Durante el proceso de represión que se vivió el 3 y 4 de mayo del 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco y que tuvo como resultado cientos de detenidxs, entre ellos 47 mujeres detenidas. Actualmente 11 compañeras denuncian el caso de violación, acoso y tortura física y sicológica por parte del cuerpo policíaco que tuvo como responsabilidad su detención y traslado al penal Santiaguito en el estado de Toluca.

Cabe señalar que el numero de mujeres que sufrieron este tipo de agresiones fueron veintiséis pero por diferentes motivos solo 11 están interponiendo una demanda desde al año pasado ante la Fiscalia Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (FEVIM, hoy FEVIMATRA), encabezado en ese entonces por Alicia Elena Pérez Duarte, inició de oficio una investigación contra quienes resultasen responsables de los delitos cometidos contra de algunas mujeres del caso Atenco.Desde febrero del 2007 el centro Prodh junto con el Colectivo contra la Tortura e impunidad, coadyuvantes de la indagatoria, solicitaron en diversos momentos de manera verbal y escrita a la entonces Fiscal la consignación de los probables responsables, lo que nunca ocurrió a pesar de contar con los elementos necesarios para hacerlos.

A casi dos años de que la FEVIMTRA iniciara la averiguación previa (FEVIM/03/05/2006), nadie ha sido consignado por los hechos de tortura que sufrieron las mujeres detenidas por elementos de supuesta seguridad publica. En el estado de México se integro una averiguación previa (TOL/I/466/2006) del fuero común. Solo se consigno a 21 policías, pero no por e delito de tortura sino por delitos menores como abuso de autoridad o actos libidinosos. A la fecha, quince policías ya fueron exonerados y actualmente solo seis elementos policiales afrentan proceso, no obstante cabria la posibilidad de que la FEVIMTRA consigne a mas responsables dentro de la indagatoria 03/05-2006 por el delito de tortura con modalidad sexual.

El 25 de enero del 2008, una ciudadana española, quien sufrió graves atentados contra su integridad física y fue deportada durante los operativos ya citados, presento una querella ante la Audiencia Nacional española. Denuncio hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en caso de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.  Después de no recibir respuesta del gobierno Mexicano las mujeres que fueron victimas de tortura sexual han decidido acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos al cual son presentados los casos cuando el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de hechos delictivos a nivel interno.

El día 29 de abril las victimas, el centro Prdh y CEJIL presentaron ante la CIDH una petición a fin de encontrar justicia y reparación para las victimas de este caso, demandando al estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante al comunidad internacional. Debe recordarse que el estado mexicano es responsable por la actuación de sus agentes. En la petición son descritos los antecedentes de los hechos, los testimonios completos de las 11 victimas/ peticiones y los derechos júmanos que se consideran violados: derechos a la integridad física, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho de acceso a la justicia, derecho a la igualdad y no discriminación y derecho a la dignidad y privacidad.

El material probatorio consiste de 20 anexos, los cuales incluyen los peritajes del Manual para la investigación y documentación de tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y la PGR (solo dos), los cuales dieron resultados positivos en cuanto a la existencia de actos de tortura. A través de la denuncia internacional las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado Mexicano violo, en su prejuicio, sus derechos humanos, y que recomiende al Estado una investigación seria, imparcial y eficaz donde se sancione a los responsables por tortura, así como la reparación total del daño.

La persistencia de las dificultades para acceder a la justicia y el hecho de que los casos de violaciones a derechos humanos no será sean considerados con la prioridad que requieren, hacer necesario seguir buscando caminos que afán posible la justicia para las victimas.Este mismo día se realizo una manifestación frente a las instalaciones de la FEVIMTRA, donde se exigía hablar con la actual representante de dicha fiscalia, las compañera fueron recibidas pero no lograron avanzar en el proceso, solo se comprometieron las autoridades correspondientes a revisar detenidamente el caso y darle seguimientos según sus posibilidades. Hacemos un llamado a seguir de cerca el caso de nuestras compañeras y participar en las movilizaciones que se estén llevando a cabo en próximos días.

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