El 10 de junio, unas dos mil personas marcharon desde el Casco de Santo Tomás al Zócalo para exigir justicia por la matanza de 120
estudiantes a manos del grupo paramilitar “halcones” en las calles de la ciudad de México hace 38 años.
Se destaca la responsabilidad del general Manuel Díaz Escobar, entrenado en las bases militares de Estados Unidos en la Escuela de las Américas durante la guerra fría, y del presidente y agente de la CIA Luis Echevarría, exonerado de sus crímenes por el gobierno mexicano el marzo pasado.
Con consignas, pancartas, mantas y discursos, los manifestantes rechazaron la Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS) y
el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) que tienen como objetivo la privatización de la educación y la creación de mano de obra barata para
las empresas transnacionales. Se opusieron a la eliminación de filosofía y otras materias del área de humanidades, la reducción del
nivel educativo al mismo que un CONALEP, el aumento de los costos de las cuotas escolares, y los obstáculos al ingreso a la educación superior
por falta del conocimiento necesario.
Dijo una joven: “No nos aceptan en las universidades. Se supone que todavía tenemos el derecho a la educación gratuita, pero ahora si yo
quiero estudiar, tengo que pagar”.
Agregó un joven: “¿Viste lo que pasó en Hermosillo hace unos días? 44 niños chiquitos murieron en un incendio en una guardería. A los ricos
que operan el lugar, ni siquiera se les ocurrió gastar unos pesos en extintores. Esto es el resultado de la privatización de la educación”.
Otras demandas de la marcha eran ¡Fuera porros de todas las instituciones educativas! y ¡No a la represión! y ¡Libertad para los
presos y presas políticas! Siempre solidario con las luchas principales del país, el Frente Popular en Defensa de la Tierra de San Salvador
Atenco se sumó a la marcha para oponerse a las “reformas” que dejan a los hijos de obreros y campesinos “sin futuro” y para exigir la libertad
de sus presos políticos. En entrevista, una compañera resaltó un tema poco mencionado: la falta de oportunidades educativas en las prisiones
del país. Para Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no existen. No pueden estudiar. Ni siquiera pueden recibir libros de sus
familiares o amigos.
El tema de los presos políticos también fue enfatizado por un contingente del Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI,
recién llegado al DF desde Chiapas para denunciar la situación de encarcelamiento injustificado que existe en ese estado.
Mucha de la represión que ha ocurrido en los últimos meses está relacionada con el tema de la educación, especialmente la represión a
los normalistas en Guerrero y Michoacán que resisten la eliminación de las escuelas normales. Y ¿cómo olvidar el uso ilegal del ejército para
reprimir la huelga magisterial en Morelos en enero de este año?
El mismo día de la marcha, una protesta del Consejo Democrático Magisterial Poblano fue reprimida y los maestros y maestras brutalmente
desalojados de su local. Se dieron detenciones arbitrarias por parte de un grupo de civiles entre los cuales se encontraba un encapuchado.
A finales de mayo varios estudiantes del nivel medio superior del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco exigieron su
derecho a un espacio en el plantel y, ante el rechazo de las autoridades, ocuparon un espacio. Mientras resistían al desalojo, el
director fue herido, sin querer, por un tubo lanzado por un estudiante. Sin embargo, seis estudiantes fueron sancionados con una suspensión
temporal de seis meses, un claro ejemplo de un castigo colectivo vengativo.
Una semana antes de la marcha, la rectoría de la UNAM redobló sus esfuerzos para desalojar el Auditorio Ché Guevara, tomado en septiembre
de 2000 tras varios meses de represión policiaca contra la huelga estudiantil. Al usar como pretexto el asesinato de un aparente vendedor
de drogas en el estacionamiento de Filosofía y Letras el 4 de junio de este año, la Rectoría bajo José Narro, con la ayuda de los medios
principales y el apoyo de Marcelo Ebrard y un buen número de profesores, hace todo lo posible para criminalizar a los colectivos que mantienen la
ocupación del Auditorio como símbolo de resistencia y espacio de lucha para la transformación de la universidad y del país.
