La lógica claramente represiva con que actúan las autoridades, se ha visto agravado más aún en este caso con la flagrante y cínica adecuación de la justicia que están llevando cabo para desarticular el movimiento de los colonos, así como la solidaridad desplegada por numerosos compañeras y compañeros de distintos colectivos, grupos y tendencias, con el único objetivo de apropiarse de los predios de Nueva Castilla, como parte de un programa multimillonario de desarrolló urbano en el municipio de Escobedo, denominado “Escobedo Norte”.
Esta actuación ni nos debe de sorprender, ni mucho menos asustar. La acción de las autoridades será en ésta y las demás veces salvaguardar los intereses de los dueños del dinero, de los capitalistas, que en este caso en concreto son las mismas constructoras, autoridades y hasta representante legal y hermano incomodo del gobernador, quienes planean desarrollar la Nueva Castilla , destruir la Huasteca y hacerle un túnel al Cerro de la Silla con el Arco Vial Sureste; todos proyectos depredadores en el Estado de Nuevo León, México.
Por esta razón, quienes decidieron oponerse al despojo y al saqueo han sido reprimidos y ahora están tras las rejas del capital.
Las compañeras y compañeros acusados son:
ALICIA GUTIERREZ FUENTES: compañera de la Colonia Agropecuaria Emiliano Zapata que había acudido a solidarizarse con la lucha de los vecinos.
JUAN BALDERAS PERALES: Abogado defensor de causas sociales, quien había representado legalmente a los vecinos y que al momento de la detención se encontraba asesorándolos.
JOSÚE OBED FLORES: Es parte del grupo de colonos, y es acusado de haber dañado la cerca que se quitó para poder acceder al terreno.
JUAN GERARDO ARMENDÁRIZ GARCÍA: compañero que acudió a la colonia a solidarizarse con los vecinos. Ha participado en diversas luchas y acciones, y se encontraba como observador solidario.
GABRIELA BAUTISTA VALDOVINOS: Hija de quien vendió los terrenos a los colonos. Su familia ha sido perseguida durante años para poder despojarlos de los terrenos y llevar a cabo el proyecto urbano-industrial Escobedo Norte.
Todos ellos dentro de la causa 72/2008 radicada en el Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado (ubicado en CEDECO, San Nicolás de los Garza), en donde están siendo inculpados del delito de Despojo de Inmueble en relación con los artículos 397 Fracción I y 401 del Código Penal vigente en el Estado.
Las irregularidades existentes durante la Averiguación Previa llevada por las Agencias del Ministerio Público 1ª y 2ª del municipio de Escobedo, auxiliadas por la segunda de San Nicolás, el día de la detención, el 16 de Mayo de 2008 fueron las siguientes:
Cuando se llevó a cabo la detención de las 31 personas que se encontraban dentro del predio, a las 9:30 am, no existió una orden de detención dictada por autoridad debidamente fundada y motivada para que se hubieran podido llevar a cabo dentro de los marcos de la legalidad burguesa las detenciones, sin embargo es preciso aclarar que la flagrancia en la comisión del delito ha sido totalmente planeada por las autoridades y que por tanto tienen elementos para culparlos por eso.
Entre las personas detenidas se encontraban personas mayores de edad, como una señora de 73 años, así como una niña de 6 años.
Las declaraciones de los detenidos ante el Ministerio Público se realizaron sin el derecho a designar un abogado o persona de confianza, a pesar de que muchos se acogieron al artículo 20 constitucional, lo cual es un derecho legal de cualquier ciudadano, y que le permite esperar a un abogado por temor a declarar e inculparse; este derecho no se dio, y las propias autoridades una vez más demostraron para quien trabajan las leyes.
Mientras se daban las declaraciones, el acusador, el sicario Adrián Marcelo Marroquín, quien en ocasiones se presenta como funcionario del instituto de la vivienda y en otras como representante de Scotiabank, se encontraba presente en las declaraciones, obligando a los declarantes a inculparse y contraviniendo las declaraciones de las personas, en una cínica y vil violación de la ley.
Adrián Marcelo Marroquín, en el transcurso de la toma de declaraciones, que duró más de 15 horas entre todos los detenidos, llevó de comer a los funcionaros del Ministerio Público, que, a decir del Fiscal Lic. López, se encontraban solamente cumpliendo su “labor”, de manera imparcial. Siendo común que los agentes se refirieran al porro de Marroquín como “Jefe”.
Tras las 72 horas de rigor en las que se encuentran a disposición del MP, la consignación ante el juez se produjo el 18 de Mayo 2008 a las 9:55 horas, con el Juzgado Segundo en Materia Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado.
Durante el termino constitucional de 72 horas que empieza con la consignación, y que fue duplicado por solicitud de la defensa, se dieron en la ciudad diversas movilizaciones de decenas de compañeras y compañeros de organizaciones, colectivos, o como individuos que han acudido valientemente a solidarizarse con los compañeros detenidos y con los colonos de Nueva Castilla.
