Estas detenciones fueron hechas con bastantes irregularidades mediante un operativo que fue coordinado por la SEDENA, la PJF, el CISEN, la PGR y sujetos no identificables, quienes ingresaron violentamente a tres domicilios en el DF y uno en el Estado de México.
El 14 de agosto, la PGR presentó publicamente a los detenidos argumentando haber encontrado armas, explosivos y dinero en la casa de los hermanos Cerezo. Este hecho fue desmentido por los testigos que firmaron el acta circunstancial, ya que negaron haber visto las cosas que la PGR dice haber encontrado y señalan que se les obligó a firmar.
Este acto en las sucursales de BANAMEX fue reivindicado el 9 de agosto del 2001 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). Las FARP declararon en un comuniado:
“El día 8 de agosto del presente año, unidades militares de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo realizaron tres acciones de hostigamiento militar limitado con carácter propagandístico sobre igual número de oficinas de BANAMEX”.
Días despúes en otro comunicado fechado el dia 14 de agosto la FARP deslindaban de estos actos a los 5 detenidos:
“Ante los acontecimientos de represión ocurridos en las últimas horas las FARP declaran:
1.- Que las 5 personas presentadas como detenidas por el Gobierno Federal no pertenecen a nuestra organización, por lo cual negamos su participación en cualquier acción realizada por nuestras unidades”.
A pesar del deslinde de esta organización guerrillera, la PGR os mantiene presos y les dicta auto de formal prisión por los delitos de: Terrorismo, Asociación delictuosa, Almacenamiento de armas, Almacenamiento de cartuchos y Almacenamiento de artificios. En este momento desecharon las primeras acusaciones por “Daño en propiedad ajena y Transformación de artificios”. Para este momento es evidente que la PGR al mismo estilo de los actos represivos de la Huelga estudiantil de 1999 había adjudicado las acusaiones al viejo estilo de la guerra sucia de los años 70’s, es decir, la invencion de delitos los cuales no son comprobables.
A pesar de las adjudicaciones de las FARP y el deslinde con los detenidos, las acusaciones señalaban que los 5 detenidos pertenecian a otra organización político militar: El Ejercito Popular Revolucionario.
Por su parte el EPR en una serie de comunicados pide por la libertad de los detenidos y al igual que las FARP deslindan a los detenidos, cuestionen el papel de las autoridades mexicanas en relación a los derechos humanos y piden a las diferentes orgnizaciones sociales de mexico moviliarse por la libertad de los presos políticos.
Unos días despues de su detención el 17 de agosto, los detenidos son trasladados al penal de Máxima Seguridad de “La Palma”, en Almoloya, Estado de México.
Dentro de la detención de los hermanos Cerezo, Pablo Alvarado y Sergio Galicia se circula la información de que durante su detención, las 12 horas donde estuvieron desaprecidos y la estancia en la PGR hubo graves violaciones a los derechos humanos, entre las cuales hay huellas de tortura. El doctor Adrián Ramírez López, Presidente de la Limeddh, les practica a los detenidos un examen médico y dice haber encontrado hematomas, huellas de algunos golpes y lesiones en el cuello. Por su parte la PGR niega haber practicado la tortura y determina que las lesiones son producto de la resistencia al arresto. La CNDH dice que indagaría si hubo tortura, incluyendo lo ocurrido durante las 12 horas que los hermanos Cerezo Contreras estuvieron desaparecidos. José Luis Soberanes asegura que hubo maltrato y probable tortura.
En marzo de 2002 el ya conformado Comité Cerezo consiguió la excarcelación de Sergio Galicia.
Despues de más de un año de la detención, el 11 de diciembre de 2002, la PGR da a conocer la sentencia dictada contra los tres hermanos Cerezo a 13 años y 6 meses y a Pablo Alvarado a 10 años.
