas en contra de la policía. Cerca del cruce de esta calle con el Boulevard Juan Sabines Gutiérrez, se presentó una patrulla y una camioneta pick up de la policía municipal, con la clara intención de disolver al contingente, deteniendo a dos jóvenes que inmediatamente fueron liberados por sus compañeros.
Ante esta acción los patrulleros, mientras pedían refuerzos, amenazaron con utilizar sus armas de fuego, provocando la dispersión de las personas e iniciándose una persecución donde participaron numerosos vehículos policiales. De esta manera, presionaron la huida de la gente en dirección a la plaza del Carmen. Rápidamente, patrullas, camionetas y motocicletas policiales fueron cerrando las calles aledañas a la plaza, comenzando la cacería indiscriminada de todos los jóvenes a la vista, incluso de aquellos que no habían participado en los hechos antes señalados.
Intimidando con armas de fuego, utilizando indiscriminadamente gas lacrimógeno, y seleccionando a las personas solamente por su apariencia física, los arrestos se realizaron de forma violenta, en muchos casos sin ningún límite o moderación de la fuerza.
Aproximadamente a las 00:30 del día jueves, alrededor de 25 personas de ambos sexos, entre 15 y 30 años de edad, fueron trasladados a las instalaciones de la policía municipal ubicada en el Boulevard Juan Sabines, mientras tanto en las calles cercanas al centro, la policía siguió patrullando e intimidando a los transeúntes durante toda la madrugada.
Dentro de las instalaciones de la policía el maltrato físico y psicológico continuó. Los agentes no portaban ningún tipo de identificación, estando algunos de ellos incluso con el rostro cubierto, ocurriendo todo esto ante la indiferencia de la juez en turno, quien se limitó a registrar los datos y las pertenencias de los detenidos, negándose, además, a informarles acerca de su condición jurídica y los cargos en su contra, violando con ello las garantías señaladas en el artículo 20 de la constitución mexicana.
Trasladados a las celdas sin mayor atención médica que la prueba de alcohol en la sangre, los detenidos permanecieron incomunicados durante varias horas, lapso en el que fueron liberados los menores de edad. Cerca de las cuatro de la mañana del jueves se realizó otro registro con fotografía y fichas con el nombre de cada persona; el cargo atribuido fue el de escandalizar en la vía pública, falta administrativa por la que se tendría que pagar una multa de 400 pesos o cumplir con las 36 horas de arresto. Dos ciudadanas españolas fueron liberadas sin que se les forzara a pagar la fianza, mientras que dos mujeres más y tres hombres decidieron pagar la multa, siendo liberados a las 8 de la mañana del mismo día.
Cumplieron el arresto de 36 horas 9 hombres y una mujer, en condiciones insalubres, sin ningún suministro de alimentos y con visitas condicionadas a la voluntad discrecional del personal policial. En el transcurso de la mañana del jueves se presentaron dos visitantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para levantar los testimonios de los inculpados, verificar el estado de salud y las heridas de los mismos ante la presencia intimidatoria del juez en turno, Iván Velasco, quien negaba las declaraciones expuestas por los detenidos relacionadas con la violencia desmedida durante el operativo policiaco y la portación de armas de fuego por parte de sus elementos. Sin embargo, el trato dentro de las instalaciones mejoró tras la visita de los defensores de derechos humanos y la liberación se presentó a la hora señalada el viernes 9 de abril.
Los hechos antes señalados son muestra de una política fundada en la intolerancia, el miedo, el abuso de autoridad y la persecución. En esta estrategia desarrollada por el gobierno estatal de Chiapas encabezado por Juan Sabines Guerrero, y en este caso puesta en práctica por el gobierno municipal de Mariano Díaz Ochoa, se violentaron derechos fundamentales de las personas, como la libertad de asociación y de expresión.
Estos eventos, en ningún caso, son hechos aislados. En mayo de 2009 fue asesinado en la ciudad de San Cristóbal, Víctor Martín Penagos Estrada (conocido como el Burla) por grafitear la barda de un hotel; las irregularidades del caso no han sido aclaradas hasta ahora y el responsable se encuentra en libertad. Los medios de comunicación trataron de justificar el homicidio creando una campaña a favor de las autoridades, criminalizando y prejuzgando a los jóvenes grafiteros, al mismo tiempo que justificaron la legalización de las prácticas represivas y los excesos del uso de la fuerza por parte de las autoridades.
En los últimos siete meses se han incrementado las denuncias ante organizaciones defensoras de los derechos humanos en contra de abusos policíacos particularmente en contra de jóvenes. En la ciudad de San Cristóbal, centro turístico por excelencia del estado de Chiapas, se pretende atraer un mayor número de visitantes tanto nacionales como extranjeros con una mayor capacidad adquisitiva, por lo que se considera necesario desplazar a cientos de visitantes en su mayoría jóvenes que no obedecen a esta lógica diseñada por las autoridades locales. La criminalización de determinadas prácticas culturales obedece a un plan mayor relacionado con el megaproyecto turístico diseñado por el gobierno estatal y dos consultoras transnacionales (Norton Consulting Inc. y EDSA, Florida) que pretenden crear ocho circuitos turísticos entre Palenque y San Cristóbal, afectando varias comunidades indígenas y el medio ambiente de la región.
