El pasado primero de marzo, el ejército colombiano comandado por Álvaro Uribe Vélez, llevó a cabo un ataque militar que tenía por objetivo el asesinato del comandante Raúl Reyes, comisionado diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Este hecho que intentó presentarse como un operativo de “inteligencia” y que fue justificado por Uribe como una incursión “en caliente” tuvo como resultado una estudiante mexicana herida (Lucía Andrea Morett) y el asesinato de otros cuatro jóvenes pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional.Nuestros compañeros universitarios habían acudido a la ciudad de Quito, Ecuador para participar activamente en el II Congreso Continental Bolivariano, evento de carácter académico que convoca a interesados de todo el mundo en la problemática social latinoamericana. Asistieron llamados por su interés en la discusión de temas de relevancia actual para nuestra región, así como por el enriquecimiento que representaba para el proceso de sus respectivas investigaciones; trabajos con los que se enriquece la Cátedra Libertador Simón Bolívar.
Sin embargo, su interés por el conocimiento de los procesos políticos que se expresan en movimientos sociales se vio truncado para siempre por el vil operativo que “en caliente” dirigió su objetivo contra el campamento pacífico donde se encontraban. Eran personas desarmadas; civiles con inquietud de investigación personal y colectiva; individuos que no habían declarado la guerra contra Estado alguno y que no poseían armamento; estudiantes que planearon una estancia temporal en el cono sur para empaparse de una realidad dolorosa; alumnos universitarios desarmados que poseían boletos de regreso a México con fecha de marzo. Esos sujetos indefensos que dormían mientras les eran arrojadas bombas son las víctimas de la política belicista de Álvaro Uribe, no los culpables. A raíz de esos hechos, los gobiernos colombiano y mexicano seguidos por plumas arribistas y acomodaticias que dicen escribir para periódicos y editoriales, se han atrevido a señalarlos como miembros de la guerrilla colombiana, han asegurado que se encontraban en Ecuador recibiendo entrenamiento militar de las FARC; incluso han tratado de vincularlos en su pestilente batalla contra el narcotráfico ¿Cómo es posible pensar que un grupo que ha llevado a cabo trabajo académico desde la Cátedra Simón Bolívar, pudiera ser combatiente en activo a lo lejos, es decir, desde México?, ¿cómo pensar que estos estudiantes investigadores que habían acudido a un Congreso académico, recibían entrenamiento militar de la guerrilla colombiana en suelo ecuatoriano? ¿Acaso sería un curso exprés o de entrenamiento rápido para habilitarlos en el “uso de armas y explosivos” como se atrevió a difamar el periódico El Universal? ¡Valiente grupo de subversivos! ¿Cómo se atreven los medios mexicanos a dar un giro a los hechos y en lugar de cuestionar la nefasta política uribista que ha arrastrado a Colombia a la militarización de la vida pública, se atrevan a juzgar y señalar con el dedo índice las inquietudes intelectuales de un grupo de jóvenes universitarios?
Uribe, en su calentura por aniquilar todo lo que huela a guerrilla colombiana, arrastró consigo las vidas de nuestros compañeros. Poco le importan las personas que se encuentra en su camino, así como no le interesa llevar a cabo crímenes de Estado desde su posición privilegiada. De ello pueden dar cuenta las decenas de retenidos tanto por las FARC como por el gobierno en las cárceles, quienes tenían puestas sus esperanzas en la entrega humanitaria que el grupo insurgente venía llevando a cabo desde finales del año 2007. Esta negociación de liberación era comandada precisamente por el asesinado Raúl Reyes. Con la masacre de Sucumbíos, la entrega se ha complicado.
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Interesa aquí remarcar un punto: el ataque perpetrado por las fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano constituye, no sólo la violación a la soberanía de ese país –hecho altamente cacareado en la OEA- , sino una auténtica incursión bélica contra un campamento en donde no se habían decretado las condiciones para un enfrentamiento; la acción alevosa y ventajosa contra quienes no eran combatientes ni habían declarado la guerra, ni tenían condiciones para pelear contra el armamento poderoso de Uribe. Los compañeros estaban en Quito Ecuador no en Colombia, desarmados, dormidos.
Los distintos niveles de indignación
A raíz de estos hechos, la respuesta de las autoridades colombianas y mexicanas resulta ofensiva. Por un lado, Uribe manda a su ministro de relaciones exteriores a balbucear que lo siente. Casi podemos escuchar que piensa que “son gajes del oficio”. Por otro lado, y todavía más oprobiosas, las declaraciones de Felipe Calderón al respecto: “lamentable”, sólo si se comprueba que los ciudadanos de su país son inocentes de pertenecer a la agrupación armada.
