-¿A qué horas te levantaste, compañera?
-A las 3.
A las 3, para salir de San Salvador Atenco a las 5, llegar al DF a las 7 y salir a las 9 en una caravana de tres camiones y más de treinta coches para Almoloya de Juárez, llegando un poco antes de las 12 del día con machetes, mantas, equipo de sonido, garrafones de agua, anafres y, como siempre, comida ya preparada para compartir generosamente con todos.

Ésta es la primera caravana que ha llegado al penal de máxima seguridad del Altiplano, después de un sin fin de eventos en Atenco, manifestaciones afuera de los penales de Santiaguito y Molino de las Flores, marchas en el DF, y plantones y mítines ante la Suprema Corte, el PGR y la Fevintra durante los últimos tres años, para exigir la libertad de todos los presos políticos de Atenco y cárcel para los asesinos y torturadores del Estado.

La demanda inmediata de la caravana era el traslado de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo al penal de Molino de las Flores, y se suponía que una comisión iba a entrar a visitar a los presos. La visita ya había sido tramitada de antemano.

A pesar de una bofetada más del Estado, esta vez de parte de la directora del penal Jessica Landeros, quien impidió la visita y el traslado, se notó un aire fresco de esperanza en la manifestación, el que tenía mucho que ver con el regreso del compañero Bernadino Cruz Cardona del exilio la semana pasada y la salida de Pedro Flores Reyes del penal de Molino de Flores el viernes pasado.

La comisión que se entrevistó con la directora Landeros y un criminólogo argumentó que, según la Constitución,  cada preso sentenciado tiene el derecho constitucional a “compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio” a menos que el preso sea de la delincuencia organizada.  Está claro que Ignacio, Felipe y Héctor fueron encarcelados por motivaciones políticas por ser “integrantes de un movimiento en defensa de la tierra cuyas causas son justas y egítimas”, y las razones dadas por su traslado a la prisión de máxima seguridad  eran por “tratarse de un asunto de alta relevancia” y “por haberse identificado como dirigentes del FPDT”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha declarado que el traslado de los tres presos al Altiplano fue ilegal y una violación de sus derechos humanos.

Al salir del penal el obispo Raúl Vera reportó que la directora no pudo justificar las condiciones inhumanas que los compañeros padecen. Su único pretexto era que “había alerta máxima” para ellos. Ignacio, Felipe y Héctor pasan 23 horas al día encerrados con la luz siempre prendida en sus celdas, sin poder participar en ningún tipo de actividades, salvo (recientemente) una clase de dibujo una vez a la semana. Les dan 3 minutos para comer y 3 minutos para bañarse y son sometidos a revisiones denigrantes. Ni siquiera pueden recibir libros o ropa caliente para abrigarlos contra el extremo frío en Toluca, tampoco pueden recibir artículos de aseo personal. Sólo se les permite recibir una visita  y una llamada telefónica de diez minutos cada ocho días, y sus cartas son objeto de censura.

Los mensajes de varios grupos de apoyo y las canciones rebeldes de La Otra Cultura comunicaron la voluntad de los manifestantes de seguir con las acciones hasta que el último preso salga.  La hermana del compañero Jacobo Silva Nogales, también preso político en el Altiplano, pidió que todos estemos al pendiente del próximo dictamen en el caso de Jacobo y de Gloria Arenas porque en el evento de que ganen su caso, la Procuraduría podría inventar otros cargos para impedir su salida. Por otra parte, los planes para el 3 & 4 de mayo, tres años después del operativo criminal, incluyen un foro en Atenco el día 3 y un mitin ante la Fevintra el día 4 a las 11 hrs seguido por una gran marcha a las 4 de la tarde.

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