A pesar de las marchas, plantones y movilizaciones, a pesar de las declaraciones de numerosas personas ante los medios de comunicación, a pesar de que diversos diarios han publicado lo que se esconde detrás del juicio, no solo no han salido nuestros compañeros, sino que además ha aumentado el hostigamiento.
Diversos colonos han sido amenazados de muerte, luchadores sociales que han apoyado también han sido amenazados, a los familiares de los detenidos al entrar al penal a visitarlos se les ha dicho que si “no dejan de chingar van a desaparecer a los detenidos”. Defensores de derechos humanos también han sido amenazados de muerte y hostigados. Los teléfonos de muchos han estado intervenidos.
El sábado 24 en la madrugada fue dictado el auto de formal prisión contra los 5 detenidos, y fueron trasladados al penal de Topo Chico, donde actualmente permanecen.
Dentro de los primeros 15 días del auto, los detenidos deben de elegir la estrategia legal para su defensa. Las Posibilidades legales que deben de escoger los detenidos antes del día 7 de junio son:
Presentación de un Amparo Indirecto contra el Auto de Formal Prisión, lo que supondría la liberación de al menos dos de los inculpados, los menos señalados por la fiscalía, y se concedería para efectos de pronunciar un nuevo auto de formal prisión para 3 de ellos. Este procedimiento tarda alrededor de los 4 meses. Y en caso de que se dispusiera a la Juez a volver a dictar autos, tardaría otro mes más. Es preciso aclarar que un amparo se presenta ante autoridades federales, y que la juez que ve el caso es estatal, razón por la cual hay menos desconfianza de “línea” o corrupción de un juez federal que de un juez de distrito o local, cuyo trabajo depende del Gobierno Estatal, en este caso, la parte acusadora.
La vía del Procedimiento Abreviado, si bien es cierto que no asegura una sentencia reducida, pues se habla 3 años 6 meses la mínima, hasta 10 años la máxima, sin embargo los inculpados no tienen antecedentes penales y esto es tomado en consideración para considerarlos como reos de baja peligrosidad y dictar una sentencia que en promedio se encontraría en los 5 años lo que les permitiría alcanzar fianza. Para que esto suceda, deben de estar los 5 de acuerdo, y quedarían marcados de por vida con los antecedentes penales. Por lo que el Lic. Juan Balderas no podría volver a ejercer.
La apel
ación es una vía también posible. En esta se sigue el proceso, atacando las inconsistencias de la acusación. De seguirse el proceso, se tienen que presentar por la defensa las testimoniales y los careos, lo que significa que es un termino muy largo, ya que los acusadores van a demorar en asistir a declarar hasta que por ley sean obligados, lo cual sería algo muy tardado, aproximadamente un año. En este caso, se tendría que esperar a la sentencia de la Juez , y esperar que sea de inocencia.
De fallar todo y dictar la juez sentencia, las penas van de 3 a 10 años de cárcel, suponiendo que la media fuera de 6 o 7 años.
Por esta razón es de suma importancia la presión y la movilización, ya que esto es lo que más importa a las autoridades, quines ya han demostrado que para los trabajadores, los colonos, los campesinos y en general para el pueblo pobre, y particularmente para los que luchan la ley se aplica en función de desarticular la lucha social, sin embargo, estas mismas leyes se vuelven “garantistas” y flexibles cuando se trata de poner tras las rejas a Mario Marín, a Ulises Ruiz, a los policías violadores de Atenco, a Acosta Chaparro, a Echeverría, a salinas, a los Bibriesca y un largo etc, y en este caso a las constructoras por irregularidades y fraudes, así como por el conflicto de intereses y nepotismo en el caso del gobernador y su familia.
Los verdaderos autores intelectuales y materiales del despojo andan sueltos gozando de sus sueldos de funcionarios y de la riqueza generada de contratos inflados y fraudulentos, así como por el trabajo de albañiles, topógrafos y arquitectos de sus constructoras.
A nuestros compañeros se les mantiene cautivos por luchar por lo que es justo y solidarizarse con una causa noble contra el gobierno y los empresarios. Nuestros camaradas son PRESOS DE LA LUCHA DE CLASES, luchadores tras las rejas por un conflicto antagónico entre los intereses de los explotadores y los explotados.
Liberarlos es nuestra tarea y responsabilidad. Es desgastar al enemigo y demostrarle que sus amenazas y represión no nos acobardan. La lucha por vivienda digna, es una sola con las luchas por mejoras salariales, por un salud accesible y popular, por una educación gratuita y científica, contra los tratados hambreadotes como el ASPAN y el TLC, por la aparición con vida de los desaparecidos políticos, por el castigo a los represores, por cancelar las ordenes de aprehensión contra luchadores sociales y por tirar abajo los barrotes de las celdas que mantiene cautivos a nuestros compañeros presos políticos y de conciencia.
Es decir, la lucha ascendiente de nuestro pueblo por alcanzar su liberación. Una lucha que la represión no puede detener, una constante batalla por construir una sociedad sin opresores ni oprimidos, basada en la justicia, la igualdad y la libertad.
¡Abajo los cargos contra nuestros compañeros!
¡Paremos la criminalizació n de la lucha social!
¡Castigo a los represores y enemigos del pueblo!
¡Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos!