El tibio balbuceo de perdones y lamentos contrasta con la avalancha de declaraciones exigiendo no el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre, sino el “esclarecimiento” de la presencia de mexicanos en un campamento diplomático en Ecuador dentro del marco de la celebración de un congreso académico. Antes que condenar fuertemente la invasión y la masacre de sus conciudadanos, antes que exigir justicia para las víctimas y la reparación de los daños; antes que hacer un llamado enérgico contra la política belicista de Uribe, Calderón prefiere facilitarle a su homólogo el camino hacia sus fechorías. Ambos prefieren fabricar una cortina de humo alrededor de los hechos: ¿qué hacían ahí los mexicanos? ¿Tenían nexos con las FARC-EP? ¿Se vinculaban con el narcotráfico? Y las notas amarillentas del periodismo mexicano hacen eco a la estrategia: “la UNAM educa a guerrilleros”; los asesinados “comparten un cubículo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) representados por el Comité Cerezo”; “existen al menos cuatro células que apoyan a las FARC en diversas facultades”, etc.
Excélsior, el Universal, la Crónica, entre muchos otros, sacan a relucir sus incapacidades para argumentar sus artículos y opiniones, y se dedican a inventar notas, hacer eco a chismes, conspirar, intrigar, meter dudas entre la población, orientar a los lectores y televidentes a pensar que esos muchachos efectivamente son culpables de haber sido masacrados. Y detrás de esa abrumadora mentira, sus razones: cubrir una nota para llevarse el PAN a la boca; ganarse el ascenso deseado; caerle bien a uno que otro político y/o partido; dejar de cubrir otros eventos; hacer eco a la campaña inculpatoria contra la UNAM; y lo más importante, contribuir a la política de criminalización de la protesta social. Porque sí, efectivamente, los compañeros asesinados por Álvaro Uribe asistían a marchas convocadas por la APPO y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, coreaban consignas, realizaban foros de discusión sobre problemáticas de países latinoame
ricanos, y en ello –como en ninguna de sus actividades- cometieron delito alguno. Pero ahí está precisamente el caldo de cultivo de los personajes más retrógrados de los medios de comunicación y los políticos más siniestros, quienes se apresuran a señalar que estas actividades los convierten de facto en terroristas y culpables. De paso, aprovechan la coyuntura para señalar que en los espacios de activistas universitarios se desarrollan actividades subversivas que es necesario erradicar. Utilizan el caso de nuestros compañeros para desgarrarse las vestiduras y exigir que dichos espacios sean clausurados.
No es la primera vez que se pretende vincular al movimiento estudiantil con organizaciones guerrilleras. En el año 2003 el entonces embajador de Colombia en México –Luis Ignacio Guzmán- evidenció la política colaboracionista de espionaje que se llevaba a cabo al interior de la máxima casa de estudios. Sin embargo, al no encontrar elementos que ligaran a los estudiantes con la guerrilla, tuvieron que echar mano de la mentira al afirmar que en la universidad operaban grupos de las FARC. Cuando sus “argumentos” fueron echados por tierra, este sujeto no tuvo más remedio que renunciar; pero la política injerencista de Colombia en territorio autónomo universitario ya había sido evidenciada, aunque ello parece no indignar a muchos de la clase política.
Pero afortunadamente existen voces verdaderamente indignadas que se están haciendo escuchar a nivel nacional e internacional. Los padres, familiares y compañeros de los masacrados son quienes se han atrevido a señalar a los verdaderos culpables, al asesino intelectual Álvaro Uribe y como asesino material al ejército colombiano. Son ellos quienes están dando el ejemplo de fortaleza que articulará la solidaridad. Su intención de demandar al colombiano ante la Corte Penal Internacional así como de conformarse en asociación por la búsqueda de la justicia para sus hijos aniquilados, resulta un acto valeroso que las organizaciones sociales deberíamos respaldar. Los universitarios han estado codo con codo en las diferentes luchas del pueblo de manera incondicional, es hora de que los grupos que reivindican la defensa de los derechos humanos, la educación pública y gratuita, la propiedad colectiva de la tierra, la vivienda digna, y todas las expresiones de lucha nos unifiquemos en torno a la exigencia de justicia para los estudiantes investigadores masacrados en Ecuador.
¡Contra la criminalización de la lucha social!
¡Por la justicia a los compañeros asesinados en territorio ecuatoriano!
¡Por el castigo al asesino intelectual, Álvaro Uribe, y a los asesinos materiales, militares colombianos!
¡Todos a respaldar las iniciativas de los familiares agraviados!
¡El presente es de lucha, el futuro es nuestro!Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella (FLE-JAM)
