Huajuapan de León, Oax.- En un comunicado emitido por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos se dio a conocer que el pasado martes 25 de noviembre de 2008 se cumplieron dos años de los graves enfrentamientos en la Ciudad de Oaxaca provocados por la intervención de la PFP (Policía Federal Preventiva) en contra de los miembros y simpatizantes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca).

El documento señala que fueron detenidas 139 personas, las cuales fueron recluidas en diferentes penales del Estado de Oaxaca y al día siguiente trasladadas al CEFERESO de San José del Rincón en el estado de Nayarit. Estos hechos, sumados a los largos meses de conflicto en el estado de Oaxaca, originaron la realización de la V Visita de la CCIODH en los meses de diciembre de 2006 y enero del 2007 para la elaboración del informe de la situación que se vivió durante y después de los conflictos en Oaxaca, así como la VI Visita de Evaluación a los estados de Chiapas, Oaxaca y Atenco (Estado de México) en febrero de 2008.
 
El informe tomando el caso del conflicto oaxaqueño ha tenido un saldo represivo que provocó la muerte de 23 personas, la detención de más de 450 miembros y simpatizantes de la APPO y una larga serie de denuncias por delitos de tortura, tratos crueles y degradantes, desapariciones forzadas de personas, así como privación ilegal de la libertad durante los mese de mayo a noviembre de año 2006.
 
A dos años después la situación de impunidad se mantiene en los mismos términos, cita el documento. No se han producido procesamientos judiciales de funcionarios públicos como autores materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el conflicto oaxaqueño.
 
En el apartado de conclusiones, el informe señala que: “…La CCIODH advierte con preocupación que un año después de la anterior visita, la situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece en un estado extremadamente crítico”. Ya que  manifiesta: “…la falta de legitimidad social del sistema institucional en su conjunto. Especialmente inquietante es la percepción generalizada sobre la falta de independencia del poder judicial y la escasa utilidad de los organismos oficiales de protección de los derechos humanos”.
 
La CCIODH advierte que: “…un año más tarde de la anterior visita, no se ha avanzado en absoluto en el cumplimiento de nuestras recomendaciones. No se han atendido las causas originales del conflicto, ni se han tomado las medidas necesarias para evitar la continuidad de la vulneración de derechos. En el año 2007 ha perdurado –e incluso se ha sofisticado- el clima de hostigamiento sobre los movimientos sociales”.
 
Asimismo la CCIODH expresa su preocupación por el giro que ha tomado la investigación acerca del asesinato del periodista independiente Roland Bradley Will, el 26 de octubre de 2006.
 
En fecha reciente, la PGR dio a conocer resultados que increpan varias personas identificadas como miembros de la APPO, volviendo así a la versión brindada por el ministerio público oaxaqueño, misma que la propia PGR había desestimado.
 
Es especialmente grave que el caso regrese al fuero común del estado de Oaxaca y, sobre todo, que se disimule la presencia de funcionarios armados y policías en las pruebas de los hechos, quienes apuntaban, entre otros, a quien los estaba grabando, el fallecido Brad Will.
 
Respecto a la situación de la labor de los periodistas oaxaqueños, la CCIODH señaló con insistencia, que después del conflicto se observo la constante violación a la libertad de expresión o libre prensa.
 
Ya que el pasado 25 de octubre, esta inquietante situación se ha visto corroborada por los actos de torturas a los cuales fue sometido el periodista del diario Noticias, Pedro Matias Arrazola. Es en efecto notorio, que aquel periódico y sus colaboradores sean desde hace años blanco de ataques emanados directamente de grupos afines al gobierno estatal. Estos hechos han sido ampliamente documentados y denunciados a nivel internacional, llegando incluso a que, en noviembre 2005, la CIDH emitiera medidas cautelares a favor del director y de 116 trabajadores del diario e instara a las autoridades estatales a garantizar su seguridad e integridad.
 
La CCIODH está sumamente preocupada por el hecho de que, dados los antecedentes de la investigación sobre el asesinato de Bradley Will, los atropellos contra periodistas, y en particular los actos de barbarie perpetrados en contra de Pedro Matías Arrazola, así como la persecución a radios locales y comunitarias, no encuentren, ni a nivel estatal ni a nivel federal, cauces para ser dirimidos con la diligencia y la imparcialidad que en materia de justicia todo ciudadano está en derecho de exigir.
 
Finalmente el documento elaborado por la CCIODH indica en términos generales que en el caso de Bradley Will, las señales dadas por las órdenes de aprehensión en contra de simpatizantes de la APPO parecen apuntar a una voluntad de seguir estigmatizando y criminalizando los movimientos sociales.
 

 

 

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