México D. F. 29 de agosto de 2008
El poder judicial del Estado de México actúa bajo consigna, los jueces de esa entidad no resuelven los juicios conforme a las constancias procesales, en su afán de consumar una venganza largamente anunciada han sido capaces de violentar todos los principios legales que, se supone, están obligados a observar para impartir justicia.
El caso Atenco representa la comprobación empírica del uso faccioso del poder del Estado, la renuncia desvergonzada de las facultades legales del poder judicial frente al poder ejecutivo, los actos viles de tinterillos sin escrúpulos y de la estulticia como método de represión oficial.El juez primero penal de primera instancia de Texcoco, en la causa 58/2007, ha dictado una sentencia condenatoria en contra de once compañeros, por el supuesto delito de “Secuestro Equiparado”, la única “prueba” que arguye para ello es la declaración de los propios elementos represivos denunciantes, mismas que se encuentran en franca contradicción con sus propias ampliaciones de declaración, así como los careos practicados, toda vez que en sus primigenias dicen que no pudieron observar a nadie, que las personas que los retuvieron iban tapados de la cara con paliacates, que estos les taparon la cara con sus propios chalecos, los colocaron boca abajo y que por esas circunstancias no pueden proporcionar media filiación, ni dato alguno que sirva para identificarlos, sin embargo, de pronto, como por acto de magia, ante las fotografías de los detenidos que les puso a la vista el ministerio público, “identifican plenamente y sin temor a equivocarse” a los acusados como aquellos que los privaron de su libertad, el juez omite valorar las contradicciones de fondo que existen, mismas que debieron conducir a probar la mendacidad de los denunciantes y en consecuencia negar cualquier valor probatorio, decide dolosa y dogmáticamente otorgarles valor “indiciario preponderante” y con base únicamente en ello condenar a IGNACIO DEL VALLE MEDINA a 45 años de prisión y a JUAN CARLOS ESTRADA CRUCES, OSCAR HERNANDEZ PACHECO, NARCISO ARELLANO HERNANDEZ, ALEJANDRO PILON ZACATE, JORGE ALBERTO ORDOÑES ROMERO, ROMAN ADAN ORDOÑEZ ROMERO, PEDRO REYES FLORES, INES RODOLFO CUELLAR RIVERA, EDGAR EDUARDO MORALES REYES y JULIO CESAR ESPINOZA RAMOS, a 31 años 10 mese y 15 días de prisión, una verdadera felonía, toda vez que niega todo valor a las pruebas aportadas y desahogadas por la defensa con las que se acredito plenamente le inocencia de los acusados.
También el juez tercero penal de primera instancia de Texcoco, en la causa 298/2007, dicto sentencia condenatoria en contra de MARIA PATRICIA ROMERO HERNANDEZ , acusada de ultrajes y portación de arma, por 4 años de prisión, para ARTURO SANCHEZ ROMERO y RAUL ROMERO MACIAS, por los supuestos delitos de ultrajes y lesiones les impone 3 años, 4 mese y 7 días y 3 años 8 meses respectivamente, igual que en el otro proceso la única prueba de cargo, casualmente, resulta ser las declaraciones de los elementos represivos y de nueva cuenta se niega valor probatorio a los elementos aportados por la defensa, lo que corrobora el “modus operandi” del poder público, los llamados jueces no imparten justicia, imponen la venganza. En este caso y no obstante que por el monto de la condena, en la propia sentencia se concede la “conmutación” de la pena privativa de libertad por una multa, lo que significaría la libertad inmediata de estos tres compañeros, para evitarlo el ministerio público, en los últimos minutos del término de cinco días para hacerlo, cuando se había creado la expectativa de la libertad, interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia, con ello impidió que quedaran libres estos tres compañeros, tendremos que esperar a que se resuelva ese recurso para tenerlos con nosotros.
Mientras los jueces de consigna condena a IGNACIO DEL VALLE MEDINA prácticamente a cadena perpetua, porque a la pena de 45 años mencionada se le suma la de 67 años y medio de otra causa penal, 112 años de prisión por defender la tierra, los sátrapas perpetradores de la tortura a mas de 200 personas, los asesinos de ALEXIS BENHUMEA HERNANDEZ y de JAVIER CORTEZ, los violadores de las mujeres detenidas, los que allanaron y destruyeron las viviendas en Atenco, gozan de absoluta impunidad, igual que los responsables intelectuales de esos actos de barbarie como pequeño dictador ENRIQUE PEÑA NIETO, VICENTE FOX QUEZADA, WILFRIDO ROBLEDO MADRID, ABEL VILLICAÑA, EDUARDO MEDINA MORA, FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, NAZARIO GUTIERREZ, entre otros que se encuentran denunciados ante la PGR incluso ante la FEVINTRA, sin embargo a la fecha no hay resultado alguno, ni siquiera se ha informado de la realización de diligencias ministeriales que indiquen investigación en curso, después del año y medio de haber sido presentadas las primeras denuncias colectivas por este delito de lesa humanidad, no obstante el conjunto de instrumentos legales signados por nuestro país en el ámbito internacional para prevenir y sancionar este delito.
Igualmente esperamos la resolución final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la investigación que por mandato constitucional ha tenido que realizar por las violaciones graves de las garantías individuales de los ciudadanos de San Salvador Atenco ocurridas los días 3 y 4 de mayo de 2006, no obstante el cumulo de pruebas aportadas para ese fin y que ha fenecido el plazo autoimpuesto por la misma, después de la prorroga que generosamente se concedió a sí misma.
Llamamos a la sociedad civil a solidarizarse con los presos políticos, en acciones que permitan, por un lado, que obtengan su libertad inmediata y absoluta, y por otro que con la acción concertada de todos y todas impidamos que actos de terrorismo de estado como los que denunciamos vuelvan a ocurrir, nos implica a todos el velar por el cumplimiento y respeto de las garantías individuales de los ciudadanos, hoy les toco a ellos, impidamos que mañana nos toque a cualquiera de nosotros.
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
COLECTIVO DE ABOGADOS ZAPATISTAS