El periódico más agresivo contra la ocupación del Ché Guevara ha sido La Razón, del reconocido salinista y derechista Pablo Hiriart, antes editor
de La Crónica de Hoy y director de Notimex y comentador de TelevisiónAzteca. Hiriart ha dicho en varias entrevistas radiofónicas que está
comprando el periódico del contratista de PEMEX, Ramiro Garza Cantú, para el explícito propósito de avanzar las “reformas” en el país, hasta
ahora bloqueadas por grupos pintados como “héroes” en ciertos medios, como, por ejemplo, los campesinos de San Salvador Atenco y los rebeldes
de Oaxaca. (En julio de 2008 Garza Cantú convenció a una juez en Nueva York que él no era narcotraficante del cartel del Golfo, como alegado
por su ex socio Billy R. Flanigan y reportado en el Proceso del 13 de febrero de 2005.)
Y este 10 de junio, ¿qué dicen los demás periódicos sobre la resistencia estudiantil contra las reformas educativas o la represión contra el
movimiento estudiantil? Poco o nada. Pero la Jornada sí tiene un artículo totalmente sesgado en apoyo a los “investigadores eméritos y
profesores de la FFL” que exigen el “rescate” del auditorio Che Guevara “ante la posibilidad de que se presenten nuevos actos violentos, como
el asesinato de un presunto narcomenudista ocurrido en el estacionamiento de dicha facultad”. [El no haberlos desalojado antes]
“es peligroso”, dice el ex Rector José Sarukhán. “Ya vimos por qué”. ¿Perdón? ¿Qué es lo que vimos? ¿Hay un solo dato que sugiere que un
individuo o grupo que ocupa el auditorio tiene algo que ver con el asesinato de la persona en el estacionamiento? ¿Acaso la recuperación
del espacio tiene algo que ver con la perpetración, o no perpetración de nuevos actos violentos?
Y para el colmo, en lugar de presentar una seria investigación del grave problema de los porros en las universidades, preparatorias y
bachilleratos del país, algo que hubiera sido muy apropiado en el aniversario del halconazo, cuando estos grupos se volvieron parte del
proyecto de “seguridad nacional”, ¿qué es lo que nos ofrece La Jornada? Un artículo que le da voz a tres líderes de los grupos paramilitares
contratados por el PRI, PAN, PRD, PSD, etc. para mantener a los estudiantes sumisos y dóciles o para castigarlos si se ponen rebeldes.
Ahora que unos se cansan de golpear, lanzar petardos, robar y violar a los estudiantes, piden compasión. Les hace falta nuestro apoyo para su
“reinserción social”. Tal vez piensan postularse para diputado como el He-man porque no podríamos esperar que busquen un trabajo digno.
En vista de la criminalización de la juventud, del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales con la colaboración de los
medios principales, los esfuerzos organizativos siguen. Los organizadores de esta marcha eran:
Coordinadora de Vocacionales y Escuelas Superiores del IPN, Escuela Superior de Economía (IPN), Preparatorias (UNAM) 2, 5, 6, 7, 8 y 9 CCH
Oriente, Vallejo, Sur y Azcapotzalco, Facultades (UNAM) Ciencias, Ingeniería, Psicología, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad
Autónoma de Chapingo (CGR), Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de Bachilleres 2, 3, 4, 7, 8, 10 y 19, FECSM, IPN
-Zacatenco y CGR-UC
(ESIME Culhuacan), UAM xochimilco y Azcapotzalco, Comité 68, Coordinadora Revolucionaria Estudiantil,Coordinadora anticapitalista Che
Guevara, Grupo de Acción Revolucionaria, Radio Okupa, Colectivo 23 de Septiembre, Colectivo la Voz del Pueblo, Liga de Trabajadores por el
Socialismo, Círculos Marxistas Leninistas, Colectivo Estudiantil Balam CB-2, MOCRI-CPA-MN, Komuna 23, Comité de Lucha Prepa 9, Comité de Lucha
Voca 10, Boletín Ciudadano y Militante Oposición de Izquierda (MOI).
